Medios Martes 12 de febrero de 2013
Por Andrés Gauffín

Algunas preguntas por Luciano Jaime

A 38 años del asesinato del periodista salteño

Subido a su escritorio del diario El Intransigente y envuelto en una bandera argentina, el 20 de junio de 1973 Luciano Jaime celebraba el regreso de Perón. Ese feriado es soleado y apacible en Salta, pero en las primeras horas de la tarde ya llegan las noticias de los enfrentamientos de Ezeiza: las bandas de la derecha peronista atacan con sus armas a las organizaciones de la izquierda peronista y convierten en tragedia lo que se había presentado como celebración.

¿Qué hace falta para que la administración de Isabel Perón y sus funcionarios respondan sobre los centenares de crímenes políticos cometidos en aquella época?

Menos de dos años después, el 12 de febrero de 1975, la violencia se ceba sobre el propio periodista de El Intransigente. Su cuerpo aparece explotado en El Encón, luego de señalar en sus crónicas a la policía de la provincia como responsable de la muerte del primer asesinato político que había ocurrido en Salta, el del militante de la izquierda peronista Eduardo Fronda, cometido en enero de ese año.

El entonces jefe de la Policía era el teniente coronel Miguel Gentil y su Director de Seguridad, Joaquín Guil. Gentil había sido nombrado en octubre de 1974 con la intervención federal dispuesta por María Estela Martínez de Perón. Guil, según consigna Ramiro Escotorín en su libro “Salta Montonera”, había sido nombrado antes por el propio Miguel Ragone, cediendo a las presiones de la derecha (peronista).

En sus prontuarios, ambos represores tienen una peculiar característica que poco y nada ha sido destacada: fueron funcionarios nombrados por el gobierno peronista que, lejos de tener que abandonar su cargo con el golpe, fueron ratificados por las autoridades militares. Ya fueron condenados por crímenes que cometieron antes del 24 de marzo –el secuestro del ex gobernador Ragone- y después, los fusilamientos de Palomitas.

Si este año los condena por el crimen de Jaime, el Tribunal Oral que los juzga cerrará la trama de su tragedia: el regreso de Perón y su señora esposa, que el periodista había celebrado abrazándose a la bandera argentina, marcó el inicio de una lógica violenta para dirimir conflictos que terminó con su propia vida, segada por represores avalados por aquellos a quienes había dado la bienvenida.

Varias lecturas de aquellos hechos borran toda responsabilidad de quienes gobernaban entonces en los crímenes políticos que se cometieron entre 1973 y comienzos de 1976. La más cínica de todas tal vez haya sido expuesta por el propio ex interventor Alejandro Mosquera en el juicio por el secuestro de Ragone, cuando dijo que la triple A sólo era un nombre de fantasía que en realidad encubría a las Fuerzas Armadas.

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Ocupado en su objetivo prioritario de cambiar el nombre de la calle Caseros por el de Rosas –ese tipo de tareas tan importantes para la política local-, Mosquera tal vez no se había dado cuenta en 1975 que su designado jefe de Policía había llegado marchando desde los cuarteles.

Si la primera tarea de un periodista es la de hacer preguntas, hay algunas al respecto que prácticamente nunca se han hecho, al menos en público: ¿Porqué Gentil fue designado por la intervención federal dispuesta por el gobierno de Isabelita Perón? ¿Cuáles eran los méritos que vio esa administración para hacerle responsable de la seguridad de la provincia? ¿Qué pretendía de él? Poco importa en realidad si fue Mosquera el que los designó o –lo más verosímil- que el cordobés ya haya llegado con el mandato de nombrarlo.

¿Y qué decir de Guil, cuyos antecedentes en los apremios ilegales durante la dictadura anterior ya eran públicos y notorios?

En su libro “Un enemigo para la nación”, la historiadora Marina Franco recorre la trama de violencia y el tratamiento de la “subversión” en los años 1973 – 1976 en la Argentina, y da algunas claves para comenzar a responder las preguntas sobre aquel 1975 que había comenzado con derramamiento de sangre en Salta.

Para entender porqué Gentil fue nombrado en la jefatura de la policía salteña por la intervención de Martínez de Perón, tal vez sea indispensable tener en cuenta que el decreto del gobierno nacional argumentó que con la acefalía de poder no se podía luchar contra “el terrorismo y la subversión”. La norma atribuía esa acefalía a la “ineficacia represiva” del gobierno de Ragone frente a grupos perturbadores que dejaba a la población abandonada e indefensa.

Era octubre de 1974 y lo que desde Ezeiza en adelante dijo e hizo el propio Perón daba cuenta de cuán amplio podía ser el universo al que refería el término “subversivo” que debía reprimir la administración del interventor Alejandro Mosquera.

Uno de los primeros pasos para definir al enemigo subversivo fue la depuración ideológica que Perón inicia tras el asesinato en setiembre de 1973 del gremialista Rucci por parte de Montoneros –el general acababa de ser electo- y el intento de copamiento de un cuartel en Azul por parte del ERP (enero de 1974). El documento no sólo manda que los peronistas debían definirse públicamente contra los grupos marxistas, sino que también organiza en todos los distritos del partido un sistema de inteligencia, así se le llamaba a la delación.

En Salta el caldo de la violencia se cocía a fuego máximo. Asesinado Rucci, una marcha de la CGT advierte que la bandera de la Casa de Gobierno no había sido puesta media asta en señal de duelo, y decide tomarla denunciando que la administración de Ragone estaba “lleno de comunistas”.

La depuración dio cobertura al combate contra el enemigo interno del peronismo –al que se identificaba también como enemigo de la nación. Entre ellos se incluía a aquellos –los montoneros y el extenso universo del peronismo de izquierda en el que se ubicaba Ragone- a los que el propio Perón había apañado hasta hace poco, convencido de que sin ellos no llegaba al cincuenta por ciento de los votos.

La designación del comisario Alberto Villar –síntesis de la represión y fundador de la Triple A, según los Montoneros- como jefe de la Policía Federal no bien Perón inició su presidencia, las continuas denuncias internas del partido contra los infiltrados, el lenguaje médico quirúrgico con el que propio presidente urgía a terminar con los gérmenes patológicos dentro del peronismo, la expulsión de los “jóvenes imberbes” de la Plaza de Mayo, fueron jalones crecientes de la violencia con que desde el Estado se combatía a la “subversión”.

¿Haría falta citar de nuevo aquellas palabras de Perón cuando tras el intento de copamiento de Azul por parte del ERP pidió y obtuvo de los legisladores un endurecimiento de las leyes penales contra la subversión?: “Puestos a enfrentar la violencia con la violencia, nosotros tenemos más medios posibles para aplastarla y lo haremos a cualquier precio porque no estamos aquí de monigotes”.

Quedaba claro contra quiénes dirigía sus amenazas, que estaba dispuesto a cumplirlas. Y también que los periodistas que hacían preguntas incómodas y desafiaban las versiones oficiales podían convertirse en su objetivo. Militante de la izquierda peronista, la también periodista Ana Guzzetti le preguntó a Perón en la misma casa de Olivos sobre el accionar de las bandas parapoliciales de la derecha, que se habían cebado contra unidades básicas y sus dirigentes.

Perón se enojó, le preguntó el nombre, y unos días después Guzzetti fue secuestrada y torturada por una banda parapolicial. Era evidente que lo que hoy se conoce con el nombre de periodismo militante no contaba con la simpatía de Perón. (Que su caso haya quedado en el olvido en el canal estatal es aún más bochornoso que la evocación que Orlando Barone hizo de la periodista para enseñar que a Cristina Fernández no hay que molestarla con preguntas).

Era de esperar que con la muerte de Perón los conflictos internos del peronismo se exacerbaran, pese a la piedad exhibida por Isabelita, acompañada de López Rega, en el Congreso Eucarístico Nacional, que se celebró en la avenida Virrey Toledo, perdón, batalla de Salta, de la la capital salteña, en septiembre del 74, antesala de la intervención con la que un mes después arribarían Mosquera y Gentil.

Hasta entonces no era poco lo que había hecho el peronismo para mostrarle a un militar como Gentil –deseoso de aplicar la doctrina de la seguridad nacional que había aprendido en los cuarteles- y a un represor como Guil, cómo debía ocuparse de la seguridad en Salta, y cuáles debían ser sus objetivos prioritarios.

¿Cómo dimensionar la gravedad de la decisión de Isabelita y su interventor? ¿O era de prever que con la designación de Gentil se respetaran los derechos humanos en Salta? ¿Que se convocara a un conciliador diálogo partidario interno entre las distintas corrientes del peronismo? ¿Que estuvieran dispuestos a escuchar y a valorar a los periodistas que tuvieran la valentía de sospechar públicamente de la policía?

Precisamente, todo lo contrario. Menos aún cuando Isabel Perón involucra a las Fuerzas Armadas en el combate de la guerrilla en Tucumán. El comunicado de la secretaria de Prensa y Difusión citado por la historiadora Franco anuncia públicamente lo que ya la administración peronista había hecho con la designación de Gentil.

“El PEN, fiel intérpete del mandato que le confirieron las mayorías populares, ha decidido la intervención del Ejército en la lucha contra la subversión apátrida… La participación del Ejército responde a lo previsto por el gobierno nacional en materia de seguridad interior”. Fue difundido el 10 de febrero de 1975, dos días antes de que una bomba terminara con la vida de Jaime.

¿Porqué la historia oficial kirchnerista ha decidido silenciar esos hechos, como cuando la agencia estatal de noticias Telam, en el inicio del megajuicio en el que se incluye el caso Jaime, omitió deliberadamente consignar que su asesinato había ocurrido en febrero de 1975 y dio a entender que era un caso más de la dictadura?

¿Qué hace falta para que la administración de Isabel Perón y sus funcionarios respondan sobre los centenares de crímenes políticos cometidos en aquella época?

Falta, parece claro, voluntad política. Porque, ¿qué bien podría hacerle al gobierno de Cristina Fernández un paseo de Isabelita por algunos juzgados? ¿Qué provecho de que los argentinos hagan memoria de lo que le ocurrió a Guzzetti, de los violentos conflictos internos del peronismo, de la política de (in) seguridad del general Perón y de su sucesora y esposa, acicateada por cada atentado de Montoneros y del ERP? ¿De la designación de Alberto Villar por parte de Perón en la Federal, y de Miguel Gentil en la provincial por parte de Isabelita?

Vaya uno saber. Lo seguro es que sin hacerse preguntas y sin intentar responderlas, flaca es la memoria y la justicia que puede hacerse sobre un periodista dinamitado en El Encón, el 12 de Febrero de 1975, hace hoy 38 años.

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