A los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri les bastaría conmocionarse un poco con una decena de historias de secuestros de jóvenes, torturas, asesinatos, apropiaciones de bebés de madres luego asesinadas, para avergonzarse de proponer un debate sobre si fueron 30 o 9 mil los desaparecidos durante la dictadura militar.
Si tan sólo recordaran aquellas declaraciones de Videla sobre los desaparecidos y la magnitud de los crímenes que sacaban de la oscuridad las primeras marchas de las Madres de Plaza de Mayo tampoco les haría falta leer una sentencia judicial para enterarse que las Juntas Militares aplicaron un plan para eliminar a quienes consideraban sus enemigos políticos
Porque si alguna cuestión hay que debatir no es si hubo o no hubo, sino si sólo hubo un plan sistemático. O también si ese plan sistemático se elaboró de una vez y para siempre mucho antes del 24 o si llegó a imponerse sobre otras formas de violencia paraestatal que indudablemente se ejercieron durante el gobierno de Isabel Perón, tanto en nivel nacional como provincial.
Es cierto que las sentencias de los juicios de lesa humanidad han contribuido en Salta a pensar que sólo hubo un plan sistemático, pues atribuyeron todos los crímenes juzgados –incluso el asesinato de Eduardo Fronda, de enero de 1975, más de 14 meses antes del golpe- a los militares golpistas.
Esta perspectiva ha tenido mucha eficacia penal, pero no ha dejado de ser cómoda para la clase dirigente local de entonces, sea económica, política o social y también para la de ahora: si todos los crímenes políticos que se cometieron en Salta se decidieron, en última instancia, en Campo de Mayo finalmente la violencia vino de afuera, nunca de la misma Salta, aún a pesar de que se hubiera usado una fuerza de tarea local.
También ha sido cómoda para el peronismo en general: a pesar de que tenía la irrenunciable responsabilidad de controlar las fuerzas militares o policiales a su cargo, el gobierno de Isabel Perón quedó eximido de culpa y cargo de todos los crímenes políticos de 1974, 1975 y el primer trimestre de 1976, cometidos por los efectivos de las fuerzas de seguridad.
Pero es posible y tal vez sea necesario tomar otra perspectiva: la de que ese plan sistemático de los golpistas llegó a imponerse sobre otras formas paraestatales de violencia. Y es que la capacidad de violencia sistemática no era un atributo sin más de las Fuerzas Armadas y no sólo debía lograrse rompiendo el orden constitucional.
Para alcanzarla, y mucho antes, lo generales tuvieron que disciplinar la propia tropa, y derrotar cualquier intento de uso de sus efectivos, que bien podía provenir del isabelismo más rancio o de las clases dirigentes locales.
A nivel nacional, se puede señalar un hito clave de ese proceso en el cuartelazo encabezado por el entonces general Jorge Rafael Videla contra la designación del coronel en actividad Vicente Damasco como ministro del Interior del gobierno de Isabel, en agosto de 1975.
En los planes de Isabel Perón, el coronel Damasco debía verticalizar la represión paralela tras la caída en desgracia y huída de José López Rega y la consiguiente dispersión del poder de fuego de la Triple A en la que habían actuado efectivos del Ejército siguiendo mandos políticos.
Pero los generales denunciaron que la designación de Damasco lesionaba la “cohesión” de la Fuerza. En otras palabras, pensaron que un coronel en actividad en el ministerio del Interior ponía en peligro el ejercicio unificado y coordinado de la violencia para el que ya preparaban al Ejército.
Con la designación de Videla como jefe del Ejército los militares alzados vieron inmensamente facilitado su proyecto represivo. Pero eso no necesariamente significaba que hubieran logrado monopolizar efectivamente la violencia política estatal en Argentina. Y un argumento en ese sentido puede encontrarse en el fallo del caso Ragone, secuestrado el 11 de marzo de 1976, apenas trece días antes del golpe del 24.
El pedido que los mandos represivos argentinos giraron a sus pares brasileños para que encuentren al ex gobernador salteño y a otros argentinos en el país vecino fue mencionado en ese fallo como una prueba de que Ragone, al que las acusaciones del grupo local Reconquista habían convertido en un peligroso marxista, era un objetivo de los golpistas.
Pero es que en esa lista no sólo figuraban políticos acusados de marxistas. Junto a Ragone, también se encontraban notorios dirigentes ligados a la Triple A, como Carlos Villone procesado en 2014 por el asesinato del sacerdote Carlos Mugica. No era que los militares se horrorizaran de los crímenes de la organización que había dirigido López Rega y lo buscaran para llevarlos a los jueces. Era que ya no admitían otra violencia que la que se ejerciera bajo su mando.
Al fin y al cabo, algo semejante había hecho Hitler: la noche de los cuchillos largos no tuvo como principal objetivo a defensores de las libertades, sino a una fuerza para militar, a la que el führer consideraba una amenaza para su proyecto. Sus principales enemigos no eran los constitucionalistas, sino los que, como él, ejercían la violencia y podían desbaratar su objetivo de monopolizarla.
Fechado en Río el 5 de octubre de 1976 –ocho meses después del secuestro de Ragone- el “pedido de búsqueda de personas 771” también hace posible aventurar que todavía a comienzos de marzo de 1976 algunas fuerzas represivas paraestatales actuaban en Salta sin seguir órdenes de quienes ya se aprestaban a dar el golpe militar. Porque ¿cómo era posible que quienes habían dado el golpe lo mandaran buscar en Brasil si ya estaba eliminado? Y dado que las fuerzas de tareas siempre cumplían una misión que les era encomendada ¿a quienes obedecieron quienes lo secuestraron?
Así que el 24 de marzo de 1976 fue algo más que el día que unos golpistas rompieron el orden constitucional. Porque la Constitución era sólo una entelequia desde que el gobierno de Isabel –con el apoyo de todos los isabelistas, muchos de los cuales se presentan hoy como viejos defensores del orden constitucional- dictó el Estado de Sitio permanente que arrasó durante más de un año con todas y cada una de las libertades políticas. Toda la Argentina, por obra del gobierno de Isabel Perón y de los fervorosos isabelistas –entre los que no se encontraba Ragone- se había convertido en una zona liberada.
No, el 24 de marzo fue algo mucho más triste y trágico todavía que la ruptura de un orden constitucional. Fue el día del triunfo final de un plan brutal represivo, sistemático, por sobre otro plan represivo –que tenía el disfraz de constitucional- que quien no tenga necesidad de corregir la historia podría ver muy bien en el nombramiento del comisario Villar como jefe de la Policía Federal, por parte de Perón, en el estado de sitio permanente, en los crímenes de la Triple A, en la frustrada designación de Damasco, en la intervención a Salta y a su Universidad Nacional dictada por Isabel, en las fuerzas de tareas que actuaban en la provincia y que comenzaron poniéndole bombas a Ragone y también asesinaron a Eduardo Fronda, Luciano Jaime, Guillermo Álzaga y a Felipe Burgos, entre tantos otros, y muy posiblemente secuestraron y mataron al ex gobernador, pocos días antes del golpe.
Para eso, para recordar esa larga noche de la violencia, debería servir en Salta la memoria del 11 y del 24 de marzo, juntas.
- Andrés Gauffin
