A este dilema se suma que no está claro sobre las conceciones y los tramos adjudicados, las empresas sin hacer un mínimo arreglo o inversión previa, instalen su cabina del peaje e inmediatamente cobren el peaje a los automovilistas por adelantado sin reparar sus respectivos tramos.
Estos son algunas de las cuestiones más insólitas resultantes de las desiciones del Gobierno de Milei. Que los argentinos terminemos pagando dos veces para poder transitar. Por un lado, pagamos mediante el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que recauda fondos destinados al sostenimiento del sistema vial. Por otro, a través de los peajes que comenzarán a cobrar las empresas concesionarias.
Fondos con destino incierto
La polémica se profundiza también porque el Gobierno no ha dado una explicación pública satisfactoria sobre el destino de los recursos recaudados para mantenimiento de los corredores vieles del país, mientras las rutas exhiben un marcado deterioro y las obras necesarias no fueron ejecutadas.
Según la nota de Perfil, la respuesta oficial del Gobierno fue escueta y no abordó directamente el destino de los $1,4 billones recaudados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos que, según el artículo, debían destinarse al sistema vial.
Bajo esta interpretación, los usuarios no sólo deberán financiar las futuras inversiones privadas mediante peajes, sino también asumir las consecuencias de trabajos de conservación que debieron haberse realizado con fondos ya recaudados.
Mientras las rutas nacionales muestran un creciente deterioro y se multiplican los reclamos por la falta de mantenimiento, el gobierno de Javier Milei avanza con un plan de concesiones viales que ya genera una fuerte controversia política.
El centro de la discusión es un dato que expone un informe del diario Perfil: el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, habría acumulado $1,4 billones provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), fondos que por ley están destinados al sistema vial, pero que no se habrían utilizado para ese fin.
El Gobierno defiende la estrategia bajo el argumento de impulsar inversiones privadas en infraestructura vial. En ese marco, ya fueron licitados 9.000 kilómetros de corredores considerados estratégicos, por donde circula cerca del 80% del tránsito nacional, mientras otros 6.000 kilómetros continúan en proceso de licitación.
Malversación o desfalco
La situación derivó también en una ofensiva judicial y política. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz denunció penalmente a Caputo, al titular de Vialidad Nacional y al presidente del Banco Nación por presunta malversación de fondos, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Desde distintos sectores de la oposición sostienen que la falta de inversión agravó el deterioro de las rutas durante los últimos años, incrementando los costos futuros de reparación. De acuerdo con estimaciones citadas en el informe, mantener un kilómetro de ruta puede costar entre 15.000 y 40.000 dólares anuales, mientras que una reconstrucción integral puede elevarse hasta los 3,5 millones de dólares por kilómetro.
Las críticas no se limitan al terreno económico. Funcionarios, legisladores e intendentes advierten que el abandono de la infraestructura vial impacta en la seguridad, la logística y la actividad productiva. El ministro bonaerense Gabriel Katopodis calificó la situación como un «desfalco» y aseguró que el deterioro de las rutas encarece la economía y pone en riesgo vidas.
La controversia hoy no radica únicamente en la instauración de nuevos peajes, sino en que éstos llegarían sobre corredores viales deteriorados, mientras persisten interrogantes sobre el destino de los recursos recaudados a través del impuesto a los combustibles.
Es asi que los usuarios automovilistas serán llamados a financiar nuevamente obras cuya necesidad surge, precisamente, de la falta de mantenimiento realizado con fondos que ya habían aportado.
