Este 18 de diciembre la jueza federal de Garantías de Salta, Mariela Giménez, hizo lugar a la imputación penal requerida por el fiscal Carlos Amad, que lo acusa a Estrada de que habría ordenado la creación y difusión de videos anónimos con mentiras en redes sociales, material que fue encargado a dos asesores del Congreso de la Nación, con fondos públicos.
La jueza federal Giménez hizo lugar a la imputación y rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa. El fiscal sostuvo que no se trataba de un caso de libertad de expresión, sino de un abuso de autoridad al ordenar la producción clandestina de esos videos. La defensa alegó persecución política y cuestionó la competencia federal, pero sus recursos fueron rechazados.
Contexto judicial
El caso se inició en febrero de 2025 en la justicia provincial por presunta intimidación pública. En junio, el fiscal Amad solicitó el desafuero de Estrada, que se concretó tras el fin de su mandato el 10 de diciembre. La Cámara Federal de Casación Penal avaló el trámite de desafuero en noviembre. Estrada participó de la audiencia de formalización de manera remota, aunque decidió no declarar.
De aquí en más se abre un plazo de 50 días hábiles de investigación en los que Estrada deberá comprometerse a no entorpecer el proceso y presentarse cada vez que sea convocado y la defensa podrá proponer y producir sus propias pruebas en esta etapa.
