Ante la noticia de que el Poder Ejecutivo enviará en el mes de abril un Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, La Asociación de Derechos Civiles (ADC) resaltó la relevancia del proyecto, en tanto implica poder contar con una normativa que viene siendo reclamada desde hace más de una década por varios sectores de la sociedad civil, para asegurar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.
Se trata de un derecho particularmente importante para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos. Es una herramienta fundamental para:
1) la construcción de ciudadanía
2) la protección de derechos y la prevención de abusos por parte del Estado, así como la lucha contra la corrupción y el autoritarismo
3) el ejercicio informado de otros derechos, como los derechos políticos o los derechos sociales y económicos
4) la publicidad de los actos estatales y la privacidad de la información de los individuos
A través del fallo de la Corte Suprema en el caso “ Asociación por los Derechos Civiles contra Estado Nacional (PAMI)- (dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986 ” del 4 de diciembre de 2012, logramos desde ADC hacer dos cosas: en primer lugar, que el tribunal reconozca por primera vez el derecho de acceso a la información como un derecho autónomo, de raigambre constitucional, vigente en las condiciones en que el mismo ha sido reconocido por el sistema interamericano de derechos humanos. En segundo lugar, el caso también permitió poner en evidencia las limitaciones del decreto 1172/2003 hoy vigente a nivel nacional. Desde entonces, ADC ha continuado con sus acciones en defensa del derecho de acceso a la información, a través de investigaciones, pedidos de acceso a la información y acciones judiciales ante la falta de respuesta a los mismos.
Es por esos antecedentes que miramos con interés la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional de crear un marco regulatorio mediante una ley nacional. Esperamos que la misma recepte los más altos estándares normativos internacionales en la materia, tal como fueron receptados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el mencionado caso ADC c. PAMI. Es imprescindible que la nueva norma reconozca en forma robusta los principios de buena fe y máxima divulgación, con la finalidad de ir logrando establecer una cultura de transparencia y apertura en la gestión estatal a nivel nacional. Aspiramos a que el proceso de discusión sea abierto y participativo, con el objeto de saldar una de las más importantes deudas en materia de derechos humanos que la democracia argentina mantiene con sus ciudadanos.
