El Gobierno Nacional negocia una solución a la deuda millonaria con el PAMI y las clínicas. Los ministros de Salud, Mario Lugones, y de Economía, Luis “Toto” Caputo, se reunieron hoy miércoles 9 de abril en el Palacio de Hacienda, para intentar destrabar la crísis en la que entró el PAMI, por los reclamos de una millonaria deuda con prestadores y demoras en los pagos.
La deuda es de alrededor de 500.000 millones de pesos. No obstante el abultado pasivo, en la Casa Rosada afirman que ofrecerán una respuesta en el corto plazo.
Esta crisis financiera en la que entró el PAMI dejó de ser una advertencia para convertirse en un problema concreto que ya impacta en la vida cotidiana de millones de jubilados. Con una deuda que supera los $500.000 millones, el organismo nacional enfrenta un deterioro progresivo en su capacidad de pago que comienza a reflejarse en el funcionamiento del sistema: prestaciones restringidas, cobros indebidos y derivaciones crecientes al sector público.
El cuadro es especialmente delicado porque se trata de una red que atiende a más de 5,5 millones de personas y que depende de un entramado de clínicas, profesionales y proveedores que hoy advierten por la inviabilidad económica del esquema. En ese contexto, la falta de pagos no sólo afecta balances, sino que impacta directamente en la continuidad de tratamientos y en el acceso efectivo a la atención médica.
En la práctica, esto se traduce en situaciones cada vez más frecuentes: pacientes que deben pagar consultas de su bolsillo, reintegros que llegan tarde y cubren sólo una parte del costo, y especialidades que directamente dejan de atender por PAMI. El desfasaje entre costos reales y pagos del sistema genera un cuello de botella que expone a los afiliados a una cobertura cada vez más limitada.
El deterioro del sistema se explica, en gran medida, por la situación de los prestadores. Clínicas, sanatorios y profesionales independientes comenzaron a reducir servicios o directamente abandonar la atención por PAMI, ante la imposibilidad de sostener costos sin ingresos regulares. Esta retracción no es homogénea, pero se vuelve cada vez más visible en distintas especialidades, desde prácticas ambulatorias hasta servicios de mayor complejidad.
En paralelo, el sistema se mantiene apenas en funcionamiento gracias a los médicos de cabecera, que continúan cobrando con mayor regularidad. Sin embargo, incluso allí aparecen distorsiones: el cobro de plus por fuera del sistema —una práctica prohibida— se vuelve más frecuente como mecanismo informal para compensar la caída de ingresos.
A esto se suman denuncias sobre limitaciones operativas, como cupos encubiertos en los sistemas de autorización, que restringen la cantidad de consultas y estudios diarios. De este modo, aun cuando un paciente cuenta con una orden médica válida, puede encontrar dificultades para acceder a la prestación, lo que profundiza la sensación de deterioro del servicio.
