La denuncia sobre la participación de Gendarmería Nacional en tareas de inteligencia sobre los movimientos sociales y sus dirigentes viene a completar el preocupante cuadro político, donde la primera conclusión es que el gobierno nacional perdió el rumbo. Obnubilados por el triunfo de octubre del año pasado y apremiados por los efectos de la crisis económica mundial, la nueva etapa de este gobierno muestra el giro definitivo hacia un modelo que nuevamente va a favorecer al capital concentrado.
En este contexto la actuación de Gendarmería viene a tirar abajo el discurso de seguridad y de defensa de los Derechos Humanos, ya cuestionado por la sanción de la Ley Antiterrorista. Falta de control o decisión expresa del gobierno, en cualquier caso somos los ciudadanos los que quedamos a la deriva frente a un Estado que sigue apuntando a sus habitantes.
El hecho tiene una relevancia gravísima. No puede el Gobierno nacional ignorar o subestimar semejante agravio como es incumplir la propia ley de Inteligencia 25.520 que prohíbe a los organismos de seguridad realizar tareas de inteligencia interna por razones políticas, ideológicas, etc.. Exigiremos a través del ínter bloque de diputados del Frente Amplio Progresista (FAP) una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades políticas y judiciales de los implicados en este delito.
Como siempre se demostró, la mejor garantía contra los atropellos del poder político y económico es la movilización social. Solo el pueblo movilizado pondrá freno a esta escalada represiva surgida del mismo gobierno que se reivindica como defensor de los DD.HH., una contradicción flagrante y del que ya no tiene retorno.
- Frente Amplio Progresista (FAP) Salta
Carlos Morello – Daniel Escotorin – Antonio Soria
