El juez Correccional y de Garantías de 1ª Nominación de Metán, Sebastián Fucho, ordenó que se libere el paso al ingreso de la empresa Nitratos Austin en el kilómetro 653 de la ruta nacional Nº 16 a los vecinos que se encuentran realizando un «tranquerazo» en ese lugar. De no obedecer la medida, advirtió que ordenará «el inmediato desalojo del lugar».
Sostuvo en su resolución que los manifestantes «no pueden impedir el acceso de personas de la empresa denunciante, ni a sus dependientes, ni subcontratistas, ni realizar actos que menoscaben el uso y goce pacífico de la propiedad, bajo apercibimiento de ordenarse el inmediato desalojo del lugar».
Así se informó el jueves 11 de julio desde el Poder Judicial. Tras enterarse, los vecinos se reunieron en el corte selectivo que realizan para decidir los pasos a seguir. Según lo indicó Marta Pérez, una de las vecinas que rechaza el emprendimiento, hasta anoche muchos de los vecinos estaban dispuestos a continuar con la medida de fuerza sin modificarla.
Para el viernes 12 de julio, en tanto, tenían prevista la posibilidad de ir hasta la Cámara de Diputados para realizar las denuncias por las detenciones realizadas entre el viernes y sábado de la semana pasada a vecinos de la zona que dijeron, sólo habían tomado fotografías mientras las máquinas de la empresa estaban dentro del predio. Estas denuncias se iban a hacer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Por otra parte, los vecinos esperarán hoy a la senadora nacional Sonia Escudero, quien ya realizó presentaciones en el Congreso para plantear la situación.
Según la resolución comunicada, Fucho indicó que «nos encontramos conviviendo en un Estado de Derecho y en virtud del mismo el respeto por las leyes tiene una esencia primordial». A su vez indicó que «los manifestantes deben saber que el derecho a peticionar a las autoridades se encuentra expresamente establecido en el artículo 14 de la Constitución Nacional, siendo el mismo un derecho de libertad civil de todos los habitantes para dirigirse individual o colectivamente a todos los poderes públicos, ya para formular pedidos concretos o para hacer conocer sus puntos de vista sobre cuestiones de interés público».
Agregó que «la lucha por el medio ambiente que dicen realizar los denunciados, deberá hacerse dentro de un marco de legalidad adecuado y preexistente», para lo cual dijo, existen procesos específicos que garantizan derechos fundamentales. Y marcó en este sentido que se permitirá que los manifestantes prosigan de manera pacífica en el lugar de reunión pero con la advertencia que en caso de realizar conductas antijurídicas se ordenará su inmediato desalojo.
- Fuente: Nuevo Diario de Salta