El Senado podría tratar este jueves la modificación a la Ley 26.639 de Protección de Glaciares, la norma sancionada en 2010 que fija presupuestos mínimos para preservar los glaciares y el ambiente periglaciar en todo el territorio argentino.
La posible reforma en el parlamento mileísta volvió a instalar una discusión de fondo sobre desarrollo, federalismo y protección del agua en plena crisis climática. Se sabe que con el tratamiento de esta nueva ley el Gobierno busca favorecer al modelo de mercado a contramano de la ley vigente que prioriza la conservación de ecosistemas frágiles y el agua como bien común.
La propuesta de reforma tiene como objetivo flexibilizar definiciones para favorecer inversiones mineras, especialmente en provincias cordilleranas como San Juan y Catamarca. Como transfondo de su política ambiental, Milei aplica su lógica liberal al ambiente con menos regulaciones y más mercado.
Impactos y lecturas
Las lecturas a nivel internacional, Argentina arriesga credibilidad en foros climáticos al retroceder en una norma emblemática y a nivel social las comunidades y organizaciones denuncian que la reforma propuesta por el Gobierno amenaza el agua y la vida de poblaciones enteras.
En este punto la narrativa oficial es que el glaciar se convierte en símbolo de futuro y resistencia, mientras la minería encarna la promesa de un presente económico inmediato.
La discusión en el Senado no es solo técnica sino que define el modelo de país. La política ambiental de Milei condensa la tensión entre desarrollo extractivista y sostenibilidad. En este cruce, el tema de los glaciares se transforma en una metáfora existencial de un dilema mayor: ¿apostar por el agua como reserva de vida o por la minería como motor de mercado?
La pregunta de fondo sería: ¿Quién decide el futuro de los glaciares, el pueblo que depende de ellos o los intereses que buscan licuarlos en oro?
Más pronto que tarde el Senado mileiste no votará solo una ley: votará si Argentina se piensa como territorio de vida o como territorio de saqueo.
