Así surge de las averiguaciones que realizó Nuevo Diario en la Secretaría de Política Ambiental, a cargo de Sebastián Varela, quien al ser buscado por este medio en la dependencia, dispuso como respuesta que las consultas sean intermediadas por sus encargados de prensa.
Según se indicó en el Programa Legal de la dependencia, los desmontes autorizados son los de la empresa El Alba SA, que había solicitado autorización para habilitar el desmonte de 9914 hectáreas para ganadería, en las superficies que conformaban parte del ex Lote Fiscal 37 de Tolloche, en Anta, y que fueran adquiridas por contratación directa tras la venta instrumentada en el gobierno de Juan Carlos Romero en 2006.
En el informe de impacto ambiental presentado por esta empresa, se indicó que la habilitación para el desmonte será sobre 8.250 hectáreas. La audiencia pública para autorizar este desmonte fue el pasado 29 de abril. El segundo desmonte que se informó, fue autorizado, es en Finca Las Cien Leguas a nombre de Pedro y Nélida Segura y Pedro Molina Pardo.
La audiencia pública, según el aviso publicado en el Boletín Oficial, se realizó el pasado 21 de mayo, a fin de autorizar el desmonte de 22.500 hectáreas, también en Anta. El informe de impacto ambiental presentado por la empresa, indicaba que 4.566 hectáreas serán destinadas a cortinas forestales 1800 a desbarejado, y 16.134 hectáreas a un desmonte neto.
Empresas y particularidades
Al analizar los informes presentados por ambas empresas para pedir la autorización del desmonte, surgieron algunas particularidades. En las tierras en las que El Alba solicitó la habilitación de tierras, se encontraba el reclamo de pastajeros que vivían dentro de ellas. En este caso, la ex secretaria de Política Ambiental, Cristina Camardelli, había indicado que la empresa se había comprometido a entregar 1600 hectáreas a estos puesteros.
En el caso de Las Cien Leguas, del informe se desprendía que el expediente había sido iniciado en 2007 por Miguel Segura quien otorgó «en dación» las tierras a fines del año pasado a personas que llevan su mismo apellido. Y es que el ex titular de las tierras se encuentra inscripto en el registro de infractores y reincidentes por haber incurrido en un «daño ambiental grave», en 2007.
Esto, según se explicó desde la dependencia oficial, implica que se encuentre inhabilitado para producir cualquier tipo de actividad que deba ser controlada por Ambiente por al menos 5 años, desde el momento de la sanción dispuesta. El 22 de diciembre de 2009, Segura había pagado una multa de $15.400 y, tras el traspaso de las tierras, el administrador del Sistema Administrativo Financiero (SAF).
Ya en aquel momento, se indicaba que el ex ministro Julio Nasser, había ordenado que el trámite de este expediente sea «de urgente y prioritario trámite». Gestión Nasser Cuando el gobierno de Juan Manuel Urtubey decidió disponer la salida del ex titular de Ambiente, Julio Nasser, del Ministerio, algunos medios indicaron que ello surgía por la autorización de desmontes.
Sin embargo, desde 2007 hasta que duró su gestión, Nasser solo había autorizado, este año, un desmonte de 5.521 hectáreas de estancia Las Lomas, también de Anta.
La política de López Sastre
“Las instrucciones fueron muy claras y, a partir de mi gestión como ministro, solamente se autorizan desmontes en las zonas verdes demarcadas en el ordenamiento territorial, que no estén bajo el amparo de la corte suprema de justicia», dijo López Sastre respecto a su política ambiental.
«Solamente se autorizan módulos chicos, de baja superficie y de ahí se seguirá avanzando: 1500 (mil quinientas) hectáreas para agricultura, 3000 (tres mil) hectáreas para ganadería. Bajo ninguna circunstancia se autorizarán grandes superficies, en esto las directivas son claras”, sostuvo.
Desde el ministerio se asegura que se avanzó en el último mes en el monitoreo y control de los desmontes. Una de las acciones que destacó fue la prohibición total de la quema de los cordones forestales que se realizaban generalmente durante un desmonte.
“Actualmente hemos estado trabajando con las comunidades y demás actores involucrados para aprovechar la madera que surge de los cordones forestales, esto es un gran avance porque evita el daño ambiental de la quema, genera mano de obra y asegura que se cumpla con toda la Legislación amiental moderna con que cuenta la provincia”, aseguró López Sastre.
