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Se cortó la racha desinflacionaria y la canasta alimentaria se encareció

Tras el dato del INDEC que la inflación de julio fue del 2,1%, se cortó la racha desinflacionaria que había anotado desde marzo y volvió a registrarse una aceleración superior al 1,9% que se había registrado en junio, y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,8% en los últimos doce meses. Otro mal dato para el Gobierno es que las canastas básicas subieron por encima de la inflación, por lo que en julio, una familia tipo necesitó en julio más de $1.564.716 para no ser pobre.

Nueva resolución de la Secretaría de Comunicación que regula la publicidad oficial

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Desde el jueves 25 día, la Secretaría de Comunicación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, emitió una nueva resolución que reglamenta el uso de la publicidad oficial en el ámbito del Poder Ejecutivo.

Mediante esta norma, se define qué se entiende por publicidad oficial y se regulan las campañas de comunicación, los destinatarios y el modo de aplicación, entre otras cuestiones. Su contenido da cuenta de algunos de los principios referidos al inicio, específicamente el relativo a objetivos legítimos de la publicidad oficial y los relacionados a criterios de distribución y planificación adecuada.

Desde hace más de 10 años, la Asociación por los Derechos Civiles viene alertando sobre la problemática de la publicidad oficial como modo de censura indirecta, cuando ella es utilizada en forma discrecional y arbitraria.

Durante ese periodo, expusieron en diversas oportunidades la situación en la Argentina. En 2006, ADC desarrolló una serie de principios regulatorios, en base a los más altos estándares internacionales. Estos fueron receptados en el año 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual estableció los Principios sobre Regulación de Publicidad Oficial y Libertad de Expresión.

La ADC considera esta resolución un significativo avance en la materia, sobre la que venimos alertando desde la sociedad civil desde hace años. Sin embargo, solo a través de un proceso participativo, amplio y plural que resulte en una ley sancionada por el Congreso de la Nación, podremos garantizar cabalmente el derecho de libertad de expresión en relación a la publicidad oficial, así como delimitar al máximo la posibilidad de decisiones discrecionales y arbitrarias.

Dicha ley deberá dar cuenta, en forma clara y específica, de los principios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos e incluir un fuerte componente de transparencia y acceso a la información para beneficio del sistema democrático.

  • Fuente: Asociación de Derechos Civiles (ADC)

Click para conocer la resolución completa: Resolución 247 – E/2016, publicada el 26/8/2016 en el Boletín Oficial

Redacción SL
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