Comunidades wichí elevaron una nota a la Secretaría de Ambiente de la provincia y al Defensor del Pueblo de la Nación, a fin de poner en conocimiento la existencia de máquinas topadoras en un territorio donde ellos están rechazando la posibilidad de que se haga un desmonte.
El hecho es que el desmonte ya se encuentra autorizado, luego de que los empresarios firmaran un convenio con algunos referentes originarios que luego se arrepintieron de su decisión.
En una asamblea que realizaron los integrantes de distintas comunidades del pueblo wichí en el paraje El Chaguaral.
Allí, las comunidades de Cuchuy y San José, el Chorrito de Corralito, y el Duraznillo (todas de la jurisdicción de Ballivián, en el departamento San Martín), trataron sobre los desmontes autorizados a las empresas de Gastón Larrán y Alejandro Brown, que pidieron el desmonte en Finca Cuchuy.
Las comunidades sostuvieron que los empresarios «no respetan a las otras comunidades ubicadas en la zona», que reclaman por su territorio a través de la ley 26.160. Explicaron que si firmaron, fue porque en una oportunidad, les creyeron a los empresarios sus promesas de una mejor calidad de vida a través del inicio de los proyectos que a su vez, respeten sus formas de vida.
En las promesas se sumaban también la posibilidad del acceso al agua potable, maquinarias, y mercadería entre otras cosas.
«Informamos al medio ambiente que los aborígenes cambian de opinión y deciden que no hay desmonte», dice el acta a la que tuvo acceso Nuevo Diario, al solicitar además que la empresa retire las dos topadoras del desmonte ubicadas en los Parajes El Arenal y la Oveja.
Piden el respeto por los derechos constitucionales que los amparan. Mientras, hay otro grupo que apoya la posibilidad de que la empresa empiece a desmontar en la zona. Esto generaría algunos conflictos entre las comunidades.
- Fuente: Nuevo Diario de Salta
