La historia sobre la súbita resolución contractual ocurrida hace seis meses y días, que dejó sin efecto el contrato entre la Xarxa Sanitària Santa Tecla y el Gobierno de la Provincia de Salta. Aquí un informe conjunto de Salta Libre para el diario Tarragona/21 de Cataluña-España, medio que refuerza con otros detalles escabrosos, los negocios de los propietarios de la Fundación tarragonense, Joan María Adserá y Carles Alegret.
El gerenciamiento del Hospital Público Materno Neonatal, encierra aún ciertos enigmas por cómo se resolvió el contrato (fue de un día para el otro) y elhecho inverosímil que una decisión unilateral no haya concluido en una millonaria demanda judicial.
De este caso poco se habla en Salta. Casi podríamos asegurar que a ninguno de los protagonistas (o partes contractuales) les interesó remover expedientes con la documentación al parecer ya archivada. Pero la duda persiste. Se reduce a un par de preguntas: ¿Por qué se decidió resolver el contrato abruptamente y sin reclamo judicial alguno? ¿Cuáles fueron las fallas y/o aciertos del gerenciamiento del Hospital Público Infantil de Salta?
Cuando el Gobierno resolvió el acuerdo el 24 de setiembre del 2010, lo hizo prácticamente sin aviso previo, de forma unilateral y de un modo informal. Los representantes en Salta recibieron un convenio de rescisión con la intimación de firmarlo en cuestión de pocas horas. La Fundación ya tenía sospechas que el Gobierno rescindiría en cualquier momento el contrato. Sólo esperaban que ésta se realice mediante una transición ordenada. Pero fue todo lo contrario. Se fueron de un día para el otro.
Desmienten reclamos judiciales
Directivos de la entidad tarragonense, quienes tenían a su cargo la gestión del Hospital Público Materno Neonatal de Salta desde el 2007, insistieron siempre que los 9 millones de pesos que recibían por mes se destinaban totalmente al funcionamiento del hospital y que las acusaciones de algunas organizaciones gremiales sobre que se “privatizó la salud pública” se hicieron por desinformación.
El ex gerente del Hospital de Niños, Xavier Singla en relación a los trascendidos de demandas al Estado Provincial sostuvo: “En principio no plantearemos juicios ni lo haríamos nunca. Como fundación sin fines de lucro no vinimos a ganar plata, pero tampoco a perder”, aseveró.
“Decisión política”
El contrato inicial suscrito en julio de 2007 de la Xarxa Sanitària se concretó por decisión del gobernador de ese entonces Juan Carlos Romero. Tenía una duración de diez años, prorrogable por diez años más y un presupuesto anual estimado de unos 7,5 millones de por mes, sólo para la gestión del hospital materno infantil. La Fundación se hizo cargo del Materno Infantil bajo la modalidad administración del Hospital de Niños de Salta y una red de 32 centros de salud barriales.
Al asumir el nuevo Gobierno de Juan Manuel Urtubey (2007), ese contrato se modificó y la administradora española se quedó sólo a cargo del Hospital Infantil. La entidad española quedó afuera de la gestión del hospital el viernes 24 de setiembre 2010, cuando el ministro de Salud, Gabriel Chagra Dib, convocó sorpresivamente a una conferencia de prensa para anunciar la revocatoria del contrato de administración del Hospital y la creación de una Sociedad del Estado para hacerse cargo de esta administración.
Pero no todo es tan claro como parece. Hay versiones que indican que el Dr. Xavier Singla Garròs, Director División Internacional Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, se enteró de la decisión y del acta acuerdo de una manera privada y accidental. El acta incluía cláusulas como que “una comisión que resolverá saldos y obligaciones entre las partes en 60 días, renunciando Santa Tecla a reclamar indemnización”.
Si bien el gobernador Juan Manuel Urtubey entre sus promesas de campaña, habló de recuperar el Hospital Materno Infantil, resultó llamativo que lo hiciera dos años después de asumir. La información oficial fue que se concretó “por la fuerte oposición al gerenciamiento y la presión de los gremios de la salud”.
Consta también que los directivos de Santa Tecla esperaba sabían que en cualquier momento les iban a decir “hasta acá llegamos”. Fuentes extraoficiales indicaron que el doctor Singla firmó el acta de rescisión del contrato un día antes del anuncio (el 23 de setiembre de 2010) porque “no tenía otra opción”.
No obstante, altos funcionarios le habrían asegurado en ese momento el pago de una suma pendiente de 14 millones de pesos, que luego fueron tipificadas como “diferencias de gestión”, o desfasajes ocurridos durante la “ingeniería de un traspaso” de edificios hospitalarios. De hecho, finalmente el pago se concretó, tal como lo indica una auditoría del Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas de Salta que confirmó ese monto acreditado a la Fundación. Ocurrió luego de que una comisión integrada por un representante de la cartera sanitaria, uno del Ministerio de Hacienda, y un tercero de la Fundación, analizara durante 60 días, las deudas pendientes o acreencias entre el Estado y la administradora española.
¿Caso cerrado?
Para despejar dudas, en diciembre del año pasado voceros del Gobierno de Salta volvieron a reiterar que no indemnizará a Santa Tecla. Para el ministro Chagra Dib “este caso está cerrado porque todos los plazos caducaron y no hay vuelta atrás”, argumentó. El funcionario insistió en que poseen toda la documentación, y si había algo pendiente ya expiró”, dijo tajante.
En cierto momento se quiso también prolongar el plazo por 90 días para que la comisión técnica presente las certificaciones de deudas, “pero ellos (Santa Tecla) por carta documento dieron por concluida esa instancia” y la cuestión parece estar definida, según reza una resolución del Gobierno publicada en el Boletín Oficial.
Entre los fundamentos del acta acuerdo de rescisión, el Gobierno afirmó que tuvo sus causas en “el desmejoramiento de la gestión y administración del Hospital Público Materno Infantil”, que atribuyó también “al desborde de la demanda de servicios no programados a partir de la transferencia del viejo Hospital de Niños”.
Los aciertos según Santa Tecla
Después de los tres años y meses de administrar el Hospital de Salta, representantes de la Fundación entendieron que no fracasaron en la gestión, sino todo lo contrario. Los directivos españoles fueron durante mucho tiempo, el centro de reiterados boicots en su gestión interna de parte de organizaciones gremiales de la salud, a los que se sumaron los desfasajes en pagos que venían del Ministerio de Salud Pública.
Los expedientes en manos del abogado dejan constancia que se invirtió el 100% del presupuesto en su funcionamiento. Y que los gastos no solo se hicieron en maternidad, sino que también, implicaron neonatología, cirugía general, oftalmología, traumatología, odontología, urología, urgencias de adultos y de recién nacidos, más dos terapias intensivas.
Como aciertos de la gestión, el abogado representante en Salta de Santa Tecla, detalla la instalación y funcionamiento actual del Sistema de Huellas Dactilares para el control laboral de los empleados. También consideraron resuelta como metodología de lucha, las asambleas permanentes internas, mediante un singular recurso judicial, similar al amparo.
Finalmente destacó que incorporó la historia clínica informatizada o digitalizada, para que pueda ser consultada en cualquier terminal autorizada, sin mediar papeles. Asimismo, luego de la partida de la gestión, los 470 nuevos empleos creados en el trayecto gozan de una sólida garantía de estabilidad.
Por su parte, Xavier Singla, declaró sobre que en su gestión “se trabajó para el hospital y para la población de Salta “de la mejor forma que hemos sabido y que hemos podido”. Agregó que la resolución del contrato esto “era tema de decisión política, anunciada desde que asumió el nuevo gobierno y nosotros siempre estuvimos totalmente de acuerdo”.
Los errores según los gremios
La Fundación catalana Santa Tecla administradora del Hospital Materno Infantil tuvo problemas internos recurrentes con los trabajadores agremiado de la salud. En la Provincia de Salta, los profesionales médicos se nuclean en la Asociación de Profesionales de la Salud de Salta (APSADES) y en la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa). Ambas entidades se enfrentaron a Santa Tecla con paros, asambleas permanentes, movilizaciones exigiendo se revierta el contrato que ellos en todo momento llamaron “de privatización”.
Al mismo tiempo, dirigentes gremiales nacionales de la CICOP, ATE, CTA y el Foro Social de Salud les manifestaron su apoyo con otras movilizaciones en Buenos Aires en defensa de los trabajadores médicos, enfermeros y por la estatización de la salud pública. A su vez, Luis Ramos, secretario general de la Unión del Personal de Enfermería de Salta (UPES), denunció que la Fundación Santa Tecla, porque según ellos, incurría en una disminución de sus salarios en el ítem de mayor jornada laboral.
APSADES el gremio de médicos más combativo de la provincia, denunció a Santa Tecla por la incomunicación con los gremios y las negativas a las solicitudes de entrevistas con sus representantes y de las Asociaciones Hospitalarias. Asimismo, remarcaron el poder autoritario y persecutorio de los profesionales y trabajadores. Afirmaron que el traspaso ocasionó el cierre de servicios indispensables como el Centro de Recuperación Nutricional. Entre ellos, alergia, toxicología, mielomeningoceles, desnutridos.
Entre la maraña de reclamos figuraron además el éxodo de profesionales; el maltrato e indolencia con los padres de los niños internados; lugares inapropiados de trabajo, falta de cerramientos en quirófanos; persecución, trato inhumano y descortés de los directivos; la falta de atención, las demoras en los turnos, las caídas de la línea 0800 de pedidos de turno, las largas horas de espera por la atención, la falta de consultorios, la escasez de camas, de quirófanos, el trato despersonalizado y la falta de respuesta a los pacientes.
La mayoría de las anomalías y acusaciones estaban destinadas al Gobierno Provincial por el cambio forzado hacia un gerenciamiento de la Salud Pública, concretado de manera improvisada, sin la consulta al equipo de salud, sumado a los infaltables cuestionamientos de corrupción política y económica.
- José Acho, Editor y periodista
Informe Especial para el diario Tarragona/21
Cataluña, España.
