La medida es contra la Finca Cuchuy, propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, integrante de empresas de la familia del presidente Mauricio Macri y primo segundo del jefe de Gabinete de Nación, Marcos Peña. Ahora una resolución confirmó que Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos de desmonte que otorgó violando la Ley de Bosques.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, suscribió la Resolución 56/2018, mediante la cual insta a la provincia de Salta a dejar sin efecto los permisos de desmonte autorizados por resultar incompatibles con una disposición de la Ley N.° 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, e ir en contra de las disposiciones del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
También instó a la provincia a restaurar las más de 40.000 hectáreas desmontadas hasta el momento bajo estas autorizaciones y prohibió la emisión de certificados de exportación de palo santo provenientes de estas áreas.
Tras la medida, la provincia anunció que suspenderá las autorizaciones otorgadas y comunicará al propietario de la finca Cuchuy la suspensión de los desmontes en ejecución.
“Celebramos que la Nación y la provincia de Salta tomen la decisión de defender a los bosques y su gente. Se estaba cometiendo un crimen y violando impunemente la Ley de Bosques, y la casa, el almacén y la farmacia de comunidades indígenas.”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, desde Salta, donde los activistas detuvieron topadoras hace dos semanas.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable entiende que las «autorizaciones otorgadas a través de estos decretos modifican regresivamente y de manera relevante el ordenamiento territorial de la masa forestal aprobado por la Ley provincial N.° 7543.
Esos decretos provinciales fueron aprobados en el año 2010 para recategorizar zonas rojas y amarillas mediante un procedimiento particular. Si bien dichas normas fueron derogadas en 2014 por la misma provincia, mediante el decreto 3749/14, mientras estuvieron vigentes se autorizaron cambios de uso de suelo en 32 fincas, sobre alrededor de 80 mil hectáreas de bosques protegidos en zonas rojas y amarillas. A partir de ahora, entonces, casi 150 mil hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires, vuelven a estar protegidas.
De esas 80 mil hectáreas, a la fecha se encontraban ya desmontadas más de 40 mil y de ejecutarse las autorizaciones restantes se sumarían más de 33 mil hectáreas de pérdida de bosques de alto valor de conservación, entre las que se encuentran los desmontes de la finca Cuchuy, denunciados por organizaciones de la sociedad civil.
