Es prematuro evaluar los pasos de Juan Manuel Urtubey aún cuando haya otorgado continuidad al 80% del equipo de quien supuestamente era su contradictor. Los resultados electorales permiten otorgarle algún hándicap para errores formales, pero no para la prosecución de los vicios estructurales del Estado heredado. Necesitamos revitalizar el sistema de división de poderes, eliminar la corrupción y dar mayor participación democrática.
No pueden albergarse dudas de que el último proceso electoral ha reconfigurado el marco de representación política nacional y, en contrario de lo que podía suponerse durante el período proselitista, el pluralismo ha sufrido el embate más fuerte una vez que se ensamblaron los resultados con la estrategia de normalización del Partido Justicialista.
Muchas especulaciones se han vertido sobre los efectos que provocará la decisión de Néstor Kirchner de conducir la mayor fuerza partidaria argentina, con un “embrión transversal” gestado hace más de cuatro años que hoy pretende erigirse en una “concertación”. De concretarse, ésta sólo simulará el estilo chileno vía cooptación de las expresiones minoritarias. La expandida mercantilización de la política ha logrado atravesar los principismos partidarios y las barreras ideológicas.
Es cierto que el peronismo puede hoy pregonar que la adhesión que recibió en los
últimos comicios lo reconcilia con la clase oprimida que lo vio nacer, la más
castigada por un producto propio como el “menemismo” que instauró el liberalismo más crudo en los ´90. Tampoco puede negarse que quienes se exhiben en la vidriera opositora –también responsables de la crisis de 2001- fueron jaqueados por un presidente que para captar algunas porciones ha utilizado el presupuesto nacional como recurso eficiente para convencer, presionar o extorsionar según el caso.
Aún cuando algunos se esperanzan en que el sistema de partidos políticos saldrá
fortalecido cuando se concreten estos objetivos coyunturales, lo cierto es que la
tremenda concentración de poder no se advierte como un mejoramiento del esquema democrático, que por naturaleza requiere de pesos y contrapesos. En el último lustro se afectó gravemente la estructura institucional de la república, al compás de una política gubernamental en la que actúan y deciden los de “paladar negro” kirchnerista. El autoritarismo también se agazapa tras los discursos populistas de los mandatarios santacruceños.
La avanzada interna de los radicales “K” de la mano del polifuncional Enrique Nosiglia pretende justificarse en la necesidad -que compartiría Kirchner- de reconstituir el bipartidismo que garantice acuerdos sólidos para cuando la bonanza económica internacional decaiga, se resquebraje la eficaz mordaza financiera y la soberbia presidencial deba atenuarse. Aún cuando fuera cierto no puede calificarse el esquema sino como un fraude cívico.
La infiltración atraviesa no solamente las fronteras de partidos, sino también la
línea de defensa del periodismo independiente y de la otrora dirigencia sindical
combativa, que ahora tolera el romance gubernamental con los reciclados “gordos” de la CGT. A la ley que rige estos paradójicos movimientos se le llama ahora “principio de gobernabilidad”.
En Salta, los doce años de Juan Carlos Romero, que algunos periodistas pagos calificaron como prolijos y previsibles, provocaron idénticos resultados que los desaguisados sucesivos de Menem, De la Rúa, Duhalde y Kirchner en toda la geografía nacional. Alto déficit social, corrupción, obsecuencia legislativa, dependencia judicial, relajamiento del control de actos de gobierno y criminalización de la protesta social son las nefastas consecuencias. Este esquema obtuvo el repudio de solamente la mitad de la población en octubre de 2007, a la que se sumaron 5.000 salteños para inclinar una balanza con el fiel endurecido.
Es prematuro evaluar los pasos de Juan Manuel Urtubey aún cuando haya otorgado continuidad al 80% del equipo de quien supuestamente era su contradictor. Los resultados electorales permiten otorgarle algún hándicap para errores formales, pero no para la prosecución de los vicios estructurales del Estado heredado. Necesitamos revitalizar el sistema de división de poderes, eliminar la corrupción y dar mayor participación democrática.
Al igual que la novel presidente, el gobernador prefiere obviar el diálogo político
con otras fuerzas partidarias que pueden contribuir a la reversión de los errores
que denuncia como productos del anterior mandato. Las presencias protagónicas de Fernando Yarade o Alfredo Petrón en cada uno de sus actos rebaten esa afirmación y medran progresivamente la confianza ciudadana.
Una de las razones que lo inclinan a concentrar el poder y mostrar sin pudor la
gravitación de funcionarios romeristas sospechados, puede encontrarse en los
terrenos de la oposición devastada. Los renovadores continúan publicitando su
pertenencia al gobierno aún cuando los pasos urtubeístas los van marginando del poder decisional y hasta de los nombramientos. A los radicales “K” se sumaron los que se guarecen en el presupuesto del Intendente Miguel Isa y los que antes cobraban pensiones del romerismo. La promiscuidad los gobierna y buscan los restos orgánicos del partido para canjearlos por recursos y cargos. La sorpresiva designación en la actual gestión del historiador Martín Güemes terminó por desarticular al nunca organizado ARI, columna vertebral de la Coalición Cívica y el PPS fue absorbido por las huestes de Isa en la capital.
Al Partido Obrero no le va mejor luego de la polarización y el fracaso aritmético. Le resulta difícil correr por la izquierda a un nuevo gobierno que sobreactúa cada episodio irrelevante aún cuando no ha cambiado nada. Testigos de ello son las empresas beneficiarias de ola privatizadora de los ´90, que han escuchado con beneplácito de la boca del propio Urtubey que no se van a rescindir sus contratos a pesar de la mala calidad de los servicios y la magra o nula inversión para mejorarlos. O los docentes, a quienes se les arrojan discursos que exigen la misma “racionalidad” en las peticiones salariales que antes pedía la inefable María Ester Altube.
Los miembros de la Auditoría General que no cuestionaron los negociados de Romero siguen en sus cargos y se ofrendan al gobernador que quizás tampoco controlarán. Las conducciones de las cámaras legislativas son las mismas y la Corte de Justicia padece las políticas de refugio salarial del gobierno saliente. El Consejo Económico y Social sigue pendiente y la Oficina Anticorrupción parece una estructura inconveniente para el “status quo” que se insinúa sin recato.
Semejante panorama podría conducir al error de sostener que existe en algunos
cenáculos una sólida resistencia a los “grandes cambios” prometidos por el
gobernador en la campaña reciente. La realidad indica lo contrario, pues su poder se ha multiplicado casi geométricamente y todo lo que se mantiene cuenta con su
bendición. Para quienes buscan la reconstrucción democrática, el objetivo luce hoy
demorado. Para otros, a dos meses de la asunción, ya se asemeja a una quimera.
- Secretario de Comité Provincial UCR Salta y abogado del Foro Salteño
