Otra de las medidas del manual del liberalismo de Cambiemos, pasó hace poco a mediados de setiembre, y del cual casi nadie se dio se enteró por el blindaje de la prensa mayoritaria a este Gobierno.
En la cartera que conduce el radical Ricardo Buryaile se había modificado el programa “Cambio Rural” que brinda asistencia técnica a pequeños horticultores.
En la medida, donde se enuncian los requisitos que deben reunir los beneficiarios de la nueva versión de Cambio Rural, se detalla: “Ser nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo”. Y no sólo afectaba a productores de la provincia de Buenos Aires, sino también a chacareros de Salta, Jujuy y Corrientes.
La reforma excluye a los productores que no son argentinos en un sector, donde el 80 por ciento son inmigrantes, y entre ellos el 95 por ciento de la verdura de hoja que se consume en el país, es producida por agricultores familiares de origen boliviano.
El intento del Ministerio de Agroindustria fue recortar el programa histórico Cambio Rural (funciona bajo tutelaje del INTA) que brinda asistencia técnica a pequeños y medianos productores y mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial excluyó del beneficio a más de diez mil familias que viven en situación de vulnerabilidad y producen verduras de hoja para abastecer el mercado interno.
La resolución 249, que fue publicada el 6 de septiembre, y para justificar la reforma luego de veinte años de existencia, dijeron que el programa “ha ido desviándose paulatinamente del fundamento de su acción”.
El director del programa Cambio Rural, Juan Casaña, para tratar de explicar esta exclusión de los beneficios dijo: “No lo vi, no termino de entender cómo fue a parar ahí, no tiene sentido. Entiendo que debería poder corregirse” , declaró a la prensa.
Esto confirma que el mecanismo del Gobierno de Macri es disparar al voleo con una polémica medida de ajuste o agravio para ver después según la reacción, dar marcha atrás o corregirla.
Nahuel Levaggi, integrante de la UTT, una organización que en aproximadamente un 80% está integrada por agricultores inmigrantes, presentó ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi) una denuncia por “discriminación” contra el Ministerio de Agroindustria de la Nación.
A su vez, la Unión de Trabajadores de la Tierra y que integra la CTEP, solicitó un amparo judicial al considerar que la inhibición por nacionalidad “es un signo de discriminación manifiesta”.
El intento del gobierno nacional fue excluir a los productores de origen boliviano del Programa de Cambio Rural (existente desde 1993, y destinado a modificar las condiciones socio-productivas de los pequeños y medianos productores agropecuarios).
Además se constituye en un claro ataque discriminatorio y xenofóbico a los de trabajadores de origen boliviano que revela el llamativo desconocimiento de este Gobierno de la actividad hortícola y las condiciones de trabajo y producción en esta rama fundamental de la agricultura.
Varias organizaciones y ONGs, salieron al cruce de este intento, denunciando que “la exclusión de los productores bolivianos del Programa de Cambio Rural es una decisión inadmisible; una decisión que las autoridades, según una modalidad a la que nos han venido acostumbrando, adjudican ahora a “error”, algo muy poco creíble”.
Semejante exclusión no sólo agrede el espíritu abierto a la inmigración que ha caracterizado a nuestro país desde sus inicios, sino que llamativamente va en contra del “mantra” en torno a la “igualdad de oportunidades” y la meritocracia que el gobierno se ha encargado de embanderar como una de sus principales bases de legitimación.
Parece claro pues que la decisión de centrar el apoyo en los productores capitalizados (a los que se brinda asesoramiento técnico, créditos y otros apoyos) y excluir a los más pobres (y extranjeros) se inscribe en la sintonía más amplia que este gobierno ha tenido hacia los distintos sectores sociales.
En tal sentido, los más “necesitados” son destinarios de políticas asistenciales, que, sin embargo (o por eso mismo) no permiten superar las condiciones de pobreza.
Ninguna de estas situaciones puede resolverse con un: “No lo vi, no termino de entender cómo fue a parar ahí, no tiene sentido. Entiendo que debería poder corregirse”, dicho por el director de Cambio Rural luego de desatado el escándalo generado por el “error”.
Fuente: Página/12 – Unión de Trabajadores de la Tierra – Santiago Canevaro (CONICET/UNSAM), Roberto Benencia (CONICET/FAUBA/UNAJ) y Germán Quaranta (CEIL-CONICET/UNAJ).
