La Asociación de Periodistas de Salta (APES), reiterará la presentación al nuevo gobierno electo de Salta, de un documento donde denunció el agravamiento de las restricciones a la libertad de opinión y de expresión, la presión y los actos de intimidación a medios y periodistas, la existencia de “listas negras”, la utilización de fondos del gobierno para premiar a medios oficialistas, las restricciones para acceder a la información pública y la discriminación en el manejo de la publicidad oficial.
Durante su candidatura a gobernador por Salta, el Dr. Juan Manuel Urtubey, dijo: “El disenso es uno de los valores que respetará mi gobierno. En Salta, todos los ciudadanos piensen lo que piensen y digan lo digan, serán respetados. La única manera de construir una sociedad justa empieza con una sociedad libre. El ocultamiento de la verdad es una de las formas del mal. En mi gobierno terminará este sistema montado para que sólo puedan opinar y expresarse los que hablan a favor del gobierno y halagan a los funcionarios”.
El 1 de septiembre del año 2006, la Asociación de Periodista de Salta (APES) entregó entonces al gobierno de Salta, el que no tuvo respuesta. El documento, con las firmas de Gregorio Caro Figueroa, presidente; Ernesto Azurmendi, vicepresidente y Elena Corvalán, secretaria, fue entregado en mano en la sede del gobierno de Juan Carlos Romero y al presidente de la Cámara de Diputados de Salta.
Como única respuesta, el gobierno instruyó a un semanario local para que dedicara cinco páginas de esa publicación a descalificar a la APES a la que identificó con el «nazismo» y dijo que su presencia en Salta “APEStaba”. Justo un año después de presentado, la justicia local condenó a prisión en suspenso a los periodistas Sergio Poma y José Acho, socios fundadores de la APES. A Poma, se la justicia lo inhabilitó para ejercer durante un año el periodismo.
Este es el texto de aquel documento de la APES.
“En nuestra condición de periodistas que ejercemos la profesión en distintos medios y ámbitos de la Provincia de Salta y en ejercicio del derecho de asociarnos libremente que garantiza la Constitución, el pasado 25 de mayo decidimos constituir la Asociación de Periodistas de Salta (APES)
APES se propone velar por la vigencia y pleno ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información, fundamentos de la sociedad democrática y del sistema republicano de gobierno. Consideramos que aquella libertad y este derecho son inseparables del respeto a la profesión y a las personas que la ejercen.
La recuperación del valor social de nuestra profesión va de la mano de la capacitación, condición necesaria para el fortalecimiento un periodismo libre, veraz, crítico, responsable, abierto a la sociedad, de calidad y ajustado a criterios éticos.
La diversidad de opiniones, de trayectorias, de especialidades y de medios a los que pertenecemos sus integrantes, encuentra su síntesis en la coincidencia en torno de estos objetivos básicos, consagrados como derechos fundamentales en la Constitución Nacional (artículos 14 y 32); el Pacto de San José de Costa Rica (capítulo II, título 13) y la Constitución de la Provincia de Salta (artículo 23)
La defensa y protección de esos derechos es un deber irrenunciable y un compromiso permanente que tenemos en nuestra doble condición de ciudadanos y de profesionales de la información. Entendemos que la vigencia de esos derechos no puede estar condicionada a situaciones políticas coyunturales y tampoco puede quedar librada a la voluntad de los funcionarios públicos.
El simple reconocimiento de esos derechos en los textos constitucionales no garantiza por sí mismo el respeto, la vigencia y el efectivo ejercicio de los mismos. La aceptación meramente declarativa de esos principios suele encubrir actitudes y conductas que los niegan, los condicionan o les imponen veladas y también severas restricciones.
Desde diciembre de 1983, estos derechos fundamentales ya no están amenazados por regímenes autoritarios que los desconocieron en forma explícita y brutal. Pero advertimos con creciente preocupación que, en los últimos años, ellos están siendo recortados mediante mecanismos de censura encubiertos, por gobiernos nacionales, provinciales y municipales surgidos de elecciones libres.
A la preocupación por la reiterada animosidad del actual gobierno nacional frente a los medios de comunicación, se añade la inquietud ante actitudes similares adoptadas por gobiernos provinciales los que, confundiendo la función crítica del periodismo con acciones de oposición política, interpretan la relación entre medios y gobierno usando el inadecuado esquema amigo-enemigo.
De esa percepción distorsionada se derivan conductas que se traducen en medidas de gobierno cuya rígida aplicación convierte en letra muerta el capítulo de derechos y garantías de la Constitución. La utilización de esa fórmula abre de par en par las puertas para instalar criterios discriminatorios que rematan en un trato arbitrario, lo que deroga el principio de igualdad ante la ley.
De la divisoria entre medios y periodistas adictos o “amigos”, y medios y periodistas críticos o “enemigos”, se desprenden dos graves consecuencias en el trato otorgado a unos y a otros. Se impone una relación desigual, discriminatoria y asimétrica en dos planos: en el acceso a la información pública y en la distribución de la publicidad oficial utilizada como un sistema para premiar a los primeros y castigar a los segundos.
Ambos mecanismos funcionan como un sistema de pinzas que reintroduce la censura, aunque de un modo indirecto y más sutil pero igualmente efectivo. En un sistema democrático el Estado, antes que amenazar o recortar la libertad de prensa y el pluralismo informativo, debe garantizar y respetar integralmente a ambos.
La aplicación de esos criterios lesiona gravemente la libertad de prensa, la que, al estar sometida a condicionamientos del poder político, pasa a la categoría de “libertad vigilada”. El derecho a requerir, recibir y a difundir información referida a los fundamentos de las decisiones de actos de gobierno y al manejo de los fondos públicos, queda sensiblemente mutilado.
Se imponen criterios selectivos de hecho en materia de acceso a las fuentes oficiales. De forma indirecta, se priva al conjunto de los ciudadanos del ejercicio de su derecho a la información. Sin acceso a la información pública no hay libertad de expresión ni derecho a la información.
Por otra parte, pierde vigencia la supresión de toda forma de discriminación fundada en las opiniones, establecida en la Constitución. Lo hace afectando en primer lugar a los profesionales que quieren expresar sus ideas y opiniones en los medios, y en segundo lugar a los ciudadanos que en diversas formas participan en publicaciones o programas de los medios que les abren esa posibilidad, cada vez más amplia gracias a las nuevas tecnologías, y en general a cualquier lector, auditor o usuario que desea informarse.
Una serie de hechos acumulados en los últimos años, autoriza a señalar que el gobierno de Salta no es una excepción en esta tendencia a imponer restricciones y criterios discriminatorios y de exclusión en materia de acceso a la información pública.
A ello se añaden las presiones que, mediante la distribución de la pauta publicitaria, se ejercen no sólo para condicionar la orientación editorial de algunos medios, sino también para dictar lista de personas que no deben ser mencionadas o invitadas a los medios e, incluso, para obstaculizar el acceso al mercado laboral de algunos periodistas considerados críticos de los gobiernos.
Consideramos que la intensificación de una propaganda y publicidad oficiales, lejos de ser expresión de la transparencia republicana de los actos de gobiernos, es un costoso recurso para no cumplir con ese mandato constitucional.
“Los gobiernos deben abstenerse de ejercer toda discriminación, económica o de otra índole, entre los órganos de prensa de un país”, señala la Carta firmada en 1987 por 34 países, en Londres, al final de la Conferencia Mundial sobre la Censura. Deben también abstenerse de adoptar o inducir medidas de discriminación laboral contra periodistas.
“Negar el acceso a la información pública es negar el acceso a la democracia”, afirmó en una reciente resolución el Juez Federal Ariel Lijo. Ese derecho, añadió el magistrado, es un derecho humano, no una potestad de los legisladores que trabaron en el Senado de la Nación la sanción del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública.
Este vacío legal es cubierto por la voluntad de funcionarios que utilizan los fondos públicos como instrumento de presión o coacción destinado a modificar o acallar determinadas informaciones y opiniones consideradas adversas al gobierno. El gobierno mantiene una actitud de rechazo encubierto, y en ocasiones también abierto, a la diversidad de opiniones y al pluralismo de enfoques. Demasiadas evidencias prueban la aplicación de “listas negras”.
Nuestra Asociación demanda del poder público:
a) El respeto a los profesionales de prensa tanto en su persona como en el libre e igualitario ejercicio de la profesión.
b) La no-discriminación en el acceso a la información; un proceso firme y claro de implementación de medios para garantizar la disponibilidad inmediata, sistemática y permanente de los datos producidos en el ámbito oficial, sin restricción alguna, salvo la que deviene de los más estrictos criterios de seguridad democráticamente dispuestos.
c) La transparencia en el gasto de la publicidad oficial y en el criterio de asignación de cupos a los medios, con algún tipo de control ciudadano.
d) La independencia de la Justicia para evitar la arbitrariedad en su administración cuando son afectados periodistas y medios.
Los principios sobre los que se funda nuestra Asociación son antiguas y universalmente conocidos aunque, con frecuencia, también son lesionados. Ellos no sólo se han afianzado en las democracias contemporáneas: también se han ampliado. La libertad de prensa es una libertad activa y el derecho a la información se inscribe dentro de los derechos sociales básicos.
Antes de cumplir sus actuales funciones, el gobernador de la Provincia de Salta ejerció la dirección de un diario y formó parte de entidades periodísticas comprometidas en la defensa irrestricta de la libertad de prensa. Usted mismo, señor secretario, no sólo se desempeñó como periodista sino que también es autor de un libro donde denunció los ataques cometidos a la libertad de prensa en la Argentina y en varios países de América latina.
Parte de los más importantes documentos internacionales referidos a la libertad de prensa, sobre lo que se sustenta nuestra Asociación, están incluidos en Periodistas bajo fuego (1997) libro del actual secretario de Prensa de Salta, Humberto Echechurre. Hoy el espíritu y la letra de esos textos corren el riesgo de convertirse en enunciados retóricos, despojados de contenido e impedidos de desplegarse y de alcanzar plena y efectiva vigencia.
El transcurso del tiempo y la preocupante salud de la libertad de prensa y del derecho a la información, otorgan renovada actualidad a la advertencia que hace más de dos siglos hiciera James Madison:
“Nada resultará más irracional que el dar al pueblo el poder y a la vez privarle de la información sin la cual se abusa del poder. Un pueblo que pretende ser su propio dueño debe armarse del poder que nace del conocimiento. Un gobierno del pueblo sin una información del pueblo (…) es el prólogo de una farsa o de una tragedia, o quizás de ambas cosas”.
- Salta, 1 de septiembre de 2006.
