El llamado a licitación pública nacional e internacional del Gobierno es para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que implica la privatización de más de diez rutas nacionales. Entre los tramos incluidos, destacan varios corredores estratégicos que atraviesan el Noroeste argentino, con incidencia directa en Salta y Jujuy.
La Ruta Nacional 9 es eje troncal que conecta Buenos Aires con el norte del país, pasando por Jujuy y Salta. Su concesión afectará tanto el tránsito interprovincial como el transporte de cargas hacia Bolivia.
La Ruta Nacional 34 es clave para la producción agrícola y el comercio internacional, atraviesa Salta y conecta con la frontera norte. La Ruta Nacional 66 y 1V-66: corredores de acceso y circunvalación en Jujuy, fundamentales para la movilidad urbana y logística regional.
La licitación contempla no solo la explotación y administración, sino también la construcción, reparación, ampliación y mantenimiento de estos tramos. La convocatoria está abierta hasta el 4 de mayo de 2026 para la compra de pliegos, y las ofertas se recibirán hasta el 18 de junio.
La excusa oficial es reemplazar el esquema deficitario vigente por un modelo “sin subsidios”, con mayor competencia y eficiencia en la gestión vial.
Puntos clave de impacto
El NOA depende de corredores como la Ruta 9 y la Ruta 34 para conectar con el resto del país y con Bolivia. La privatización puede mejorar el mantenimiento, pero también trasladar costos a usuarios locales que ya enfrentan desigualdades económicas.
El turismo y la cultura podrían también verse afectados. Salta y Jujuy son destinos turísticos de alto valor cultural. Peajes más altos podrían desalentar el turismo interno, afectando economías regionales que dependen de visitantes nacionales.
También puede afectar a la producción agrícola y favorecer a la minera. Esta última sería también uno de los objetivos del Goboerno. El transporte de granos, tabaco, caña de azúcar y litio se realiza por estas rutas. Una gestión privada eficiente podría reducir tiempos y costos logísticos, pero si las tarifas se disparan, los pequeños productores serían los más perjudicados.
A la vez también está el tema de la equidad territorial. El esquema “sin subsidios” favorece corredores de alto tránsito (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe), mientras que en regiones menos densas como el NOA, la rentabilidad privada puede ser menor. Esto abre el riesgo de que las inversiones se concentren en zonas más lucrativas, dejando al norte con servicios básicos y peajes elevados.
La lectura política y social de la medida se presenta como modernización y eficiencia, pero en el NOA puede percibirse como una transferencia de costos al usuario sin garantías de mejoras proporcionales. El objetivo de esta privatización es claro, la profundización de la lógica de mercado.
