La ONG de Derechos Humanos advierte que la norma amplía las facultades de la SIDE, habilita el espionaje interno y pone en riesgo la autonomía, la libertad y la participación democrática. La acción de amparo solicita a la Justicia declare la nulidad del DNU 941/2025, firmado el 31 de diciembre por Javier Milei y que fue publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero.
Este decreto introduce modificaciones muy profundas en la ley de inteligencia, especialmente en las facultades operativas de los organismos de inteligencia. Su judicialización avanza a paso redoblado en medio de la quietud de la primera semana de la feria judicial.
En la Casa Rosada defienden la reforma pese a las críticas sobre que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) podrá detener personas e intercambiar información sobre ciudadanos sin control, mientras tratan de minimizar las presentaciones judiciales que se están acumulando.
El gobierno de Milei viene de sufrir un fuerte revés en esos tribunales: el 29 de diciembre, el juez Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo antiprotestas con el que Patricia Bullrich manejó las calles desde diciembre de 2023.
Con ese antecedente, empezaron a presentarse los primeros amparos contra el DNU que el Presidente firmó el 31 de diciembre pasado, cuando la mayoría del país estaba concentrada en los preparativos de la cena de Fin de Año. Son, al menos, cuatro las presentaciones que se radicaron en ese fuero.
En la tarde del martes 6 de enero, el CELS presentó un amparo y pidió que se lo inscriba como un proceso colectivo. En el escrito, firmado por los directivos Paula Litvachky y Diego Morales, reclaman que se declare la nulidad absoluta, la ilegalidad y la inconstitucionalidad del DNU 941.
