La estrategia elegida por la defensa del senador nacional, Juan Carlos Romero, frente a la nueva acusación penal en su contra, esta vez por la cesión de un hangar de Aviación Civil, se dividió ayer en dos frentes. Primero, y en su carácter de empresario mediático, el ex gobernador contó con la ayuda de algunos sitios informativos de la web que serían de su propiedad para adelantar una verdad y otra no tanta.
Lo cierto fue la difusión por la web de la declaración indagatoria que brindó por escrito ante el Juzgado Correccional 3, a cargo del juez Víctor Clark. La segunda se trató de una jugarreta, pues se insistió en que la visita de Romero al juzgado se había realizado el martes a la tarde, maniobra con la que se intentó sostener que el ex gobernador se hizo presente en la Ciudad Judicial, aunque en realidad apuntó a desorientar a los medios y evitar que los periodistas se hagan presente ayer por la mañana en el juzgado.
Lo llamativo es que el propio Poder Judicial también lo informó, cuando otras fuentes de la propia Ciudad Judicial indicaron que recién el miércoles 19 de diciembre a la mañana la abogada Andrea Astudillo Rizzi, quien defiende a Romero, se presentó en el juzgado para hacer entrega del escrito que el senador nacional ya había divulgado por varios medios, incluso su sitio oficial.
Luego lo hizo el ex director de Aviación Civil de la Provincia, Ricardo Funes, quien llegó acompañado de su abogado defensor, Marcelo Centeno. La aparición de este letrado, que se desempeñó como asesor en la Fiscalía de Estado, cuando el titular de ese organismo era ocupado por Ricardo Casalis Rey, fue otro dato que llamó la atención.
Otro de los que se presentaron en el Juzgado Correccional 3 fue Raúl Romeo Medina, quien lo hizo junto al abogado radical, Carlos Humberto Saravia, quien fue el único de los letrados que habló con los medios y lo hizo para reafirmar la estrategia elegida por el senador nacional en su declaración por escrito: negar cualquier relación societaria con la empresa Finca La Represa y endilgarle la culpa de todo al senador Mashur Lapad, quien al momento de la cesión del hangar se desempeñaba como gobernador interino, y por lo tanto firmó el comodato hoy cuestionado.
En la Ciudad Judicial llamó la atención también que sorpresivamente, y sabiendo de la tarea que se iba a registrar en el juzgado, el juez desapareció de su despacho. Aunque sus empleados dijeron que se habría marchado al colegio de una de sus hijas, otras fuentes dudaron de ello y señalaron que entre el magistrado y el ex gobernador habría cierta relación, mientras que otros dijeron que la ausencia se habría debido a un llamado de la Corte de Justicia.
Como era de esperar, los cuatro acusados, Romero, su hijo, Juan Esteban, Funes y Medina, evitaron presentarse ante la Fiscalía de Delitos Económicos Complejo, la cual los acusó penalmente por los supuestos delitos de negociaciones incompatibles y defraudación a la administración pública.
La negativa
Respecto a la cesión del hangar, el ex gobernador sólo permitió difundir la declaración que él mismo hizo, mientras que de la presentación hecha por su hijo no se conoció nada, como tampoco de los otros dos acusados. En su estrategia defensiva, Romero, en un extenso escrito, negó cualquier relación societaria con Finca La Represa, empresa que 18 días antes de que dejara el Gobierno, en el año 2007, fue favorecida con una cesión en comodato de un hangar, por el cual no paga un centavo a la Provincia.
Por otra parte, Romero, quien se presentó como su propio defensor en la causa, culpó al senador Lapad. Como parte de la estrategia, otros referentes hicieron declaraciones públicas tildando la denuncia y la investigación abierta por la Fiscalía como un hecho político y partidario, sacando así de la órbita judicial los entretelones de la cesión que, como el caso de La Ciénaga, sólo benefició a la familia del ex gobernador.
Al final, Romero, quien al parecer desconoce el nuevo Código Procesal Penal, solicitó el archivo de las actuaciones. El argumento, usado frecuentemente con los jueces en las causas abiertas por la apropiación de tierras, no tiene vigencia para este caso, puesto que una vez abierta la investigación penal por el fiscal, la misma no puede ser archivada, sino que concluye con un sobreseimiento o un requerimiento de juicio.
- Fuente: Nuevo Diario de Salta
