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Argentina camino a un paraíso fiscal o guarida impositiva (RIGI)

En caso de aprobarse la Ley de Bases entraría en vigencia el RIGI (“Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones”) un código de las prebendas al capital concentrado que transformaría a la Argentina en un paraíso o guarida fiscal.

Cobos responsabilizó a Levín por la detención y torturas

El ex detenido político Víctor Manuel Cobos responsabilizó al empresario Marcos Jacobo Levín por la persecución, la detención y los tormentos a los que fue sometido entre enero y abril de 1977 por parte de efectivos de la Comisaría Cuarta de esta ciudad, que en los años de la última dictadura funcionó como centro clandestino de detención.

Cobos declaró el lunes 1 de setiembre, tras el inicio formal del juicio oral y público, el octavo por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en la provincia, al empresario del transporte y la rama hotelera.

“La persecución que sufrí fue por las luchas en contra de la explotación de los trabajadores de La Veloz”, afirmó. Para ejemplificar, enumeró cuatro hechos de persecución: en una ocasión que verificaba el acatamiento a una medida de fuerza fue seguido por ocupantes de un automóvil que “acribillaron a tiros” su auto.

En otro paro, “el señor Levín ordenó a la Policía que nos llevaran detenidos” y llevó gente del Ejército para que condujeran los colectivos. Otra vez fue detenido por el policía Víctor Hugo Bocos, que es juzgado en este proceso, y lo llevaron al galpón de la transportista, donde lo golpearon en presencia del empresario; entonces Bocos lo amenazó: le dijo que la próxima “iba a ir más allá”.

Finalmente el 22 de enero de 1977 fue detenido por Bocos, otro policía de apellido Figueroa y Enrique Cardozo, otro juzgado en este juicio. En un automóvil Ford Falcon celeste, que pertenecía a la empresa, fue llevado a la Comisaría 4°, donde lo torturaron e durante 3 días para que firmara una declaración asumiendo responsabilidad en una supuesta estafa. Cobos, que durante todo su testimonio se mostró firme, se quebró en el momento de narrar la tortura: “no la puedo describir”, se excusó. “Lloraba de impotencia (…) En una de las sesiones (de tortura) yo les pedí que me mataran porque no aguantaba más”, contó.

Igual que su ex compañera de trabajo, Sonia Rey, que declaró a continuación, recordó como un elemento más de la tortura la radio encendida a todo volumen y una moto sin escape que también se encendía para tapar los gritos de los torturados.

Cuando no estaba en la sala de tormentos, escuchar que se encendían la radio y la moto era el aviso de que iban a torturar a alguien, a alguno de los compañeros detenidos. “¿Qué sentía en esos momentos’”, quiso saber el abogado querellante Oscar Rodríguez: “Lástima por los compañeros torturados, bronca por los torturadores e impotencia por no poder hacer nada”, respondió. Entre lágrimas, Rey dijo que aquella música la persigue aún hoy.

Esos 3 días Cobos los pasó en una celda sucia, sin posibilidad de higienizarse, sin baño y sin comida. Al cabo, con una pistola en la espalda y en presencia del juez Jorge Trincavelli (fallecido) firmó la declaración y recomendó a sus compañeros hacer lo mismo, convencido de que de lo contrario los matarían. En esas circunstancias el traslado a la cárcel de Villa Las Rosas “fue como una liberación”, aunque ahí también recibió maltratos.

En abril, tras ser liberado, Cobos fue exonerado de La Veloz y tuvo que exiliarse. Y aunque algunos de los otros detenidos mantuvieron su puesto de trabajo, los reclamos gremiales fueron desarticulados.

Trabajadores vs ortodoxia

Los hechos que se investigan en este proceso se cometieron en 1977. Veinticuatro trabajadores de la empresa La Veloz del Norte fueron acusados por Levín de una supuesta estafa, 21 fueron detenidos y al menos 15 fueron torturados y se los obligó a firmar “confesiones”; entre ellos estaba Cobos, que era delegado gremial e integraba la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), un gremio que venía enfrentado con el peronismo ortodoxo y la burocracia sindical desde los tiempos del gobierno de Miguel Ragone, intervenido en noviembre de 1974.

En la UTA militaban miembros de la JTP (Juventud Trabajadora Peronista). Cobos, proveniente de una familia peronista y que había ingresado a La Veloz por 1972, se integró a la UTA y en 1974 fue elegido delegado gremial. Ayer recordó que los conflictos más duros los tuvieron con La Veloz, porque con Levín “no se podía conversar, no se podía llegar a ningún acuerdo”.

La UTA representaba a trabajadores de las dos principales empresas transportistas de la provincia: La Veloz y Atahualpa. El interventor de la provincia Alejandro Mosquera, del peronismo de derecha cordobés, declaró ilegal las medidas de fuerza del gremio.
El lunes 1 de setiembre Cobos recordó que Levín integraba una Federación de Empresarios del Transporte (FESTAP) que el 20 de marzo de 1976 (seis días antes del golpe) pidió a las fuerzas de seguridad que tomaran “acciones directas” contra los miembros de la UTA.

En este proceso también se juzga al ex jefe de la Comisaría 4°, Víctor Hugo Almirón. Ayer, junto a Cardozo, fueron los primeros acusados en llegar. De Bocos ya se sabía que no iba a asistir, y Levín se hizo esperar un poco pero se quedó durante toda la audiencia, mirando con insistencia a Cobos.

El comienzo no estuvo exento de tropiezos: la audiencia empezó una hora después de la prevista por dificultades en la conexión por videoconferencia mediante la que Bocos siguió el debate. Una sala llena, en la que se destacó la presencia de una única funcionaria, la directora del Centro de Atención a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, Julieta Calmels, esperó con paciencia y expectativa.

El abogado René Gómez enojado

René Gómez, que asiste técnicamente a Marcos Levín, se molestó ayer cuando el testigoVíctor Cobos recordó que el abogado fue defensor de unos empleados tucumanos de La Veloz que también fueron detenidos en enero de 1977.

Como Cobos dijo que conocía este dato por la lectura del expediente (al que tuvo acceso porque es querellante) el abogado comenzó un interrogatorio puntilloso sobre el contenido de la causa, lo que motivó la oposición de las querellas y del fiscal Francisco Snopek. La presidenta del Tribunal, Marta Snopek, rechazó las objeciones y se trenzó en una discusión con el fiscal, quien exigió una decisión del pleno del Tribunal. Entonces se pasó a un cuarto intermedio que Gómez aprovechó para quejarse ante el fiscal: “Yo quisiera ver si a vos te acusan públicamente en un juicio”, dijo antes de afirmar que no permitirá algo así.

Tras el cuarto intermedio, el querellante David Leiva explicó que en 1977 Gómez no aceptó la defensa de los tucumanos.

El defensor había empezado la jornada fastidiado porque en el reparto de lugares (escasos para los 2 fiscales con sus ayudantes, 5 querellantes y 3 defensores), se había quedado sin escritorio: “Por un principio de igualdad de las partes necesito tener algo. No puedo tomar notas”, reclamó. Marta Snopek le prometió darle comodidad en próximas audiencias.

Informe: Elena Corvalán

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