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MAFIA Y PROMISCUIDAD EN LA JUSTICIA

Denuncian a jueces, a directivos de Clarín y otros por la trama de Lago Escondido

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Autor: Saltalibre

Conmoción política por el viaje a Lago Escondido entre jueces, fiscales, empresarios de medios y funcionarios es total. Tal como había anuncia el presidente Alberto Fernández en la cadena nacional que brindó el lunes tras el escándalo, el gobierno nacional denunció a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros implicados en el vuelo a Lago Escondido por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas”.

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El presidente Alberto Fernández por cadena nacional tuvo un duro discurso contra los involucrados en el chat del Lawfare por el viaje a la mansión de Lewis. Calificó de “promiscuidad antirepublicana” la conducta de “algunos empresarios, jueces, fiscales y funcionarios, que hasta aquí se han sentido impunes”. “Es hora que empiecen a rendir cuenta”, afirmó. Las medidas que ordenó para esclarecer el escándalo que envuelve a sectores de la justicia y el empresariado.

Cadena nacional de Alberto Fernández sobre el escandaloso chat de Lago Escondido.

Por instrucción del presidente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Martín Soria presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento.

En el escrito presentado por el Ministerio de Justicia de la Nación, sin perjuicio de que en el devenir de la investigación resulten implicadas más personas, se denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas, en los términos de los artículos 248 y 259 del Código Penal, a:

Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10.

Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2.

Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9.

Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires

Mientras que sindica por ofrecimiento de dádivas en los términos del art. 259 del Código Penal a:

Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín.

Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis.

Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.

Los hechos a ser investigados tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido.

Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas. Según la información que tomó estado público, una vez concluido el vuelo, la comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido.

El escrito plantea que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

Al mismo tiempo evidencia que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.

Entre las múltiples medidas de prueba solicitadas en la denuncia del Gobierno Nacional, se requiere la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos.

El cuerpo de la denuncia argumenta que el escrito “responde al objetivo constitucional de preservar la independencia del Poder Judicial” y, en cuanto a ello, agrega que “se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse.

Es justamente la falta de reacción por parte del órgano disciplinario –en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política”.

AQUÍ: Los chats del escándalo

Asimismo, el escrito presentado por el ministro Soria contiene un pedido de tener al Estado Nacional por parte querellante: “gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del poder judicial de la nación.

El texto de Soria faculta al “Estado” en su conjunto asumir el rol de querellante a través del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como órgano del Poder Ejecutivo, la facultad de actuar en todos aquellos asuntos relacionados con el poder judicial y con el ministerio público”.

Primera denuncia presentada por el abogado Ortiz

La primera denuncia fue presentada por el abogado Luciano Ortiz, que se desmarcó de cualquier espacio político, ante el Consejo de la Magistratura apunta netamente a los cuatro jueces cuestionados, y no a los funcionarios públicos ni empresarios también protagonistas del hecho, por lo que fue presentada directamente al Consejo de la Magistratura, entendiendo que incurrieron en el “mal desempeño” de sus funciones por el que debería iniciarse su “remoción”.

Primero, cita que tanto Marcelo Silvio D’Alessandro, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y Juan Bautista Mahiques, Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le negaron al diario Página/12 que hayan realizado el viaje, “pero como se observa en la prueba documental (agregada presente), contradice lo desmentido, dado que sus nombres figuran en el formulario en el que consta la lista de pasajeros del vuelo privado en el que fueron todos”, incluidos los cuatro jueces denunciados.

Además, describe la nota publicada en Página 12, donde se publican los textuales de las concejalas de Bariloche y El Bolsón, Roxana Ferreyra y Rosa Monsalve, que respaldaron la visita de este grupo de funcionarios públicos a la mansión del magnate Joe Lewis, amigo del expresidente Mauricio Macri. Y agrega las fotos con la información del vuelo privado en el que viajaron, tomadas de un artículo de El Destape.

Todo esto se engloba en las acusaciones del kirchnerismo como una prueba más del lawfare, proceso en el que entienden una persecución sistemática y organizada hacia dirigentes y gobiernos populistas desde las esferas más altas de poder.

“Asimismo, el diputado Eduardo Valdez ya le había sugerido a Juan Bautista Mahiques que ponga a disposición su celular para que la Justicia lo audite. Dado que había sido denunciado por “Apretar a jueces y juezas para obtener fallos a la carta”, agregó Ortiz, detallando algunos de esos episodios por los que apuntaron al Fiscal General de la Ciudad.

“Entiendo que los magistrados denunciados deberían ya de por si explicar las razones, el porqué (sic), y la finalidad de haber compartido ese vuelo con ex personal de inteligencia y con ex funcionarios del gobierno anterior denunciados de por presionar jueces, y ser parte de lo que se denomina GUERRA JUDICIAL“, agregó Ortiz.

“¿Por qué viajaban?; ¿por qué en un avión privado?; ¿para qué viajaban y, más aún, todos juntos?; ¿quién pagó el vuelo?; ¿cómo se pagó el vuelo?; ¿adónde iba?; ¿cuántos días?; ¿cuál era el objetivo del vuelo?; ¿qué relación o vinculación los une?; ¿cómo volvieron?; ¿fueron a la mansión del Sr. Joe” Lewis?”, se preguntó en su denuncia Ortiz.

Y concluyó pidiendo que se cite a declarar a todos los funcionarios que participaron del viaje, además de cualquier material probatorio de las cámaras de seguridad de la PSA, y que se informe quién abonó el vuelo, entre otras medidas.

  • Fuente: Tiempo Argentino, Perfil y Telam

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