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La inflación en baja y una canasta de alimentos cada vez más cara

Según el informe "Changuito Federal" de la consultora Analytica, en septiembre del 2026, un carrito de supermercado con alimentos y bebidas básicos para una familia tipo (dos adultos y dos menores) en casi todas las provincias del país superó el millón quinientos mil pesos. Se registran diferencias de hasta 16% entre los distritos. En Salta el costo llega a $993.897, lo que representó una suba mensual del 4% respecto a agosto cuando la inflación de ese més fue del 1.7%.

Desestiman un amparo porque el desmonte ya había sido frenado

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La Jueza de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Graciela Carlsen, destimó una acción de amparo promovida por los representantes de las comunidades aborígenes Las Llanas-Pueblo Wichí y Misión Wichí Las Llanas que pretendían el cese definitivo de los desmontes y tala en dos catastros del departamento San Martín.
Para la Fiscalía de Cámara, no se acreditaron los actos u omisiones de los cuales surgiera una amenaza inminente de la producción de desmontes y por encontrarse en curso acciones penales y actuaciones administrativas promovidas en el mismo sentido, no habiéndose acreditado que tales vías no fueran idóneas para la protección del derecho lesionado.

Al analizar la situación de cada uno de los catastros, se comprobó que no existía autorización alguna para uno de ellos, mientras que en el otro se había autorizado un desmonte selectivo vigente hasta el 03/10/2010.

La Jueza de Cámara sostuvo la inexistencia de incumplimiento manifiesto al deber normativo de obrar. “Descartada ya la existencia de autorizaciones para desmontes en contravención a los mandatos legales, tampoco se ha aportado prueba de tolerancia a tales actividades supuestamente realizadas clandestinamente por terceros”.
En octubre del año anterior se paralizó el trabajo de una máquina que abría una picada en uno de los inmuebles, secuestrándose el equipo y la madera.

“No existen trabajos de desmontes ni actividad alguna de la que se pueda inferir la amenaza de talas en el área cuyos bosques nativos se pretende preservar de manera de configurarse la probabilidad del daño como alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos”, sostuvo la magistrada.

Redacción SL
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