La presidenta de Brasil habló tras ser suspendida en sus funciones presidenciales, se dirigió al pueblo tras conocerse la decisión del Senado que aprobó el inicio del juicio político en su contra y denunció “un golpe en su país”.
Expresó que “lo que está en juego en Brasil no es solo su mandato sino el respeto a las urnas, a la voluntad soberana de los 54 millones de personas que la eligieron y a la Constitución”.
En su mensaje también dijo que es un ataque “a las conquistas de los últimos 13 años, los beneficios para las personas más pobres y de clase media, la valorización del salario mínimo, los médicos que atienden a la población y la realización de una casa propia con el programa “Mi Casa, Mi Vida”.
“Este golpe es una amenaza no solo para la democracia sino para las conquistas que la población alcanzó en las últimas décadas”, destacó. Advirtió que el mayor riesgo para el país es ser dirigido por un Gobierno que no fue electo por el voto directo, que no tendrá la legitimidad para proponer e implementar soluciones para los desafíos de Brasil y que se podría ver tentado a reprimir.
“Un gobierno que nace de un golpe, de un juicio político fraudulento y que será en sí la gran razón para la continuidad de la crisis política”, expresó. Reiteró que el juicio político es una farsa jurídica en contra de una persona honesta y que la democracia joven del país no se merece lo que está ocurriendo. “No hay injusticia más devastadora que condenar a un inocente”, dijo.
Aseguró que no cometió ningún delito de responsabilidad, no tiene cuentas en el exterior, no ha recibido sobornos y que este ataque se debe a que nunca aceptó chantajes. Recordó además que desde que resultó electa la oposición inconforme buscó anular las elecciones, luego pasó a conspirar abiertamente por el juicio político hasta hundir al país en una inestabilidad política con el único objetivo de tomar por la fuerza lo que no pudieron lograr en las urnas.
La mandataria subrayó que en nombre de todo el pueblo luchará con todos los instrumentos legales para ejercer su mandato hasta el final. “Tengo la seguridad de que la población sabrá decir no al golpe. Nuestro pueblo es sabio y tiene la experiencia histórica”, acotó.
Llamó a los brasileños a mantenerse unidos y en paz porque la lucha contra el golpe es larga, se puede vencer y “nosotros vamos a vencerla”. “Esta victoria depende de todos nosotros, vamos a mostrarle al mundo que hay millones de defensores de la democracia”, aseveró.
Crónica de la suspensión
Rousseff, que desde hoy se verá obligada a separarse de su cargo por 180 días, publicó unos vídeos de la intervención de su abogado defensor, José Eduardo Cardozo, quien “recordó que se usan pretextos jurídicos para sacar del poder a una presidenta legítimamente elegida, en una injusticia histórica”.
El Senado aprobó la noche del miércoles 11 de mayo la ejecución del juicio político con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado).
En este período las autoridades brasileñas se encargarán de encontrar las pruebas que no fueron presentadas ni en la Cámara baja, ni en el Senado y que pese a ello fue aprobado el juicio político, un hecho que es considerado por analistas como un golpe de Estado a una mandataria electa a través del voto popular por más de 50 millones de personas.
¿De qué se la acusa?
La acusación contra Rousseff es la supuesta violación de normas fiscales al presuntamente incurrir en maniobras contables “ilegales” para “maquillar” los resultados del gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
El Abogado General de la Unión, José Eduardo Cardozo, ha dicho que este proceso contra Rousseff carece de los requisitos legales mínimos, como la indudable comprobación de un “delito de responsabilidad”. El juicio político contra Dilma fue aprobado el pasado 17 de abril por la Cámara de Diputados con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausencias.
Luego pasó al Senado (de mayoría opositora) donde una comisión especial conformada por 21 senadores se encargó de analizar el caso y el 6 de mayo votó a favor del informe de su relator, Antonio Anastasia, quien recomendó que el proceso avanzara hacia la destitución.
