Cuando aún no culminaron las investigaciones judiciales por fraude a la administración pública que se tramitan en el Juzgado de Instrucción Formal 4ta. Nominación, el Centro Cívico Municipal parece completar la secuencia polémica con la contratación del mobiliario que le costaría al ciudadano 6 millones de pesos.
La Unión Cívica Radical interpuso una denuncia hace aproximadamente seis meses ante el Procurador General de la Provincia, que fueremitida a la Fiscal Penalnº 3, Dra. Emma Puente. Ésta promovió acción penal y actualmente el expedienteha avanzado con pedidos de informes, la declaración informativa de la Secretaria Generalde la
Intendencia Dra. Estela Noemí Soto, y una pericia de tasación que estará a cargo de la Arquitecta Bouidde Ryan en su carácter de perito oficial de la Corte de Justicia de Salta.
Este dictamen resulta de singular relevancia paraestablecer si existe el millonario desfasaje que denunció el radicalismo conrelación a las cotizaciones sobre las que fundó el municipio capitalino la transacción.
La postura de este partido estuvo avalada con valuacionesrealizadas por la Cámara Inmobiliariade Salta. Mientras el Intendente sostuvo con tres tasaciones que el inmueble que entregó el empresario Roque Lozano valía $21.300.000, la Cámara sostuvo que nosuperaba los $12.000.000.
En igual orden de diferencias, el edificio de La Florida 86 –uno de los cinco inmuebles que se permutaron- fue tasado en $3.000.000, mientras que laentidad que agrupa a las inmobiliarias se pronunció por una valuación queoscila entre los 9 y 10 millones de pesos.
A pesar del inicio de una pesquisa penal, el intendente Miguel Isa prosiguió aceleradamente con las obras en el local de Avenida Paraguay al 1.200, habiendo contratado empresas de manera directa y obviando los procesos de licitación y concurso de precios.
Ningún reparo se ha hecho público por parte del Tribunal de Cuentas Municipal que tiene a su cargo el control externo y que luce como sometido políticamente a los designios del Departamento Ejecutivo.
Mucho menos, se advierten quejas o gestiones preventivas del procurador Municipal, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta o el Defensor del Pueblo.
Los que profesan afinidad política con el justicialismo que gobierna la comuna, instalan por lo bajo que llegaron a la encrucijada entre la lealtad política y la ética pública y optaron por la primera.
Aunque lastime, no puede sino concluirse que han encontrado
una excusa para contribuira la impunidad. En estos días, algunas versiones indican que tambiénse ha ocurrido a la vía de la contratación directa para adquirir el mobiliario del palacio municipal.
La nueva contratación podría involucrar una cifra cercana a los seis millones de pesos. Este proceder, nuevamente, afecta el sistema decontrataciones que se rige por la Ley Provincial 6.838 y que admite sólo como excepción este tipo de contrataciones. Indudablemente, el arbitrio de este gobernante no se compadece con los procesos que se sustentan en la apertura de convocatoria, transparencia y paridad de condiciones.
El estrecho vínculo que une a Miguel Isa con Juan Manuel Urtubey parece galvanizarlo de cualquier proceso judicial. Las pruebas están al canto si partimos de considerar que, desde el tercer poder del Estado Provincial, no se ha apresurado la marcha inquisitiva y se permitió que el alcalde instalara sus aposentos en un inmueble que es el centro de sospechas de la comisión de una estafa.
