El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta condenó el lunes 28 de marzo a 12 años de prisión al empresario Marcos Jacobo Levín y a los policías retirados Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, mientras que el policía retirado Enrique Cardozo fue condenado a ocho años de prisión. Los cuatro fueron declarados responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravada, por la detención y las torturas de las que fue víctima Víctor Manuel Cobos en enero de 1977.
En una decisión por mayoría, con los votos de los jueces Federico Díaz y Carlos Jiménez Montilla, el Tribunal declaró al empresario partícipe necesario de estos hechos. Almirón fue declarado coautor mediato y Bocos y Cardozo, coautores materiales, es decir que fueron los ejecutores de la detención y torturas. El juez Gabriel Casas no estuvo de acuerdo en la calificación de privación ilegítima de la libertad y votó por penas sensiblemente menores.
En enero de 1977 una quincena de empleados de La Veloz del Norte fueron acusados por una presunta estafa a la patronal y fueron detenidos, torturados y obligados a firmar confesiones falsas. El juicio se hizo solo por la detención de Cobos, los hechos sobre los otros empleados esperan una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para avanzar en el proceso.
La sentencia fue leída por la secretaria de Derechos Humanos del TOF, Denise Blajent Bent, pasadas las 16:30, la hora que había fijado el presidente del Tribunal, Díaz, para dar a conocer el veredicto. Una sala colmada escuchó la lectura en un silencio que permitió escuchar la ovación de los militantes políticos y de derechos humanos que escuchaban desde la calle cuando se leyó el punto que daba cuenta de la condena a Levín.
Por mayoría los jueces rechazaron primero las peticiones de las defensas: “no hacer lugar a la prescripción de la acción penal y en consecuencia declarar a los hechos juzgados como pertenecientes a la categoría de delitos de lesa humanidad”, “no hacer lugar al planteo de nulidad en relación del requerimiento de elevación de la causa a juicio” y en cuanto a las acusaciones por indeterminación de la acusación.
Enseguida se enumeraron las penas: condena de 12 años de prisión para Almirón en calidad de “coautor mediato”; de 12 años para Bocos, como “coautor material”; 12 años para Levín, en calidad de “partícipe necesario”, y de 8 años para Cardozo, como “coautor material”. Los fundamentos de la decisión se conocerán el 25 de mayo, a las 12, informó la secretaria y concluyó la sesión. Entonces en la sala prorrumpió el grito: “¡30 mil compañeros desaparecidos! ¡Presentes!”.
Levín se convirtió así en el primer empresario condenado en el país por su participación en actos de terrorismo de Estado. Se lo acusó de haberse valido del aparato represivo estatal para disciplinar a los trabajadores de La Veloz del Norte, que por entonces le pertenecía, y obtener también beneficios económicos, como la explotación de más rutas comerciales.
Una puerta a nuevos procesos
La sentencia fue bien recibida por Víctor Cobos, quien participó de este proceso como querellante, junto a la organización Encuentro Memoria Verdad y Justicia. También los abogados David Leiva, Susana Aramayo y Oscar Rodríguez, de las querellas, consideraron positivo el fallo. En términos parecidos se expresaron los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila, si bien aclararon que esperarán a conocer los fundamentos para decidir si apelan. Las defensas ya habían adelantado que apelarían un posible fallo de condena.
Cobos consideró que el fallo “abre las puertas a mucha gente que ha sufrido en manos del terrorismo de Estado” y cuyos ejecutores “estaban amparados por empresarios”. “Espero que esto sirva para que muchos empresarios (sean juzgados), y muchos que fueron afectados en aquella época salgan a denunciar y no tengan miedo, porque van a tener el apoyo de los derechos humanos”, se esperanzó.
Ni bien se levantó la audiencia Cobos se abrazó con abogados y los militantes cercanos. Enseguida alabó a los dos jueces que fallaron a favor de la condena por ambos delitos: “No tuvieron miedo de dictar una sentencia como la que realmente esperábamos”, festejó. “Agradezco a dios y a toda la justicia. No hay que bajar los brazos para que se haga justicia por todos los desaparecidos”, convocó.
Similares expresiones tuvo minutos después al hablar en el acto que se improvisó en la calle Deán Funes, donde bandas locales amenizaron la espera, y donde también hablaron, y festejaron los abogados querellantes. “Hoy este sentencia vino a traer una verdad escrita y formal”, afirmó David Leiva, quien explicó que los empresarios que formaron parte de la dictadura se beneficiaron quedándose con la mayor parte de la renta, con la derogación de gran parte de la ley de contrato de trabajo y con la cesación de los reclamos laborales.
“Totalmente inocentes”
Los cuatro acusados coincidieron ayer en declamar su inocencia ante el Tribunal Oral Federal de Salta. Fue al comienzo de la audiencia, que comenzó puntualmente a las 15, cuando el presidente, Federico Díaz, cumplió con el rito de preguntarles si querían decir algo antes de que el Tribunal pasara a deliberar. Los cuatro dijeron que sí.
Víctor Hugo Almirón fue el primero: Pidió disculpas “por las molestias que he podido ocasionar” y enseguida se declaró inocente: “En toda esta causa no tengo nada que ver”, aseguró antes de afirmar que confía “en la Justicia” y “sobre todo, confío en Dios”.
“Me siento totalmente inocente”, aseguró a continuación Víctor Bocos, y pidió que “realmente se haga justicia”.
Enrique Cardozo también aseguró que no tiene “nada que ver” con la acusación. Levín cerró las intervenciones: “Soy totalmente inocente”, sostuvo.
Sustentos de la acusación
El coordinador del Programa Verdad y Justicia, Beinusz Smukler, se contó entre los funcionarios nacionales que escucharon la lectura de la sentencia. Entre el público se destacó la presencia de Sonia Rey, ex empleada de La Veloz del Norte que se contó entre los detenidos de enero de 1977 y ha sido una de las testigos que sustentó la acusación. También participaron militantes de organismos de derechos humanos de Metán, Jujuy, Tucumán y La Plata.
No hubo detención irregular
El juez tucumano Gabriel Casas votó en disidencia, considerando que no hubo privación ilegal de la libertad. Aunque no se conocieron las razones para esta decisión, se supone que interpretó que la actuación de los policías de la Comisaría 4° estuvo enmarcada en las normas legales de la época, que permitían a la Policía realizar allanamientos y detenciones sin participación de un juez.
Casas sí estuvo de acuerdo en que los cuatro acusados son responsables de la aplicación de tormentos, pero votó por penas sensiblemente menores, sobre todo para Levín, para quien votó por una pena de 3 años de prisión en suspenso, en calidad de “cómplice secundario”.
Para los policías votó por penas más duras: 8 años de prisión para Almirón y Bocos, y 6 años para Cardozo.
–Informe Elena Corvalán
elenac75@yahoo.com