La Corte de Justicia de Salta calificada como “Romerista”, rechazó el recurso de casación y avaló la el fallo contra el periodista José Acho dictada por el juez Marcelo Torres Gálvez quien ya condenó a otros periodistas locales, entre ellos a Sergio Poma. Esta sucesión de condenas confirma a Salta como zona de riesgo para el ejercicio del periodismo contrario a los “amigos del poder político” y a una corte mayoritaria de jueces locales cuestionados por sus relaciones con la década del romerista y su continuidad Urtubeísta.
La fecha que la Corte Provincial ratificó el fallo por calumnias e injurias figura llamativamente un día antes del 12 de febrero de 2010, que había ingresado un pedido de prescripción de la causa de su abogado Fernando Chamorro, porque no se había aplicado la última Ley que despenaliza los delitos de calumnias e injurias, que excluye la calumnia cuando hay intereses públicos de por medio.
La ratificación de esta condena no sorprendió al acusado ni a su abogado por la consabida identificación y cuestionamientos jurídicos y políticos de la mayoría de los componentes del Tribunal que debía desestimar o ratificar el fallo en la causa promovida en la Justicia salteña por el cantante Oscar Esperanza “El Chaqueño” Palavecino. (Leer “Salta zona de riesgo para el periodismo”)
La condena de dos años de prisión en suspenso (no efectiva) a José Acho, director de este periódico digital Salta Libre y miembro directivo de la Asociación de Periodistas de Salta (APES), es la más dura aplicada en Salta a un periodista. Poma fue condenado a un año de presión en suspenso. Además de éste antecedente, Acho debería pagarle al Chaqueño Palavecino $20.000, más las costas del juicio.
La causa no llegó a su fin
A pesar de los fallos de los jueces provinciales en contra, la causa aun no llegó a su fin como se dice en otros medios. Para el último tramo queda el recurso extraordinario, y para este, al trabajo del abogado de la defensa Fernando Chamorro, se sumó el abogado Pedro García Castiella, miembro de la Red de Derechos Humanos.
Ambos letrados anticiparon que al mismo tiempo de promover los recursos presentados con anterioridad en el juzgado, y analizar el rechazo del recurso de casación, el nuevo fallo será recurrido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; de acuerdo a los plazos estipulados al último fallo (díez días hábiles).
El periodista en base a publicaciones locales y nacionales, denunció en esta página que el folclorista había alambrado tierras fiscales (en litigio) de posesión ancestral de criollos e indígenas Wichis, cedidas por el anterior gobernador Juan Carlos Romero a su familia en los lotes 55 y 14 en Santa Victoria Este.
Los antecedentes surgieron de una entrevista publicada en el diario Clarín al ex intendente Lucio Rojas, a informes de la Fundación Asociana, la Asociación de Comunidades Indígenas “Lakha Honhat”, testimonios de indígenas afectados y caciques de la zona.
Palavecino negó que tuviera tierras y que haya alambrado y le inició en el 2007 un juicio por calumnias e injurias que recayó en el juzgado Correccional y de Garantías Tercera Nominación a cargo del juez Marcelo Torres Galvez.
Nulidad y defensa vulnerada
El chaqueño argumentó que esa denuncia pública le había causado un “daño” a su honra y honor por la imagen de usurpador de las tierras de los indígenas wichis de la zona.
Con la condena a dos años de prisión en suspenso y el pago de 20 mil pesos en concepto de resarcimiento civil, el juez Torres Gálvez había accedido a la posición de los defensores del Chaqueño, rechazando los argumentos de nulidad del doctor Fernando Chamorro, abogado de José Acho, en el sentido que se afectó el derecho de defensa y un llamativo aceleramiento del proceso de manera indebida contra el querellado.
La defensa entende que el juez no respetó en el debate el principio de bilateralidad del debate y que la querella no probó que el querellado tuviera conocimiento de que fueran falsas las afirmaciones vertidas.
Destaca que las acusaciones son contradictorias porque no demandó a ninguno de los medios de prensa que publicaron las mismas afirmaciones que el imputan a su defendido.
Finalmente consideró que en las condiciones mencionadas, el fallo recurrido resulta arbitrario por lo que debía ser declarado nulo, porque las publicaciones no tenían entidad suficiente para imputarle los delitos de calumnias e injurias.
Las publicaciones periodísticas por el alambrado y el reparto irregular de tierras en lotes fiscales 55 y 14, es un reclamo ancestral de los habitantes criollos y originarios que se aceleró en el gobierno de Juan Carlos Romero y aun permanece sin resolver en el gobierno de Juan Manuel Urtubey.
Por este conflicto la Asociación de Comunidades Indígenas tiene hace más de una década, un juicio internacional con el Estado Provincial.
