Esta reciente revocación de su absolución de la Cámara Federal de Casación Penal, no es solo un acto judicial es un espejo del horror que refleja las complicidades políticas que lo sostuvieron. Nazario integró el engranaje represivo que culminó con el asesinato de 17 personas secuestradas en el centro clandestino de detención “El Olimpo” el 6 de diciembre de 1978. La justicia, al revocar su absolución marca un límite. Pero también hay que subrayar las responsabilidades políticas que lo ampararon.
El caso Nazario es un recordatorio de que la impunidad se alimenta del silencio. Que un represor haya sido legitimado por el Estado provincial significa que la impunidad no se construye únicamente en tribunales, sino también en despachos oficiales, con firmas y sellos que lo habilitaron a decidir sobre la seguridad vida pública que bastardeó con la crueldad de sus actos.
Un funcionario del poder
Nazario no fue únicamente un represor durante la dictadura. En democracia, ocupó cargos como funcionario bajo la gestión del ex gobernador Juan Carlos Romero, lo que revela la persistente naturalización de figuras vinculadas al genocidio dentro de las estructuras estatales. Su presencia en el gobierno provincial fue parte de una red de poder que recicló viejos cuadros de la represión en la administración pública, otorgándoles legitimidad institucional.
La justicia frente a la política
Esta revocación de la absolución muestra que con demoras, la justicia que avanza en la condena de los crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, la política que durante años permitió que personajes como Nazario se mantuvieran en espacios de decisión de un gobierno supuestamente democrático a pesar de las denuncias judiciales y periodisticas publicadas durante años en los medios. Salta Libre fue uno de ellos.
«Los vuelos de la muerte«
La confirmación de la condena a Nazario está relacionada con las responsabilidades de quienes lo sostuvieron en cargos públicos. La figura del ex gobernador y luego senador Romero aparece aquí no solo como parte de un entramado que habilitó la continuidad de la impunidad que convivió con la legitimación de quienes participaron en el exterminio como fue el caso de los conocidos «vuelos de la muerte«.
La nueva resolución judicial consideró acreditado que Nazario integró el engranaje represivo que culminó con el asesinato de 17 personas secuestradas en el centro clandestino de detención “El Olimpo” el 6 de diciembre de 1978.
Nazario tiene hoy 77 años. En aquella época se desempeñaba en la Dirección de Inteligencia de Gendarmería y operaba en El Olimpo bajo el alias de “Estévez”. Según la investigación judicial, cumplía funciones de enlace entre el Grupo de Tareas 2 y la Central de Reunión de Información del Batallón de Inteligencia 601.
Para los magistrados, su rol dentro de la estructura represiva resultó clave en los llamados “traslados”, nombre utilizado por la dictadura para encubrir asesinatos de detenidos desaparecidos. Nazario ya había quedado públicamente señalado en 1997, cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad de la provincia de Salta. El 12 de junio de ese año presentó su renuncia luego de ser reconocido por un exgendarme y por sobrevivientes como integrante de un grupo de tareas que operó en El Olimpo.
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