El estudio elaborado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) entre abril y mayo de este año y alcanzó a 1.000 hogares de distintos barrios populares de la capital salteña. La preocupante situación se define como un escenario de “hambre crónica” porque uno de cada cuatro hogares suprime una comida principal de forma cotidiana, cifra que supera cualquier parámetro tolerable de emergencia alimentaria.
La encuesta fue realizada mediante entrevistas cara a cara e incluyó barrios populares del sudeste, este, norte y oeste de la capital de Salta, entre ellos Solidaridad, Gauchito Gil, Urkupiña, Israel, 20 de Junio, Villa Juanita, Villa Primavera, El Pilar, Palermo y otros barrios populares consolidados.
El relevamiento realizado entre el 5 y el 16 de mayo mediante encuestas domiciliarias advierte una caída alarmante en el consumo de nutrientes esenciales. La lógica de supervivencia ha desplazado a las recomendaciones nutricionales. El 60,9% de los hogares dejó de comprar carne o pollo, el 50,8% resignó los lácteos y el 42,2% dejó de adquirir frutas y verduras frescas.
En los hogares prevalece el reemplazo de los alimentos escenciales por carbohidratos. Lo que se consume son alimentos de menor valor nutricional y mayor capacidad de saciedad rápida (como harinas y grasas), con el objetivo principal de evitar que los menores se vayan a dormir con hambre.
Todo esto se debe a la brecha de ingresos y el endeudamiento de las familias de barrios populares de Salta. Casi el 60% de las familias no logra cubrir sus necesidades básicas, viéndose obligadas a endeudarse para poder acceder a los alimentos o reducir porciones.
Más empobrecimiento
El deterioro económico va más allá de los sectores históricamente más vulnerables, atraviesa barrios periféricos críticos, barrios populares consolidados y sectores afectados por procesos recientes de empobrecimiento vinculado con la destrucción de empleo formal e informal.
Además se lo atribuye a la caída sostenida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones por encima de la inflación, el cierre y reducción de pequeñas y medianas empresas y el desmantelamiento de programas sociales nacionales vinculados con la asistencia alimentaria y la inserción laboral.
“La crisis alimentaria ya no es una proyección. Es el presente”, advierte el ICEPI.
