Desde ciertos medios, o multimedios, plutócratas arribados a la política nacional, ajustándola al talle de su mediocridad e intereses pecuniarios, pregonan que resulta imperioso recrear en la Argentina una suerte de Pactos de la Moncloa.
Quizá ignoren que el instrumento suscripto en Madrid el 27 de octubre de 1977, tuvo consenso mayoritario entre la dirigencia y los partidos con representación parlamentaria, sobre todo en sus lineamientos económicos cuando soportaba aquella Nación una tasa inflacionaria de casi el cincuenta por ciento anual.
En cambio contaron con menos adhesión los acuerdos sobre cuestiones jurídicas y políticas concernientes a otras reformas democráticas: el reconocimiento de la libertad de prensa, el derecho de reunión y asociación y ciertas modificaciones a la legislación penal, como la despenalización del adulterio y el amancebamiento, cuestiones todas que se abstuvo de suscribir el derechista Partido Popular bajo el liderazgo de Manuel Fraga Iribarne.
Tal vez, entonces, a lo que apunta esta campaña “moncloense” es más bien a emular aquí la ley Nro. 46 de amnistía “de todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas”, votada por las Cortes y sancionada por el Rey Juan Carlos el 15 de octubre de 1977. O sea un imposible retrotraer y desplazar la realidad argentina al minuto cero de la lejana y ajena transición posfranquista, y sólo para el caso con la subalterna intención de garantizar la impunidad de los violadores nativos de los derechos humanos.
Aclarado lo que antecede, queda en evidencia con el vergonzoso proceso seguido contra el juez Baltasar Garzón, que parte de lo actuado en España en concordancia con el espíritu aperturista de la transición piloteada por Adolfo Suárez, fue algo así como una tabla de salvación, sin duda idónea en su momento y su contexto para salir de una dictadura de casi cuatro décadas, pero que viene a ahogar hoy muchas expectativas de verdad, memoria y justicia, precisamente en un instaurado ya Estado de Derecho que debiera garantizar y hacer efectivos esos valores de la civilización, mal que les pese a las derechas cavernícolas y al mismísimo Cardenal Arzobispo de Madrid y presidente de la Comisión Episcopal Española, Monseñor Antonio María Rouco Varela, que ante la investigación de los crímenes del franquismo expresó “que a veces es necesario olvidar (…) para purificar la memoria”(¡!). Será que una cosa era juzgar a las dictaduras latinoamericanas o al terrorismo separatista y otra poner el dedo en la llaga de la propia y no cerrada historia española reciente.
Sin embargo, también en nuestro país tenemos lo nuestro y hay formadores de opinión que acentúan que la destitución de Baltasar Garzón es un tema privativo de la judicatura peninsular y que gestos como el de la Presidenta de la Nación de concurrir a saludar al ex magistrado otrora amenazado por la ETA y las mafias del narcotráfico que investigó, constituye una intromisión intolerable en el libre juego de las instituciones de otro Estado.
Más allá pues de la asepsia pilatuna pregonada, en el fondo de lo que se regodean es que a treinta y cinco años de la muerte del “Caudillo”, algo siga atado y bien atado: la página negra de la represión.
Y qué decir sobre las cartas de lectores que en consonancia con ciertas líneas editoriales hacen gala del más anacrónico reaccionarismo.
Como en una de ellas, aparecida en La Nación el 22 de mayo del corriente, se recomendó con mofa a Garzón leer “durante su forzado retiro la vida de los santos y los mártires españoles, comenzando con San Héctor Valdivielso Sáez” -el miembro de la orden lasallana nacido en Buenos Aires, en el barrio de Boedo, el 31 de octubre de 1910 y asesinado por milicianos comunistas, junto a varios otros hermanos de esa congregación, en el año 1934 durante la Revolución de Asturias, una revuelta previa a la Guerra Civil Española-, repliqué yo con otra carta al matutino.
Allí sin impugnar de manera alguna la referencia a la memoria de San Héctor, ante cuya imagen suelo rezar en la porteña Iglesia de San Nicolás de Bari, parroquia que en su anterior emplazamiento fue testigo de su bautismo a los tres años de edad, traté de complementar otros datos sobre el luctuoso tema de los crímenes de religiosos durante la contienda.
Mi correo no fue publicado en La Nación y en cambio apareció en Tiempo Argentino el 29 de mayo, con nuevo texto donde resalté que “la Tribuna de doctrina” pasaba por alto aclaraciones a lo dicho cuanto menos con ligereza en la sección de Cartas de Lectores, sobre quien ordenó nada menos que la detención de Augusto Pinochet en Londres.
Porque víctimas y mártires, victimarios y asesinatos hubo en ambos bandos y no es que se trate de oponer muertos a otros muertos, sino de ejercitar la memoria de manera imparcial. Por ejemplo, con el recuerdo del Padre Muiño, capellán del Hospital de Toledo y sacrificado allí a machetazos el 27 de septiembre de 1936 por los “caballeros” de la Legión.
El del Padre José Pascual Duaso, párroco de Loscorrales (Huesca), muerto por falangistas el 22 de diciembre de 1936. O el de los sacerdotes vascos fusilados por los “nacionales” en circunstancias que denunció ante Pío XI el entonces Obispo de Vitoria Mateo Múgica Urrestarazu (1870-1968), autor del libro “Imperativos de mi conciencia” editado en Buenos Aires y uno de los dos únicos prelados -el otro fue el Arzobispo de Tarragona creado Cardenal en 1921, Francisco de Asís Vidal y Barraquer (1868-1943), un defensor de la lengua catalana y de su empleo en las homilías- que se negaron a firmar en julio de 1937 la Carta Colectiva del Episcopado Español redactada por el Cardenal Isidro Gomá y Tomás, aquel purpurado que llamó “Cruzada” a la rebelión apoyada por Hitler y Mussolini contra la Segunda República.
En cuanto al tema del fusilamiento de los sacerdotes y religiosos vascos por las tropas del general Emilio Mola -el jefe rebelde que a su muerte en 1937, en un accidente de aviación, vivó Manuel Machado: “Mientras repite la gloria: / ¡Emilio Mola! ¡Presente!”-, dio lugar a que Pío XI enviara a Euzkadi a Monseñor Hildebrando Antoniutti con el fin de proteger al clero del país y hasta llegara a lamentarse el propio Pontífice frente al hecho de que “en la España de Franco se fusila a los sacerdotes igual que en la zona republicana”, según consigna el historiador eclesiástico Hilari Raguer, de la Abadía de Montserrat, que investigó en los archivos vaticanos los informes secretos de Monseñor Antoniutti.
Pero si para entonces sólo hubo lamentaciones de Aquiles Ratti (Pío XI) y algún tibio pedido de Monseñor Gomá a Franco para que parara “la sangría de los curas”; después, durante décadas, se extendió sobre esos y otros mártires el olvido, y no sólo el previsible de los vencedores sino también el increíble de las jerarquías de la Iglesia. Recién en julio de 2009, los prelados de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, Monseñores Ricardo Blázquez, Mario Iceta, Juan María Uriarte y Miguel Asurmendi, celebraron una misa en la Catedral de Vitoria en conmemoración de los sacerdotes que “habiendo sido ejecutado por los vencedores, han sido relegados al silencio”.
Sus nombres son: José Adarraga Legorburu, Gervasio Albisu Bidaur, Joaquín Arín Oyarzábal, José Ariztimuño Olaso, Leandro Guridi Arrazola, Joaquín Iturricastillo Aranzábal, Martín Lecuona Echabeguren, José Marquiegui Olazábal, Alejandro Mendikute Liceaga, Celestino Onaindía Zuluaga -de quien se dice cayó bajo las balas entonando el Tedeum-, José Otano Miguélez, José Ignacio Peñagaricano Solozábal, José Sagarna Uriarte, León Urtiaga Elezburu, Antonio Bombín y Aniceto de Eguren.
Aunque cabe subrayar que en el tomo I del “Diccionario de la Guerra Civil Española” (Editorial Planeta, Barcelona, 1987, página 195) de Manuel Rubio Cabeza, en la voz “Clero Vasco”, además de los anteriormente citados se menciona el ajusticiamiento de otro sacerdote “llamado Luco o Lupo, y (de) un colegial carmelita de Larrea, que fue hecho prisionera en Villarreal y que, muy probablemente, fue sacado de un hospital de Vitoria y fusilado momentos después.
Para todos ellos cabe aguardar, con renovada esperanza, el homenaje de Benedicto XVI en su anunciado viaje a Madrid en 2011, si es que no considerara del caso exaltar antes incluso sus virtudes cristianas vividas en grado heroico y en consonancia con lo manifestado por el Evangelista San Juan: “no hay mayor amor que dar la vida por los amigos”. O sea por el pueblo.
- Carlos María Romero Sosa es abogado, escritor y periodista.
Blog: http://poeta-entredossiglos.blogspot.com
