El pedido de destitución formalizado en contra del Juez Carlos Herrera luce como un episodio violento que sumerge en la sospecha al Ministerio Público. En un gobierno cuya cabeza declama republicanismo en cada micrófono que encuentra, ya puede afirmarse que la decisión de Pablo López Viñals ataca de manera directa la independencia de los poderes.
Agrava la situación la torpeza con que se confeccionaron los partes de prensa de la Procuración General, en los que llegó a afirmarse que a Herrera le habían redactado una sentencia. El que imputa alegremente la comisión de un delito, no ha interpuesto la denuncia penal correspondiente, tal vez porque no tiene pruebas.
Peor impresión causó la confesión de una periodista de un medio gráfico que puso en evidencia que, a la par que se le remitió un mail con el parte oficial, una encargada de prensa la llamó telefónicamente e improvisó un diálogo en el que sugirió la existencia de un comercio de sentencias.
Cuál es el justificativo para distorsionar el contenido de la acusación y someter a escarnio anticipado al juez involucrado? Cuál es el límite para inclinar la opinión del ciudadano común en situaciones polémicas? La sobreactuación, que es el patrón de conducta del titular del Poder Ejecutivo, ha migrado hacia el tercer poder del Estado o, lo que es peor, ya no se advierte cuál es la barrera que los divide.
El poco feliz comunicado también difundió que los antecedentes sobre los que se funda la petición de remoción provienen de la Corte de Justicia. De ser cierto, quizás éste constituya una de los aspectos más preocupantes de la secuencia, pues emergería con claridad que el tribunal superior inició una investigación sin marco legal y con eventual violación de los derechos del magistrado.
De haber actuado bajo órdenes de su superior, las encargadas de comunicar el planteo del Procurador General desnudan una práctica goebbeliana que desprestigia las altas esferas del Ministerio Público. De no existir la instrucción infame, López Viñals debiera sancionar a estos aprendices del periodismo y aclarar que no existen semejantes diferencias entre lo que se envió a los medios y lo que efectivamente pidió al Jurado de Enjuiciamiento.
El espectro político no duda sobre los motivos que generan la repugnancia urtubeysta para con Herrera. El caso “SAETA” no se menciona en la acusación pero es el detonante que los obliga a transitar un sendero aberrado. Paradójicamente, no se ha investigado al presidente de esta empresa que pagó $25.000 para pagar la publicidad del PJ sin justificar el origen de los fondos. Mientras los urtubeystas ejercen la represalia contra el juez que no respetó el monopolio propagandístico de Yarade, la Corte de Justicia aprovecha para enviar un mensaje contundente a quienes abren sus puertas a los despotricadores judiciales.
Frente a un hecho que compromete a uno de sus matriculados, llama la atención el silencio del Colegio de Magistrados. Ninguna autoridad de esa institución se animó siquiera a comunicarse con Herrera y, por lo visto, harán la del avestruz. Una manifestación clara de que la solidaridad se mudó sin fecha de retorno de esta institución y que no calibra que a la vuelta de la esquina acecha otra acusación cuando se consiente el autoritarismo.
La caza de brujas ha golpeado esta semana la puerta de un juez requerido por numerosos abogados del foro para interponer amparos. En una provincia donde la justicia es dependiente del poder político, son pocos los magistrados que se animan a intervenir en este tipo de juicios, en los que se busca velocidad para restablecer derechos y garantías normalmente sacrificados por funcionarios indolentes.
Un cúmulo de abogados se dirige a los mismos lugares en situaciones de urgencia y esto no autoriza a sospechar que existen asociaciones ilícitas. La Constitución Provincial otorga a quienes interponen un amparo la posibilidad de elegir juez y está claro que los letrados buscan a los probos o valientes que escasean. No supera los dedos de una mano la cantidad de jueces autónomos y tal vez esa condición ahora se convierta en una cruz.
Herrera prefirió en cada instancia abocarse antes que buscar las excusas que caracterizan a gran parte de sus pares. Puede haberse equivocado pero esto no habilita a destituirlo sólo por los criterios expuestos en sus fallos. El inquisidor ha puesto sobre el tapete siete fallos en los que considera que invadió competencias o incumplió con sus deberes. También debiera ventilar que de aproximadamente 330 amparos que resolvió, 300 de sus fallos fueron confirmados por la Corte que ahora lo oprime casi clandestinamente.
Para muchos, el fiel de la balanza está inclinado y nada impedirá que se destituya al magistrado. El poder acumulado por Urtubey no tiene contrapeso y la conformación del Jurado de Enjuiciamiento indica que casi todos sus miembros están dentro del radio de influencias políticas.
La ironía también ha subido a escena. Entre los miembros del Jurado de Enjuiciamiento aparece Gustavo Adolfo Ferraris, el abogado cuya “aptitud ética y técnica” fue cuestionada por la mayoría del foro salteño y que la virtualidad del poder consideró idóneo para integrar el máximo tribunal de justicia. En la Corte también se apoltrona otro juez que cuenta con dos causas penales en la justicia federal y que hacen lucir la acusación de López Viñals como un pecado venial.
Debiera ser extraordinario que un magistrado tema dictar una sentencia que restablezca derechos lesionados por los arbitrarios de turno. En la Salta de Urtubey, carente de gestión y con alta propensión al abuso institucional, los jueces imprevisibles configuran un peligro y ha iniciado una avanzada que se asemeja al estilo que impuso el padre del Gobernador hace una docena de años en el Poder Judicial. En aquel entonces, un bisoño secretario de superintendencia ya mostraba dotes para controlar el horario de ingreso de los jueces y darle celeridad a las sanciones. Como diría un catalán, nunca es triste la verdad…lo que no tiene es remedio.
