El juez de Garantías de Cuarta Nominación de Salta, Diego Rodríguez Pipino, hizo lugar a la medida cautelar de embargo preventivo solicitada por la Fiscalía en la causa que se le sigue al senador nacional Juan Carlos Romero, por presunto enriquecimiento ilícito.
Según se informó en el Poder Judicial de Salta se trata de la causa «Romero, Juan Carlos por enriquecimiento ilícito de funcionario público», en cuyo marco serán embargadas dos propiedades de las compañías Jucaro SA y Loma Balcón SA.
El imputado tiene participación societaria en ambas sociedades, según quedó acreditado en el legajo de investigación con copias de sus mismas declaraciones juradas.
El pedido fue realizado por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, que oportunamente señaló que se formuló decreto de citación a audiencia de imputación en contra de Juan Carlos Romero, atribuyéndole provisionalmente el delito de enriquecimiento ilícito.
Esto «toda vez que de la evidencia recogida surge que el investigado mediante personas interpuestas para disimularlo, habría obtenido un incremento patrimonial apreciable posterior a la asunción de su cargo como Gobernador de la Provincia».
La Fiscalía consideró que ese incremento patrimonial «aparecía como considerable e injustificado, en tanto se presentaba como excesivo respecto a los ingresos legítimos que hubiera tenido durante el ejercicio de sus funciones, sean que hubieran provenido de su función o aún de la actividad privada en la que participaba».
El juez consideró que la medida surge como «adecuada para resguardar preventivamente los bienes que eventualmente pueden ser decomisados y evitar que se realicen actos evasivos tendientes a ocultar y dificultar la detección de los bienes sujetos a decomiso -enajenación a terceros, etc.«, detallaron los voceros.
Por esta causa, el juez Rodríguez Pipino hizo lugar al pedido fiscal y solicitó en abril pasado el desafuero del senador nacional, y ordenó librar los oficios correspondientes al Senado de la Nación, según el artículo 1 de la Ley 25320, por la «actitud evasiva» de Romero, que no se presentó a declarar en tres citaciones de la fiscalía que entiende en la causa.
La causa por enriquecimiento ilícito, que comenzó en diciembre, se reactivó recién tras la feria, cuando Rodríguez Pipino rechazó la recusación de Romero a la fiscal penal Mónica Poma y un planteo de nulidad de la imputación.
Su abogado afirma que Romero es víctima
de una persecución político-judicial
El abogado de Juan Carlos Romero Oscar Pedro Guillén al enterarse del embargo calificó como “una persecución política y judicial inadmisible” la decisión del juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino de hacer lugar a la medida cautelar de embargo preventivo solicitada por la Fiscalía.
“Este accionar de la Fiscalía y del juez -ambos recientemente designados- sigue claramente el plan del gobierno provincial, y sienta otro grave precedente institucional para la provincia”, aseveró.
Según Guillén, el senador Juan Carlos Romero viene compareciendo a derecho y declarando por escrito (como lo puede hacer cualquier persona) en cada uno de los llamados que le hizo la Justicia, tal como se lo permite la ley vigente y como consta en su página web. “Nunca tuvo una postura reticente, sólo que no se prestará a ningún show mediático como el que pretende el Gobierno Provincial”, reclamó.
