Los datos extraídos del último informe del sitio www.observatoriodetierras.ar indican que el proyecto de ley llamado ‘Inviolabilidad de la Propiedad Privada’ presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, debería rechazarse de plano, porque se trata de un proyecto que atenta contra la soberanía nacional.
Del relevamiento podemos hacer foco en el corazón del noroeste argentino por lo que la extranjerización de tierras adquiere una dimensión alarmante. Según los últimos relevamientos oficiales, dos de los departamentos salteños como Molinos y San Carlos figuran entre los más críticos del país, donde más del 50% de la superficie rural está en manos extranjeras.
Este porcentaje supera ampliamente el límite del 15% fijado por la Ley de Tierras de 2011, hoy derogada y flexibilizada por el gobierno de Mauricio Macri, y coloca a la provincia de Salta en el centro del debate sobre soberanía territorial.
Los datos concretos indican que la localidad de Molinos y San Carlos tienen ya más del 50% de tierras extranjerizadas. Lo que restaría por conocer es, si este porcentaje lo tenía antes de la Ley o aumentó despues de la normativa. Cabe recordar que ambos departamentos concentran recursos estratégicos como agua dulce y potencial minero, lo que explica el interés internacional en su adquisición.
Las nacionalidades con mayor presencia en la compra de tierras por extranjeros a nivel nacionale está encabezado por estadounidenses son dueños de más de 2,7 millones de hectáreas, una superficie mayor que toda la provincia de Tucumán. Le sigien Italia y España. Estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada en Argentina.
En total, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, lo que equivale a más de 13 millones de hectáreas, una extensión similar a la de Inglaterra.
Más desalojos y expropiaciones
El nuevo proyecto de Milei propone eliminar los límites vigentes a la compra de tierras rurales por extranjeros, agilizar desalojos y redefinir expropiaciones, lo que ha generado fuertes controversias por su impacto en la soberanía territorial y en los derechos de pequeños productores.
Especifica que además disminuye las capacidades estatales de intervención frente a situaciones críticas, que pone la tierra y el agua al servicio de corporaciones y grandes capitales no asentados en nuestro territorio y que solo va a aumentar la conflictividad social en cada uno de los territorios donde se implemente.
La Ley de Extranjerización promovida por Federico Sturzenegger en nombre del gobierno de Javier Milei se presenta como un nuevo estatuto legal que reavida en la Argentina en el concepto de ‘enclave colonial’, termino que se utiliza para calificar a la iniciativa como un mecanismo que subordina los recursos estratégicos del país a los intereses de corporaciones y capitales extranjeros.
El proyecto libertario marca un cambio de paradigma respecto a la ley vigente porque pasa de un esquema restrictivo a uno de apertura casi total para privados extranjeros, con excepciones para Estados y empresas estatales.
La controversia radica en que, si se aprueba, podría transformar radicalmente el mapa de la propiedad rural en Argentina, especialmente en provincias como Salta donde la extranjerización ya supera el 50% en algunos departamentos.
Principales cambios controvertidos
Uno de los puntos principales de los cambios que propone la ley libertaria es la eliminación de límites a la compra de tierras por extranjeros.
La Ley vigente (2011, Ley 26.737) establece un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, con restricciones adicionales por nacionalidad y ubicación (especialmente en zonas de frontera). El proyecto Milei elimina esos límites para personas y empresas privadas extranjeras.
Como excepción se mantiene la prohibición para Estados extranjeros y empresas con participación estatal, salvo autorización conjunta de la provincia y el Poder Ejecutivo Nacional. Si en 180 días las autoridades no responden a una solicitud de compra, la operación queda automáticamente aprobada.
La nueva ley facilita la extranjerización sin controles efectivos. La ley vigente prevé procesos judiciales largos y garantistas. El proyecto de Milei habilita desalojos rápidos en 72 horas en casos de usurpación o tenencia precaria, siempre que el propietario acredite documentalmente su derecho. Se diferencia de los conflictos por alquileres, donde se otorga un plazo mínimo de 10 días para regularizar la deuda.
En cuanto a las expropiaciones y manejo del fuego, el proyecto redefine las reglas de expropiación de inmuebles y establece nuevas disposiciones sobre el manejo del fuego en tierras rurales, buscando mayor protección de la propiedad privada.
