La primera edición del Monitor de la Reforma Laboral expuso que el cierre de establecimientos afectó a 23 de las 24 jurisdicciones del país, de las cuales las provincias del Norte y de Cuyo las más golpeadas.
El deterioro laboral viene de arrastre, al remarcar que se acumulan 13 meses consecutivos de caída en el empleo privado formal, sumando un total de 241.200 puestos perdidos desde el cambio de gestión en noviembre de 2023.
Es decir que la destrucción alcanzó a casi la totalidad de las actividades, incluidas ramas dinámicas como la minería, el petróleo y la intermediación financiera. En este aspecto, coincide con el reporte del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que alertó por la falta de generación de empleo de los rubros que crecen.
La baja en la tasa de entrada de trabajadores al mercado formal, que tocó un piso de 1,6% sobre el total de ocupados, explicó la reducción continua de la masa asalariada. Como contrapartida, la desocupación se ubicó en el 7,9%, la subocupación alcanzó el 11,5% y la informalidad laboral escaló al 45% de los ocupados, marcando el valor más alto en la serie histórica de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
Aumento de la informalidad
Actualmente, más de 6 millones de personas trabajan en la informalidad en Argentina. En el último año, el sector no registrado sumó 348.000 puestos, impulsados fundamentalmente por el cuentapropismo.
En el plano empresarial, el estudio califica el impacto como un récord histórico. Desde el inicio de la actual gestión gubernamental han cerrado 31.342 empresas en todo el país. Solo en el último mes relevado por el Monitor se perdieron 709 firmas.
El desplome afecta de manera desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas, donde las firmas de 1 a 10 empleados registraron un recorte del -6,8% y el 47% del total de cierres correspondió a unidades productivas de hasta 100 trabajadores.
Por sectores, las mayores reducciones netas se concentraron en Comercio (-8.758 empresas), Transporte y almacenamiento (-6.915) e Industria (-4.158). A nivel territorial, el cierre de establecimientos afecta a 23 de las 24 jurisdicciones del país, siendo las provincias del Norte y de Cuyo las más golpeadas, mientras que Neuquén fue la única excepción con un leve saldo positivo (+72 empresas).
Al analizar las herramientas centrales de la reforma, el IAG sostuvo que “el aumento de los meses de prueba y el banco de horas no parecen haber sido suficiente ‘incentivo’ para que el sector privado contrate bajo este nuevo esquema legal”.
En materia de ingresos, el informe puntualizó que los salarios privados continuaron perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación. A cuatro meses de aprobada la ley, el salario privado registrado acumula una caída real del 3,7% respecto al promedio de enero-noviembre de 2023.
En tanto, desde el IAG aportaron que la cifra asciende al 8% al contemplar el IPC actualizado no implementado por el Gobierno a principios de año. Además, detalló que el salario del sector público nacional cayó un 37,8% en el mismo período.
