No hay federalismo sin recursos, por eso la Constitución Nacional establece que todos los impuestos nacionales son coparticipables. La Ley de Coparticipación Federal, dispone que de la recaudación total el 56,66% de los ingresos debe distribuirse entre las Provincias y el resto ingresa a las arcas nacionales.
El tema es que ese porcentaje de distribución, pactado hace veinte años, fue alterado a través de asignaciones específicas, mecanismo que
consiste en sustraer recursos coparticipables a las Provincias, dándoles
como destino un gasto que es responsabilidad del Estado Nacional.
La Constitución Nacional contempla las asignaciones específicas, como un supuesto excepcional, ya que exige ley especial, tiempo determinado de
vigencia y voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de cada
Cámara.
Se ha hecho tal abuso de las retenciones y de las afectaciones
específicas, que hoy del total de ingresos que percibe la Nación, solo
distribuye entre las Provincias el 25 %.
En este escenario, al que hay que sumarle la negativa del Gobierno
Nacional de consensuar una nueva Ley de Coparticipación, el debate en la
Cámara de Diputados de la Nación de la prórroga del impuesto al cheque,
prometía transformarse en una dura batalla.
Gobernadores Kirchneristas y opositores, además de legisladores, pedían
un reparto más equitativo de este impuesto y esgrimían números
contundentes. El impuesto al cheque recauda $22.340 millones y a las
Provincias solo se distribuyen $ 3.228 millones, lo cual significa que a
los estados locales solo llega el 14,45% de lo ingresado.
Como se trata de un impuesto con asignación específica, que requiere de una ley especial y voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros
de cada Càmara, muchos veían posible una negociación beneficiosa para
las arcas provinciales, en vísperas de un año complicado financieramente
para los gobiernos locales.
Comenzó entonces la presión sobre los gobernadores y los diputados
nacionales, que una vez más terminó con el triunfo del gobierno central,
que la semana pasada impuso su criterio por escasos seis votos.
Salta perdió ingresos por $ 330 millones, monto superior por ejemplo al
presupuesto de salud para todos los salteños.
El Partido Renovador Salta, pese a su origen federal, una vez más se
apartó de sus principios fundacionales, para darle al centralismo dos de
los seis votos que le permitieron imponerse.
El Frente por la Victoria local mantuvo también su alineamiento nacional
y aportó un voto, mientras el Partido Justicialista de Salta, volvió a
ejecutar su actual estrategia de jugar a varias puntas. En efecto, de
los cuatro diputados nacionales de ese sector, dos están encuadrados y
votan con el bloque kirchnerista, uno de licencia es funcionario del
gobierno nacional, mientras el restante legislador se encolumna en el
justicialismo disidente. Es el caso de la diputada nacional Beatriz
Daher, el único destacable voto salteño en defensa de los intereses
locales.
Como se puede apreciar, el deterioro del federalismo no es solo imputable al gobierno central, la verdad es que falta vocación federal en
gobernadores y legisladores nacionales. Por su parte, la ciudadanía debe
ser también más activa en la tarea de control de la conducta de sus
representantes. Algunos todavía no comprenden, que la defensa de los
recursos locales es esencial en una sociedad empobrecida, que no está en
condiciones de resignar ingresos.
Dr. Ricardo Gómez Diez