Familiares del Chaqueño despojados de tierras fiscales

El brazo largo de la Justicia tardó años pero llegó a favor del consejo de caciques de Lhaka Honhat. La batalla judicial ganada fue en el caso de los Lotes 55 y 14 del departamento Rivadavia. Después de tantos años de espera familiares del Chaqueño Palavecino (Rojas y Balderrama) se quedaron sin parte de las tierras que les había concedido por los favores políticos, el gobernador Juan Carlos Romero en 1999 y que les fueron entregadas en un acto protocolar ante la presencia del famoso cantante, en abril del 2000. La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló estas ajudicaciones concedidas por el gobierno a cinco familias criollas, entre ellas figura la de Lucio Rojas, ex intendente de Santa Victoria Este, con una parcela de 758 hectáreas, fracción Nº 5, matrícula 5083 (también figura el número 4788 en el plano), Lote Fiscal 55, en Santa Victoria Este. También fue anulada la adjudicación de la parcela colindantes con la de Rojas, a nombre de la familia Balderrama, matrícula es 5081, de 2.560 hectáreas, ambos son parientes del cantante Chaqueño Palavecino. El fallo anuló también otra de una comunidad indígena «fantasma» llamada Bella Vista, de 1.500 hectáreas, tierras que se encuentran deshabitadas.

En abril del 2000, el archivo de El Tribuno, aun puede encontrarse una nota donde se reflejaba con bombos y platillos ese momento grato donde el Gobierno de la Provincia concretaba la entrega de primeras escrituras nominales de 7.800 hectáreas del total de 280.000 del predio ubicado en la margen sur del río Pilcomayo, dentro del departamento Rivadavia. El acto fue encabezado por el gobernador, y marcó un hecho que los beneficiarios recordaron después como histórico.

La crónica de El Tribuno decía que las tierras del lote 55 que está ubicado desde el río Pilcomayo al Sur, entre el Hito 1 y el paraje Las Vertientes, en el departamento Rivadavia no tenían propietarios y eran disputadas entre criollos y aborígenes. Los títulos de propiedad de las primeras 7.800 hectáreas fueron entregadas por Romero a criollos y aborígenes.

El Gobierno lo hizo a través de dos Decretos, el 461 y el 850 que habilitaron a la entrega de los títulos de propiedad respectivos. El primero adjudicó la propiedad comunitaria de las tierras a las comunidades aborígenes Molathati 3, Madre Esperanza, La Merced Nueva y Nueva Esperanza y a los criollos: Delfín Balderrama, Claro Normando Rojas y Raúl Jorge Lucio Rojas.

La segunda norma legal, por su parte, adjudica un predio en condominio a Eliseo Balderrama, Remigio Balderrama, Aguedo Luis Balderrama, Milagro Balderrama y Emilia Balderrama (parientes del famoso cantante).

Ese acto fue realizado en el Centro Cívico del Grand Bourg, y contó también con la presencia del vicegobernador Walter Wayar, criollos y aborígenes y quien tampoco faltó para la foto, fue el artista Oscar «Chaqueño» Palavecino.

Siete años después

Siete años despues de ese cuestionado decreto y por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunciara, la Corte de Justicia de Salta, no tuvo otra opción que anular las adjudicaciones concedidas en 1999 por el gobierno provincial a favor de familias criollas e indígenas, de tierras comprendidas en los lotes fiscales 55 y 14.

La mayoría de los habitantes originarios de esas tierras reclama un título de propiedad comunitario único. Las adjudicaciones llegaron a la Justicia por una acción de amparo presentada por la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat.

En un fallo unánime del 8 de mayo, el máximo tribunal provincial dejó sin efecto el Decreto 461/ y la resolución 423/99 por los que el Poder Ejecutivo Provincial había entregado títulos de propiedad a cinco familias criollas dedicadas a la ganadería y a cuatro supuestas comunidades indígenas (en realidad solo en un caso se trata de una comunidad bien constituida). Los títulos fueron otorgados de manera posterior a una presentación de Lhaka Honhat ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

Estas parcelas están comprendidas en las tierras que los habitantes originarios reivindican como propias. La falta de acuerdo sobre la entrega del título único motivó que en 1998 la fundación Lhaka Honhat recurriera a la CIDH, un trámite que está ya en su etapa final y podría acarrear una sanción para el Estado argentino si no se atienden las exigencias indígenas.

En primera instancia la justicia provincial rechazó el amparo interpuesto por Lhaka Honhat. La Asociación recurrió entonces a la Corte Suprema y el 15 de junio de 2004 este tribunal revocó la sentencia de la justicia salteña, señaló que las entregas individuales son nulas en virtud del compromiso que había asumido la provincia de entregar las tierras en título único, y devolvió el caso al tribunal de origen para que emitiera una nueva resolución ateniéndose a estas consideraciones.

Finalmente, después de que la provincia intentó frenar el proceso con un planteo abstrato de fondo del amparo con el argumento de que se había llegado a un acuerdo entre las comunidades y el Gobierno, la Corte de Salta declaró nulos el Decreto 461 y la resolución 423.