Rechazo al pedido de informes
La Cámara de Senadores rechazó en la sesión del jueves a la noche los pedidos de informes solicitados por la Senadora por Cafayate Claudia Silvina Vargas en relación a los viajes de funcionarios al exterior que fueron autorizados durante la actual gestión.
También se opusieron a que se remitan los informes de auditoría que habrían animado al ex Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos a denunciar penalmente a toda la plana cupular de la ex Secretaría de Seguridad de la Gobernación, cuando estuvo a cargo de Gustavo Adolfo
Ferraris. El Fiscal Penal Eduardo Barrionuevo consideró que hay elementos que habilitan a iniciar la pesquisa y se espera una definición del Juez de Instrucción Esteban Dubois.
De compartir la postura, nos encontraríamos frente a la excepcional situación de que un Ministro de la Corte de Justicia tenga que prestar declaración indagatoria ante un magistrado de inferior rango. Durante la semana anterior un medio periodístico había difundido que algunos funcionarios se encontraban fuera del país, desconociéndose los motivos y si las salidas se correspondían con misiones propias de su cargo.
Se habían mencionado los viajes de la Presidenta del IPV Adriana Krumpholz a Italia, el Ministro de Turismo Horacio Cornejo a Tokio, el Secretario de Prensa Gonzalo Quilodrán a Costa Rica, el Secretario de la Función Pública Matías Posadas a Panamá y el ex Secretario de Justicia Sebastián Lloret a España. El pedido ha generado inocultable molestia en el oficialismo y también en la cámara alta.
Algo incomprensible considerando que el gobernador ha anunciado que ordenó la restricción del gasto público luego de la crisis desatada con posterioridad al conflicto agropecuario y un espiral inflacionario que se advierte irreversible en lo inmediato. Posadas aclaró que su incursión fue financiada con dinero personal, aunque no despejó las dudas respecto de una licencia tomada a sólo ocho meses de haber asumido,y si percibirá remuneración por el período no trabajado. Especuló con que la legisladora busca protagonismo, desconociendo las facultades parlamentarias para controlar los excesos que, en el Poder Ejecutivo, se reiteran sin solución de continuidad.
El jefe de prensa en Costa Rica
El caso de Quilodrán es emblemático. Apenas asumió en el área de Prensa se ausentó de la provincia y el gobernador continúa sin un responsable de la difusión de su gestión. No se advierte como verosímil que hubiera alguna encomienda relevante o imprescindible en Costa Rica, que habilite a sacrificar la debida contracción a su nueva función. El rechazo de senadores es consecuente con la demora en tratar un pedido anterior en el que se requería que el Gobernador aclare sobre un episodio anómalo.
En el transcurso del conflicto rural Urtubey intentó evadir las presiones y partió a norteamérica con una comitiva a gestionar el rescate de los bonos hidrocarburíferos. En el medio de la estadía viajó a Buenos Aires para un acto partidario y tomó otro vuelo para continuar las entrevistas que culminaron con un fracaso rotundo. Los títulos no serán rescatados y el anunció de un default provincial generó desconfianza internacional.
Cuando se la inquirió sobre el financiamiento del intempestivo regreso y su vuelta a EE.UU, informó a los medios periodísticos que lo había solventado con recursos propios (igual que Posadas). Sin embargo, la excusa nunca tuvo formato oficial y el senado tampoco quiso pedirle explicaciones.
La negativa a conocer los irregularidades en las que habría incurrido Gustavo Ferraris en materia de contrataciones durante su polémico derrotero en Seguridad, carece de explicaciones razonables. Políticamente -un ámbito en el que racionalidad no configura ingrediente si ne qua non- los motivos se simplifican tras la última inserción de dirigentes que respondían a la gestión de Juan Carlos Romero.
Los pactos de impunidad han comenzado a evidenciarse hasta con figuras que merecieron el repudio ecuménico. El sistema republicano en Salta atraviesa por un período complejo. Lo que genera mayor preocupación es que la negativa a cumplir con la función de controlar normalmente está involucrada con pactos de trastienda. Los mismos acuerdos que mantienen la inercia de un pasado reciente que este gobernante repudió solamente en el discurso electoral.
