Los franceses, que en una gran medida inventaron desde su Revolución la “democracia representativa”, sobre todo con la separación de poderes del Estado y los Partidos Políticos, se han preocupado desde el siglo XVII por el juego de los mecanismos institucionales del poder, y de alguna manera han generado y generalizado la mayor parte de los conceptos modernos al respecto.
El término “golpe de Estado” (coup d’Etat) fue acuñado en ese país en los alrededores del siglo XVIII para denominar las acciones de los reyes absolutistas, cuando sin tener en cuenta sus propias leyes o los principios morales vigentes en la sociedad, producían cambios bruscos entre los subalternos administradores del poder del Estado, manteniéndose ellos con el poder absoluto (algo cercano a lo que hoy llamaríamos “autogolpe”).
Fue durante el siglo XIX cuando el concepto moderno de “golpe de Estado” que hoy utilizamos se consolidó, refiriéndose a la toma del poder apoyándose en la fuerza de las armas, violando las estructuras reconocidas (“legales”). En 1930, condenando al nazismo y al fascismo, Curzio Malaparte escribió la Técnica del golpe de Estado (Tecnica del colpo di Stato) que institucionalizó definitivamente los conceptos que definen el acontecimiento. Conceptos como Golpe Militar, si está ejecutado por las Fuerzas Armadas, Golpe Cívico-militar, si se realiza en complicidad de las Fuerzas Armadas con parte del poder político, «Putsch» (del alemán) generalmente cuando es fallido, etc.
En nuestra Latinoamérica vivimos durante la segunda mitad del siglo XX la “enfermedad” de los Golpes de Estado. En el entorno de la Guerra Fría, la paranoia del poder estadounidense que temía la caída de los países de la órbita de Occidente en “manos del comunismo”, y sobre todo la convicción de Henry Kissinger en la posibilidad de los efectos de la “Teoría del Dominó” (si un país cae, los demás lo seguirán como fichas de dominó) hizo que los gobiernos norteamericanos de la época alentaran, propiciaran y apoyaran los Golpes de Estado realizados por las fuerzas armadas de cada país, apuntaladas por la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, nacida en las entrañas de la Escuela de las Américas, la institución estadounidense que formó y adoctrinó durante medio siglo a los jóvenes oficiales latinoamericanos y los embebió de anticomunismo y mesianismo.
Un leve recuento destacando los golpes más importantes de esa época nos lleva a Brasil en marzo de 1964 (destitución de João Goulart y 21 años de dictadura militar) Uruguay en junio de 1973 (golpe cívico-militar del presidente y las Fuerzas Armadas, 11 años de dictadura), Chile en septiembre de 1973 (el Pinochetazo y 17 años de dictadura) y Argentina en junio de 1966 (Onganía y Cía, 7 años de dictadura) y marzo de 1976 (otros 7 años con saldo de 30.000 desaparecidos y una guerra con Inglaterra).
El tremendo costo social de estos procesos provocó, en la medida que el orden institucional se fue recuperando, una ”retirada” de las Fuerzas Armadas de las tentaciones del poder (aún de aquellas que han seguido manteniendo la misma capacidad para ejercerlo que tuvieron durante las dictaduras, como las chilenas o las uruguayas). En el siglo XXI, aparentemente los militares latinoamericanos no están dispuestos a tomar el riesgo de quebrar el orden institucional y administrar por su cuenta el poder.
Pero el nuevo siglo ha traído consigo nuevas circunstancias. El fin de la Guerra Fría con la caída de la Unión Soviética, y el fracaso de la instauración de la hegemonía unipolar intentado desde la década de los 80, así como la aparición en nuestro continente de nuevas fuerzas sociales emergentes, si bien ha permitido que las Fuerzas Armadas se aparten, no ha menoscabado en absoluto las intenciones de las oligarquías privilegiadas, que han visto con las nuevas circunstancias sus poderes deteriorados y sus privilegios limitados. Asimismo, el gobierno y las instituciones de unos Estados Unidos en crisis, perdiendo aceleradamente sus influencias políticas, persiste en sus acciones para hacer desaparecer a gobiernos “rebeldes”, que no sólo no se pliegan ya a sus órdenes e intereses directos, sino que llegan a plantear la desobediencia y el enfrentamiento.
Entonces es la hora de probar nuevas alternativas, “golpes de Estado a la medida”, intentando nuevas fórmulas en la búsqueda de mecanismos alternativos al mero poder de las armas, que permitan el cambio brusco de los poderes que han sido instituidos sobre todo por la fuerza de los votos de unos ciudadanos que han descubierto que les es posible superar los bipartidismos tradicionales (que aseguraban la alternancia de la misma clase oligárquica en el poder) y colocar al frente de los gobiernos a outsiders que no pertenecen a los partidos tradicionales (Chávez, Evo, Correa, Lugo) o a partidos o fracciones de partidos diferentes de los tradicionales (PT, Kitcherismo, Frente Amplio).
Los síntomas
- El primer síntoma de estos nuevos intentos fue el golpe de Estado en Venezuela en abril de 2002, dónde un grupo de civiles y militares que no tenían la lealtad de las tropas asegurada ni el poder de las armas, pero que sí disponían de todo el sistema de medios de comunicación de masas (el interno y el internacional) a su disposición, depusieron por unas horas al presidente y anularon todos los demás poderes públicos. Al poco tiempo la acción del pueblo autoorganizado y la progresiva respuesta de unas Fuerzas Armadas que en un principio no habían reaccionado, hicieron fracasar la intentona provocando otro fenómeno social insólito, la reversión casi inmediata del “golpe mediatico”. Aquí se usaron orquestadamente los medios de comunicación como un sistema generador de “realidades alternas” al servicio de los intereses políticos de los golpistas.
- En junio de 2009 se realizó en Honduras otro tipo de golpe de Estado. Un grupo militar secuestró al presidente constitucional Manuel Zelaya y lo llevó en pijamas a un país vecino. A partir de ello asumió el poder el presidente del Congreso Roberto Micheletti (luego de la presentación de una apócrifa “carta de renuncia” de Zelaya), quien a pesar de las protestas internas y la presión internacional se mantuvo durante cinco meses en el poder, hasta realizarse unas elecciones en las que fue electo Porfirio Lobo. El grueso de las Fuerzas Armadas mientras tanto, hizo mutis por el foro, y el poder fue manejado entre el Congreso, el Tribunal Electoral y el estamento político. Este nuevo tipo de golpe se realizó sobre todo por “ausencia física del presidente”, al que además se le impidió por largo tiempo el reingreso al país.
- En septiembre de 2008 el gobierno del presidente Evo Morales, con apoyo internacional de la UNASUR, logró desmontar un complot que cuatro provincias en manos de gobernadores de oposición y la oligarquía boliviana habían preparado, con intenciones secesionistas. El objetivo era “independizar” esas cuatro provincias (las más ricas y productivas del país). La rápida actuación del gobierno y el apoyo de los países latinoamericanos frustraron el intento. Golpe disfrazado en este caso de secesión, con unas Fuerzas Armadas que no se comprometieron con él y respondieron finalmente a los mandos naturales del gobierno.
- En septiembre de 2010 la policía atacó y mantuvo cercado en un hospital al presidente constitucional Rafael Correa. Cuando parte de las Fuerzas Armadas, después de varias horas de indefinición lo rescataron, resultaron varios muertos y heridos en tiroteo con la policía, mientras los medios de comunicación masiva, (tanto nacionales como internacionales) produjeron informaciones confusas y contradictorias. El intento fracasó, pero constituyó una intentona de “golpe policial” apoyada por sectores civiles de oposición y la “gran prensa” ecuatoriana
El “golpe legal” en Paraguay
Ahora, en junio de 2012, se produce en Paraguay un nuevo tipo de asalto al poder, un “golpe legal”. A raíz de un confuso suceso en el que resultaron muertos campesinos y policías represores, y que el gobierno de Fernando Lugo había prometido investigar en profundidad para establecer responsabilidades, el estamento político de derecha que tiene mayorías en el congreso (mayorías que vienen por ejemplo, impidiendo el ingreso de Venezuela al MERCOSUR), con el auxilio de algún político venal, decidieron el “juicio político” del presidente, responsabilizándolo de los sucesos.
Existió todo un intento de dar a la jugada política un carácter “legal” que permitiera mantener las apariencias de institucionalidad a nivel internacional. Sin embargo ese intento fue bastante burdo.
En menos de 24 horas (de una tarde a una mañana) el Senado, a solicitud del día anterior de la Cámara de Diputados consideró y decidió:
- Una modificación del reglamento vigente de juicio político, que fue presentada, considerada y votada en una tarde, permitiendo el proceso al presidente de la República.
- A la mañana siguiente se presentó un libelo acusatorio, cuya redacción mostraba claramente su carácter de “cosa juzgada”, de decisión ya tomada. El libelo se presentó y se votó inmediatamente por la destitución del Presidente (bajo la mirada de los Cancilleres de la UNASUR que habían viajado a Asunción a evaluar la situación) sin dar ningún tipo de posibilidad de defensa a los abogados del imputado que estaban presentes en la sesión. O sea sin respetar en absoluto el debido proceso garantizado por la Carta Magna paraguaya.
- Las mayorías necesarias se lograron por una maniobra política de un dirigente del Partido Liberal que había conseguido una decisión de parte de su directiva de “apoyar el juicio político” y que maniobró para impedir que mientras el proceso se llevaba a cabo, se lograra una reunión del directorio completo de ese partido, que hubiera ratificado su apoyo a Lugo.
Si el mero relato de los hechos y sus apresuramientos no bastara para mostrar la farsa político-legal montada, bastaría haber escuchado el audio de la primera sesión relatada en el Senado y constatar el tono brutal y autoritario con el cual se impuso la votación del nuevo reglamento por parte de los senadores de la derecha mayoritaria.
A la fecha que esto se escribe no se puede determinar cual será el futuro de esta jugada. El vicepresidente Federico Franco (un impuesto por coalición que Lugo debió aceptar en su fórmula para la contienda electoral) ha sido designado por el mismo Senado como presidente hasta las elecciones del próximo año. Se trata de una figura política que venía enfrentándose con Lugo y que ya ha dejado claro su compromiso con la derecha que lo está institucionalizando.
Las reacciones latinoamericanas han sido fuertes. La UNASUR está decidiendo una posición, con la ayuda de los cancilleres y de su Secretario General que fueron testigos presenciales del “proceso político” y posiblemente acuda a sus acuerdos frente a las transiciones ilegítimas del poder. Varios gobiernos latinoamericanos no han reconocido al nuevo presidente, y algunos mandatarios han hecho declaraciones muy fuertes. Dilma Rousseff habló de la posibilidad de expulsar a Paraguay tanto del MERCOSUR como de la UNASUR. Cristina Fernández ha dicho que su gobierno no reconocerá la legitimidad de un gobierno impuesto a través de un “golpe de palacio”. Los presidentes Correa y Chávez han hecho también declaraciones abiertamente condenatorias. El futuro más o menos inmediato nos dirá los resultados finales de los hechos.
Pero lo que sí podemos saber aquí, es que esto se trata de un nuevo intento de “golpe a la medida”, la puesta en funcionamiento de nuevas fórmulas y procesos para destituir gobiernos legítimos, producto de elecciones y emanados de la voluntad popular. Una de las características notables de estos procesos es que a diferencia de los Golpes de Estado tradicionales, que generalmente siguen un guión bastante similar, estos nuevos intentos crean alternativas diferentes en cada caso, adaptadas al entorno y al momento.
La pregunta final es: ¿Cuáles otros mecanismos ilegítimos inventarán en adelante los “creativos” poderes más o menos ocultos, para reconquistar la hegemonía que no están dispuestos a perder?
- Miguel Guaglianone
miguelguaglianone@gmail.com
Especial para Salta Libre de la Agencia Barómetro Internacional
