¿Puede un integrante de la dictadura más sangrienta que vivió el País continuar como Magistrado en la Democracia? Sostengo que no puede, por sus formaciones mentales y sus convicciones, que tarde ó temprano las ponen de manifiesto en sus actos. En Salta magistrados en ejercicio se encuentran en delito permanente.
Hay un conocido abogado de la calle Balcarce, que recibe todas las imputaciones por ser compadre de uno de los jerarcas policiales del «proceso», y al cual ningún miembro de la democracia se atrevería a designar en algún puesto de relevancia.
En el mes de junio del corriente año, el testigo Soraire que fuera requerido por las causas «Ragone» y «Palomitas», negó su participación, y mencionó a un Camarista Penal como asesor policial en Metán en aquélla época, dura como pocas, que permitió a los terroristas del Estado secuestrar, acribillar y abandonar en la plaza del pueblo a quien fuera diputado peronista, el Profesor Risso Patrón.
Tres colegas del Camarista afirmaron que lo vieron desfilar vestido de militar, y uno de ellos indicó que con atuendo de represor ascendió al palco oficial en un desfile, soportando tal silbatina que tuvo que abandonar su puesto.
Otro señor Camarista, fue calificado de «divino» a raíz de su actuación en los conflictos docentes por una ardiente defensora de los derechos civiles, que cambió su alegre sonrisa en rictus amargo cuando se enteró que fue juez de instrucción en Orán, en la época de los secuestros y desapariciones de personas, entre ellas, del conocido Escribano Aldo Melitón Bustos.
Destino Final (DF)
Pero el tercer caso quizás sea el más notable, porque resultó que uno de los jueces de instrucción del distrito Centro de esta Provincia se desempeñó como Fiscal Penal y Juez de Instrucción en Tucumán, en la época del temible y sanguinario Bussi.-
En el que fue denominado caso «Central de Policía», hace muy poco tiempo un testigo se presentó con listas de detenidos –conservadas durante más de treinta años-, que se mantenían al menos doce meses en «estudio» para luego recibir la anotación de «libertad» ó «DF», «destino final».
En Tucumán hubo familias enteras «detenidas-desaparecidas», como en el caso «Rondoletto». En la Audiencia Nacional de España, según querella que puede verse en internet, en el Sumario 19/97-L Doña Isabel Cañedo Vega, Procuradora, pone de manifiesto entre otras cosas, que concurre a «ampliar la presente querella respecto a los hechos ocurridos en la provincia de Tucumán (argentina), por la posible comisión de los delitos de Genocidio, Terrorismo y Tortura, entre otros, solicitando se tengan por querellados en el presente Sumario».
«…El detenido sobreviviente Manuel Andrés Yapura declaró sobre La Escuelita: «En dicho campo vio a los hermanos Juan Eugenio y Francisco Aranda, quienes fueron secuestrados el 23 de Marzo de 1.975. Desde Famaillá los mencionados fueron llevados a declarar ante el Juez…, tras lo cual regresan a Famaillá. En la Escuelita los dos hermanos son torturados y asesinados. Posteriormente apareció en publicaciones de prensa que habian muerto en «enfrentamientos».
«Igualmente vio a un detenido llamado Medina, quien estando consciente, sufrió la mutilación de sus dos piernas como escarmiento para el resto de los detenidos para que hablaran. A tal efecto, al testigo y a otros detenidos se les quitaron las vendas para que observaran «lo que les iba a ocurrir si no hablaban». Medina falleció desangrado».
«…Tras su liberación, el testigo expuso estas situaciones al Juez…, quien demostraba conocer todo lo que se denunciaba, sin realizar ninguna intervención».
La metodología Bussi
«…Existe un testimonio sobre la ejecución de la adolescente Ana Cristina Corral, testimonio prestado por el Ex Gendarme Omar Torres, destinado en el Arsenal Miguel de Azcuenaga en Septiembre de 1.976 y Marzo y Abril de 1.977, periodo en el que se realizó la ejecución de la adolescente Corral».
«…Según el citado testimonio, el General Antonio Domingo Bussi llegaba de noche a El Arsenal, cuando se iba a fusilar, operación que se realizaba cada 15 días aproximadamente. La metodología consistía en atar a los detenidos con cable, vendarles los ojos y ponerlos de rodillas al borde de un pozo previamente excavado y mirando a dicho pozo.
Cinco o seis metros atrás de los detenidos se hacia una custodia, entre la que se encontraba el Gendarme Omar Torres. Bussi llegaba en uniforme de campaña y con el casco debajo del brazo cuando ya estaban los detenidos arrodillados frente al pozo.
Solía hacerse acompañar de oficiales de alta graduación tanto del Ejército como de Gendarmería o Policía. Bussi no pronunciaba arenga alguna, simplemente daba la orden de disparar realizando él mismo el primer tiro en la nuca de un detenido».
«El mencionado testigo declara que el propio Bussi ajustició a la adolescente Ana María Corral, estando también presentes en dicho fusilamiento el teniente Coronel Mario Albino Zimmerman, el Comisario Inspector Roberto Heriberto Albornoz, el Teniente Primero, después Capitán, González Naya y el Teniente Coronel Antonio Arrechea»….
El caso de la familia Rondoletto
Pedro Rondoletto (padre), María Cenador de Rondoletto (madre), Jorge Osvaldo Rondoletto (hijo), Silvia Margarita Rondoletto (hija) y Azucena Ricarda Bermejo de Rondoletto (esposa de Jorge).
Secuestrados en su domicilio de S.M. de Tucumán el día 2 de Noviembre de 1.976 por miembros del Ejército. En el mismo domicilio la familia Rondoletto explotaba el negocio familiar, consistente en una pequeña imprenta. A fecha de hoy todos los miembros de la familia Rondoletto antes indicados permanecen desaparecidos.
El secuestro fue presenciado por varios trabajadores de la imprenta del Sr. Rondoletto, quienes declaran que los secuestradores robaron todas las pertenencias de la familia que encontraron en la casa. También robaron los dos automóviles de la familia, un AMI 8, propiedad de Pedro Rondoletto y un Citroen 3 CV propiedad de su hijo Jorge.
Este último vehículo se encontraba en el Taller mecánico del Sr. Coronel, quien fue obligado a llevar personalmente el coche a la Jefatura de Policía de Tucumán. El Sr. Coronel fue igualmente testigo del secuestro, declarando que en dicho momento se encontraban en las inmediaciones de la vivienda de la familia secuestrada varios patrulleros de la Policía, quienes nada hicieron por impedir el Secuestro.
Una cruenta ejecución
Los secuestrados estuvieron, según diversos testimonios, en Jefatura de Policía, en la cárcel de Villa Urquiza y finalmente en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. El testigo y ex-detenido Juan Martín declaró que posteriormente el coche AMI 8 propiedad de Pedro Rondoletto fue entregado como gratificación por el Comisario Roberto Heriberto Albornoz a un Sargento que iba a jubilarse y había sido custodio de la familia Rondoletto en Jefatura de Policía.
…El Ex Gendarme Antonio Cruz declaró posteriormente, en la causa Campopiano contra Bussi y otros, que Pedro Rondoletto y su hijo Jorge fueron fusilados en el Arsenal Miguel de Azcuenaga por el Teniente Coronel Cafarena. Los detenidos fueron sacados del recinto de detención por la guardia interna y entregados al Primer Alférez Roberto Barraza, quien junto al Teniente Coronel Cafarena y dos o tres gendarmes mas, condujo a los Rondoletto al borde del Pozo. Una vez allí el Coronel Cafarena hizo arrodillarse a los detenidos y procedió a ejecutarlos mediante un disparo en la cabeza, cayendo al pozo que se encontraba cubierto de ramas y ruedas de coches.
Una vez en el pozo procedieron a arrojar mas ruedas encima de los cuerpos junto con gasolina y aceite, arrojando una antorcha encendida. El testigo afirma que Pedro Rondoletto permanecía aún con vida cuando le arrojaron una rueda de tractor y prendieron fuego, por lo que pidió a Barraza que lo matara, pero este se negó dejandolo morir quemado.
En el momento de su secuestro Azucena Ricarda Bermejo de Rondoletto, esposa de Jorge Rondoletto e hija de españoles, se encontraba embarazada».
Por los doce meses de «estudio» antes de la eliminación de los detenidos resultaba imposible que los jueces y fiscales no conocieran lo que pasaba en el CCD (Centro Clandestino de Detención) situado en pleno centro de la Ciudad de Tucumán.
Letra muerta en Salta
Uno de los Fiscales, que por su excelente adecuación al régimen militar fue luego ascendido a Juez de Instrucción en Tucumán en la época de Bussi, es actualmente juez de instrucción en nuestra Ciudad.
Es de suponer que si se reproducen actos como los de Tucumán, dirá que los de Salta son insignificantes en comparación de aquéllos, y por supuesto las garantías constitucionales serán letra muerta, con cualquier pretexto que nunca falta, pues ya cuentan con la formación mental necesaria.
Uno de los militares del CEMIDA suele afirmar que «la doctrina francesa de resistencia establecía lo que había que hacer en todos los niveles: coordinación de los servicios de inteligencia, de los comandos de zona, la división jurisdiccional del territorio, y todo esto se hizo al pie de la letra”.
Pero sostiene que “Los militares no tenemos ninguna obligación de cumplir órdenes ilegales. Cuando te ponen en una unidad y se designa un jefe, un superior se establece que se debe actuar con respeto encaminado a los valores del bien y el servicio, siempre en cumplimiento de las leyes y reglamentos militares. No hay ley ni reglamento militar que diga que la tortura, la violación, el robo de bebés, estén permitidos. De ninguna manera son éstos, bienes ni actos de servicio”.
Solución Final (SF)
En Argentina se detuvieron nazis notables, Eichman, y Erich Priebke, y la situación con los jueces del proceso presenta llamativas analogías.-
Existe coincidencia en la expresión «destino final», con la «solución final» pergeñada por los nazis, con las «fosas Ardeatinas» de 300 personas inmoladas, y las 200 detenidas desaparecidas de las listas de Clemente –sólo de un testigo-, en Tucumán, con el concepto, por ejemplo que se tenía en Bariloche respecto a Erich Priebke, ó lo que podría repetirse del agente que detuvo a Eichman, Peter Malkin, que confesó más tarde: «Eichmann era un hombrecito suave y pequeño, algo patético y normal, no tenía la apariencia de haber matado a millones…; … pero el organizó la matanza…» El ex juez de Orán-Tartagal, podría asimilarse en la apariencia.
El secuestro, detención y desaparición de personas, es delito de lesa humanidad que es imprescriptible, y que no permite pensar siquiera en comienzo de prescripción hasta que no reaparece la persona ó existe certificación de su muerte, de manera que los señores jueces se encontrarían en permanente delito en la democracia.
- Por Pablo Tapia
Especial para Salta Libre
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