De consolidarse el golpe de estado fascista en el Estado Plurinacional de Bolivia, con las características racistas de que hace gala la ultraderecha que lo impulsó y será notoriamente la beneficiaria económica del cambio de política distributiva y de bienestar, que promovió el presidente bolivariano Evo Morales y el Movimiento al Socialismo que lidera, la República Argentina debería, al menos, retirar a su embajador en La Paz.
Hay un antecedente en la materia: el gobierno del doctor Raúl Alfonsín rompió en 1986 relaciones diplomáticas con el régimen colonialista sudafricano del apartheid, después de suscribir por ley 23.221 la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo al Crimen del Apartheid, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 30 de noviembre de 1973.
Por ahora, a escasos días que la Fuerzas Armadas “aconsejaran” la renuncia del presidente constitucional y a horas que la senadora opositora Áñez, salteando a la presidenta del Senado, la politóloga Adriana Salvatierra, a quien constitucionalmente le correspondía asumir la primera magistratura y no permitieron ingresar al recinto como se vio por televisión, se autoproclamara presidenta interina de Bolivia, con el inmediato reconocimiento de los Estados Unidos de Trump -que mucho tuvo que ver con los hechos según acaba de denunciar Noam Chomsky– y del inefable también autoproclamado “presidente encargado de Venezuela” Juan Guaidó, todo está perfectamente claro entre las nubes de los gases lacrimógenos, las balas de goma y las otras de plomo disparadas contra el pueblo del país del Altiplano lanzado a las calles.
Porque es evidente que la policía amotinada, las Fuerzas Armadas, la jerarquía de una iglesia católica con minúscula, que más temprano que tarde deberá dar cuenta ante la justicia y la historia de su secular matrimonio con los poderosos de este mundo negando las enseñanzas de Jesús, los grupos evangélicos ultrareaccionarios, la población blanca y semiblanca liderada por empresarios gasíferos de Santa Cruz de la Sierra –la nueva Rosca en sustitución de la otrora del estaño de los Patiño, Aramayo y Hoschschild-, agraviados por la política soberana en hidrocarburos de la administración de Evo Morales, como el fundamentalista Luis Fernando Camacho Vaya agazapado tras su Biblia, no buscan otra cosa (y nadie se engañe: no pueden buscar otra cosa), que no sea retrotraer al país a los tiempos de la dominación hispánica con sus modos de explotación precapitalista a través del mitaje y el pongueaje, recién abolidos por el gobierno del coronel Gualberto Virrarroel en 1945; el presidente colgado por las turbas en un farol de la Plaza Murillo con la satisfacción de los Estados Unidos que lo acusaba de simpatizar con el Eje.
Igual imputación que por estos lugares y al mismo tiempo pesaba sobre otro coronel llamado Juan Perón. Entonces, como aquí a las civilizadas huestes de la Unión Democrática, también los muy “progres” estudiantes de izquierda se sumaron a la crítica furiosa del patriota y popular militar cochabambino, que había acuñado aquella frase que supo repetir en su homenaje Evo, al asumir en un ritual andino por segunda vez, en 2010, la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia: “No soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres” .
Con la verdad ni ofendo ni temo, era lema del Protector Artigas y no se trata de reabrir rencores ni de dividir el campo popular, pero es que se escucha en estas luctuosas jornadas que ciertos dirigentes de ultraizquierda locales vienen criticando al presidente depuesto, de público y notario amenazado de muerte y a salvo en el México de López Obrador, como si fuera tan fácil modificar la realidad social boliviana en pocos años.
¿Y por casa cómo andamos? Nada se puede esperar de Mauricio Macri y su gabinete en retirada. Nada de su canciller, una página negra en la historia de nuestras relaciones internacionales, en expresión del presidente electo Alberto Fernández. Con hipocresía farisea este régimen oligárquico y neoliberal ha negado el golpe en Bolivia y hasta el asilo a otros funcionarios del gobierno depuesto en la sede de nuestra embajada a cargo de Normando Álvarez García, bajo el pretexto –eso anotician los periódicos en la fecha- ¡que no hay más lugar en la residencia diplomática!
Los oficialistas y socios del macrismo, así como sus cortesanos a sueldo de los medios concentrados, son los mismos que se cansaron de llamar destituyentes a los cientos de miles de manifestantes y sus dirigentes sociales que marcharon en estos cuatro años en contra de la política de hambre y oprobio instaurada con la bendición del FMI y el imperialismo, siendo que aquellos lo hicieron en ejercicio del derecho de peticionar a las autoridades. Inventaron que el peronismo quería revivir el helicóptero de Fernando de la Rúa en tanto sus trogloditas operadores del tipo el diputado Iglesias, llenaron horas en los espacios adictos para denunciar un fantasioso riesgo de interrupción del orden constitucional; fake news como le llaman.
Y pobres los miembros del Partido Radical aliado al conservador PRO. Pobres de toda pobreza los legisladores del más que centenario partido de Leandro Alem, con su rastrero buscar en la sesión del Congreso Nacional del martes 13 de noviembre, el medio tono que sólo habla de su medianía moral: es un golpe pero Evo Morales también es culpable, adujeron manchando la boina blanca de la que son indignos. Un argumento que cambiando los nombres, no se le ocurrió ni a la Corte Suprema de Justicia para convalidar en su hora –como lo hizo y costó a varios de sus miembros el juicio político en 1946- la revolución petrolera del 6 de septiembre de 1930 contra Hipólito Yrigoyen.
Pero todo se paga, a veces con el castigo del olvido; y qué duda cabe, el pilatuno Macri, su ministro de Relaciones Exteriores Jorge Faurie y el resto de sus CEOS en el poder, no entrarán ni por un recodo como aquel por el que se filtró en el Credo el procurador de Judea, en la mejor historia de la Patria Grande.
Carlos María Romero Sosa, abogado y escritor
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