“Desde hace doce años se instauró una política de prensa a cargo de funcionarios deleznables que ha ejecutado dos estrategias: La seducción dineraria para con medios adictos que se han encargado de maquillar la preocupante realidad salteña, y la asfixia financiera y el hostigamiento judicial para con comunicadores considerados indóciles”. El Dr. Carlos Humberto Saravia, candidato a diputado provincial por la “Concertación Salteña UCR-MID”, repudió así los intentos del mandatario provincial de amordazar a periodistas independientesy de acallar a las voces disidentes, en referencia al caso Sergio Poma.
Consideró que “las secuencias judiciales que involucran acusaciones contra dirigentes o periodistas ponen en evidencia un vertigo e inclinación en los que se traduce el perfil dependiente de parte de una justicia penal permeable a las influencias políticas. La virilidad y celeridad de algunos magistrados en esto casos es inversamente proporcional para con los delitos que de manera continua se cometen
contra la administración pública”.
“Una inversión de 15 millones de pesos anuales en partidas que pregonan las virtudes de un gobierno -que las tiene aunque no con la exageración que divulgan los amanuenses-, sin hacer notar que existe una mitad de la población bajo el límite de pobreza no puede ser calificada sino como una política distorsiva que intencionadamente compra las opiniones. Semejante defecto no puede tener como
complemento el castigo dirigido a informadores que ponen el acento en el lado obscuro de la actual gestión.
En Salta existe corrupción en todas las áreas de gobierno y afecta tanto la investidura del Gobernador -que consiente tales arrebatos para con la cosa pública- hasta los ordenanzas. Hay excepciones, claro, pero es una verdad incontrastable de la que la Justicia no se ha ocupado hasta la fecha”, agregó el dirigente.
Por último sostuvo que “En más de una década solamente dos intendentes y un secretario padecieron la carcel por estar sospechados de corruptos. Fueron liberados en medio de coyunturas electorales y nunca fueron condenados. El resto de las innumerables denuncias cayó en el cajón judicial de los olvidos y la mayoría de los funcionarios involucrados goza hasta hoy de injustificado e impúdico enriquecimiento. Frente a tamaña impunidad el caso del periodista cuya condena y
detención lucen inminentes, aparece como un avasallamiento inadmisible para con quien se ha mostrado con vigor continuo para enarbolar la denuncia. En estos años algunos fueron cooptados por la prebenda y otros se resignaron. De allí la necesidad de preservar las voces disidentes”.