(Especial para Salta Libre) El nuevo oleaje de denuncias que se han presentado contra personal policial permite sostener que el perfil de la fuerza, en reiterados episodios, repugna garantías y derechos constitucionales. Lo que era excepcional ahora puede presumirse de contínuo y sistemático. En las postrimerías del actual gobierno debemos concluir que la
seguridad es materia pendiente y que existe avasallamiento ciudadano inadmisible. Hace un poco más de tres años, el nivel de difusión que adquirieron las prácticas ilegales que involucraban torturas en calabozos habilitados en las comisarías, condujo a la decisión política de construir una alcaldía general en donde actualmente se concentra a la totalidad de detenidos del distrito judicial centro.
No obstante, son numerosos los indicios de que existen nuevos abusos en el lugar y que el problema no es geográfico o edilicio sino de instrucción y adoctrinamiento policial.
La creación del Juzgado de Detenidos y Garantías y la Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias ha contribuido a poner algunos límites a los excesos, aunque la escasa infraestructura que le fue destinada es indicativa de que se pretendió maquillar de garantismo a la fuerza pero que no se han dado pasos decididos para
erradicar una patología funcional que semana tras semana exhibe consecuencias groseras.
Verdugos policiales
Las inspecciones de los lugares de detención por parte de un magistrado específico -que debe cubrir todo el territorio provincial- no resultan suficientes para neutralizar la propensión al apremio que se desarrolla sin obstáculos aprovechando la nocturnidad. Hasta la verdad judicial se ve distorsionada en muchos casos tras la obtención de prueba mediante torturas y según la conveniencia de los verdugos policiales que fraguan el éxito de las pesquisas a su cargo comprometiendo a
inocentes y culpables por igual.
La enorme cantidad de denuncias que ingresan a la Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias caen en saco roto en tanto se otorga la potestad de instruirlas a la jefatura política de los policías que muestra sospechosa morosidad. Luego de 11 años de existencia, es evidente que la Secretaría de Seguridad de la Gobernación, hoy a cargo de Gustavo Ferraris, no solamente consiente los abusos sino que también se encuentra involucrada en la impunidad que resguarda a sus autores. Puedo afirmar que los pases a retiro
prematuros que involucraron el descabezamiento de una cúpula policial o los vertiginosos castigos disciplinarios que se imponen en esa órbita obedecen a
internas de la fuerza.
La justicia penal
La justicia penal tampoco ha dado respuestas eficientes y bastan los dedos de la mano para señalar la cantidad de precedentes en los que se ha procesado a autores de apremios o torturas. El rango de auxiliar de justicia que inviste la policía, y la dependencia judicial para las investigaciones de otros crímenes, coloca a los magistrados en una situación en donde la balanza se inclina a favor de los verdugos.
La legislación vigente contribuye a la arbitrariedad. Quinientos ciudadanos son detenidos cada fin de semana en la ciudad de Salta sobre la base de la sospecha que
anida con dosis de capricho en cada agente policial que abusa del poder que se le otorga.
Ley contravencional
La ley contravencional también los autoriza al arresto discrecional y, en los últimos tiempos, han avanzado sobre el derecho a trabajar y a comerciar bajo la excusa de que desde la órbita de seguridad, e incrementando los niveles de represión, vamos a erradicar patologías sociales como el alcoholismo, la drogadicción o la violencia familiar.
Cuando se creo la Secretaría de Seguridad de la Gobernación la decisión se fundó -entre otros motivos- en la necesidad de que un civil le diera inserción ciudadana a la Policía de Salta. ¿Cuál es el fundamento actual para que existan conducciones paralelas de la fuerza cuando ámbas se muestran con propensión a la represión indeterminada?
Es hora de que el Gobierno Provincial manifieste con políticas concretas su compromiso con las garantías constitucionales y modifique su derrotero en el ámbito policial.
