Todas las lecturas que se realizaron sobre la actitud que asumió Julio Cleto Cobos en la madrugada del jueves coinciden en que se trató de un gesto extraordinario. Sin embargo, no podemos afirmar que con este episodio se haya saneado la crisis institucional por la que atraviesan Nación y provincias.
Falta mucho para que los argentinos recuperemos la confianza en el sistema republicano. El sedimento inmoral de otras instancias no tan lejanas es lo que nos conduce a la sospecha ya que los actos éticos no son la regla. Como diría Joaquín Sabina: “Que ser valiente no salga tan caro…que ser cobarde no valga la pena”.
El vicepresidente llegó a la encrucijada luego de que la mentada “Concertación Plural”, que nació sólo para el discurso electoral, descubrió su esterilidad cuando Néstor Kirchner se recostó en el justicialismo. Las paradojas de la vida le abrieron la puerta hacia un destino insondable en la definición del conflicto agropecuario.
Cuando el proyecto que ratificaba la Resolución 125 llegó a la cámara alta con media sanción, fue vilipendiado cuando intentó sondear las opiniones de los gobernadores y auscultar las propuestas de los sectores afectados por la medida. Los operadores del
santacruceño minimizaron su rol al de un simple director de debate, sin voz ni voto.
De manera irónica, la noche del miércoles dejó a los soberbios en manos de Cobos, que con su decisión hidalga también encubrió una reivindicación personal y puso en marcha una estrategia de supervivencia funcional y política.
Es que los nostálgicos de la centroizquierda peronista del ´70 que fueron perseguidos, castigados y hasta cazados por las agrupaciones ortodoxas, treinta y cinco años después construyeron un verticalismo híbrido de similares características al que antes repudiaban. El que no comparte el proyecto kirchnerista es un traidor y debe padecer el exilio gubernamental o la indiferencia presidencial. A Cobos nadie lo llamó antes del 11 de Marzo, cuando Martín Lousteu resolvió incrementar
groseramente los porcentajes de retención de las oleaginosas, ni durante el lapso que el proyecto estuvo en el Senado, ni después de que votara en contra.
El único funcionario provincial que opinó abiertamente sobre el tema fue Andrés Zottos, que padece en el Senado Provincial el predominio de las mayorías que antes respondieron a Walter Wayar y hoy tributan al nuevo mandatario. Las cámaras legislativas provinciales padecen el mismo virus y son pocos los indicios que permiten avisorar el cambio que ponga límites al Poder Ejecutivo y otorgue más rigor
al control de los actos de gobierno.
Es notorio que Urtubey salió de la escena nacional una vez que no pudo garantizar apoyo político en una instancia decisiva. Siguiendo un libreto en el que predomina la prudencia, no estuvo en el acto del martes pasado en la “Plaza de los dos Congresos” y buscó excusas con un viaje a México que carece de mayor relevancia frente a la gravedad de la crisis que padece la provincia y el país. La firma de un convenio con la “Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito” de ese país no puede
leerse sino como una evasión, cuando los intereses de los productores salteños se jugaban en un “cara o seca” y la totalidad de los municipios se queja airadamente por la reducción sustancial de sus recursos coparticipables.
El enfrentamiento entre el presidente del bloque justicialista Miguel Pichetto y Juan Carlos Romero en un momento crucial de la sesión puso en evidencia la interna justicialista que en poco tiempo cobrará visos más concretos. El ex gobernador se despegó de la figura presidencial asegurando que no había buscado ninguna foto con Cristina Fernández y que, a pesar de que había logrado el apoyo del 70% de los votos para la mandataria, le fracturaron el partido. La diáspora se explicitó con la aparición de Javier David para denunciar los actuales defectos de gestión en obras públicas y las supuestas virtudes del régimen romerista en materia financiera.
También, con la resurrección de Javier Massafra para polemizar estérilmente con el nuevo titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos sobre quien es el más riguroso a la hora de imponer multas a una empresa contumaz.
Sin embargo, no debe quedar en el olvido colectivo que es Romero quien impuso la obediencia política en la provincia hasta niveles execrables, con episodios como los de la Convención Constituyente de 2.003 en la que se reformó el texto de la carta magna en sólo cinco horas para otorgarle un tercer mandato; la orden de no sesionar
a diputados durante todo el conflicto docente en abril y mayo de 2.005; o la sesión senatorial de fines de 2.007 en la que aprobó el pliego para Ministro de Corte de Justicia del inepto Gustavo Adolfo Ferraris. Con su voto en contra del kirchnerismo –y a favor del campo- Romero tampoco atravesó las aguas del Jordán ni puede lucir como un republicano.
En Salta, Urtubey tuvo siempre en claro que la estrategia de la “transversalidad” solamente tuvo por objeto el triunfo electoral. Apenas asumió comenzó a construir una estructura propia que concentró su apoyo en el romerismo cupular de la mano de Fernando Yarade. Los renovadores, que no se sienten oficialistas, transitan por una
severa crisis hasta ahora disimulada por la relevancia que cobró la crisis del campo. Saben que Zottos no ha logrado pactar el co-gobierno y que esta gestión es magra. A ninguno de los ministros –algunos de la propia tropa- pueden atribuírsele ni aciertos ni yerros sobresalientes. De haberlos, sólo podrían imputarse a Juan Manuel Urtubey, que no es afecto a la consulta con sus socios.
El quiebre de la alianza que vende progresismo, y ejecuta en base al libro neoliberal que les legó el romerismo, se evidenció con el voto de los diputados nacionales y el senador del PRS en contra de las exageradas retenciones. No obstante, ahora se buscan compensaciones para la marginación progresiva y se anuncia
que el séptimo ministro del tribunal superior podría tener ascendencia renovadora.
Nuevamente el canje político involucra a la justicia como en 1.998, cuando este partido provincial intercambiara favores que le permitieron ocupar lugares en la Auditoría General y en la Corte de Justicia.
Las devoluciones podrían abarcar espacios en el gabinete ministerial cuyo recambio se avecina a pasos acelerados y lo expone a un balance político-institucional deficitario. En apenas tres meses Urtubey devoró dos ministras, violentando no solamente el cupo femenino sino los lugares asignados al Partido para la Victoria y al PRS. Los reemplazos no contemplaron entonces la pertenencia a socios de la convergencia y éstos reivindican ahora que se les restituya un pedazo del poder ejecutivo que ayudaron a erigir en Octubre de 2.007. La inminente reestructuración, de no ser predigerida mediante consenso, podría afectar severamente la base multipartidaria del gobierno.
Antonio Marocco, quizás uno de los más hábiles políticos que rodean al gobernador, volvería a la Cámara de Diputados. Lamentablemente, desde su cartera no se ha gestado ninguna contribución para la democracia salteña, ni se produjo la apertura para que las distintas fuerzas partidarias o sociales expresaran sus iniciativas.
Casi con mezquindad, busca ahora la ingeniería electoral que le permita a su partido evitar la confrontación con el sector que fue avasallado en el reciente recambio de autoridades. Intempestivamente sostiene que las elecciones internas y abiertas para elegir a los candidatos electivos son perniciosas y anticipa que convocará a todos los partidos que no merecieron atención alguna en los siete híbridos meses que
transcurrieron del “gobierno del cambio”. Una vez más, se intenta gestar una reforma que afectará a todos los ciudadanos, para solucionar el conflicto intestino del Partido para la Victoria.
Mientras el inicio de gestión marcó para Urtubey una sumatoria de 57 diputados sobre el total de 60 y 21 senadores sobre los 23 que integran la cámara alta, el debilitamiento del kirchnerismo, la devaluación de la imagen del gobernador y la profundización de las diferencias con Juan Carlos Romero, podrían culminar en nuevas
divisiones de los bloques legislativos aunque, esta vez, con el objetivo de trazar un esquema opositor al gobierno. El senador nacional sabe que la base de su poder se encuentra en el Partido Justicialista que preside, en un parlamento en el que todavía quedan adherentes y en muchos intendentes para quienes los recursos provinciales se han tornado imprevisibles.
Así las cosas, por los efectos políticos del histórico voto de Cobos, el
justicialismo nacional ortodoxo busca cohesionar fuerzas para enfrentar al kirchnerismo, mientras que una tercera expresión, más mesurada y con menor prontuario, se conformaría con la coalición cívica, el radicalismo y los socialistas santafesinos. En Salta, el romerismo reconstruye con paciencia su estructura y planifica la confrontación en el ámbito más conveniente: el Partido Justicialista.
Urtubey advierte que, de un solo paso, puede llegar a la encrucijada que lo obligue a buscar apresuradamente el copamiento partidario de la mano del intendente capitalino Miguel Isa o a recostarse nuevamente en el PRS y el PV. En caso de optar por la segunda hipótesis, deberá “concertar” y no simplemente repartir cargos para devolver favores electorales. Lejos de la interna peronista y el poder tangible, el desconcierto todavía no abandonó a los opositores dispersos.
