- Por Susana Gispert
En estos días la prensa local se hizo eco de una noticia presuntamente surgida de fuentes del gobierno provincial. Un grupo de proximadamente cien personas designadas hace unos pocos meses como preceptores, secretarios, bibliotecarios,etc.en establecimientos educacionales del medio iban a ser dejadas cesantes.
La misma noticia agregaba que eran personas designadas a instancias del Vicegobernados y, en razón del deterioro de las relaciones entre ambos, el Poder Ejecutivo tomaba esa medida.
Ante nuestro asombro, el vicegobernador confirmó la noticia aunque explicitó que las cesantías se debían a la necesidad de ubicar a personas provenientes del Plan Trabajar.
Aparte de lo terrible que significa cesantear a unos para dar trabajo a otros, que seguramente también se lo merecen, lo que ningún funcionario explicó es como cargos docentes, que deben ser cubiertos según lo normado por leyes en vigencia por concursos de antecedentes, previa inscripción y elaboración de cuadros de mérito por la Junta de Calificación y Disciplina, fueron designados mediante el simple trámite de ser recomendados políticos.
Estos cargos pertenecen al escalafón docente y deben ser cubierto por docentes titulados. Y es así, porque son de suma responsabilidad ya que sus funciones exigen el trato permanente con alumnos a cuya formación deben coadyuvar.
Sin olvidar que las situaciones de conflicto que, lamentablemente, se suceden en nuestras escuelas son resueltas con castigos dirigidos a los alumnos sin evaluar el desempeño y las condiciones del personal a cargo.
Estamos convencidos que a las personas que pertenecieron al Plan Trabajar y se desempeñaron con responsabilidad y esfuerzo por una remuneración ínfima el Estado debe reconocer y dar solución pero, también sabemos, que estas prácticas de ocupar cargos docentes como botín político son de vieja data y deben ser reemplazadas por el simple esfuerzo de cumplir con la legalidad impuesta por las normas en vigencia.
De no ser así ¿qué objetivo tiene una nueva Ley de Educación?