El empresario Marcos Levín comenzará a ser juzgado por haber perseguido y participado de las sesiones de tortura a sus empleados. La primera audiencia que debía iniciar el lunes 24 de agosto, fue postergada por el Tribunal para la semana próxima por la situación médica de uno de los acusados que debía seguir el juicio por videoconferencia.
Será la primera vez que un empresario llega a juicio por su participación en los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar. A Levín, que era dueño de la empresa La Veloz del Norte, se le atribuye haber instigado la detención ilegal y torturas que en 1977 padeció el trabajador Víctor Manuel Cobos, quien era delegado gremial en la transportista e integraba comisión directiva de la Unión Tranviarios Automotor y había promovido medidas de acción en reclamo de mejoras laborales.
En ese marco, en plena dictadura cívico militar, Cobos fue detenido, el 22 de enero de 1977, fue llevado a la Comisaría Cuarta de esta ciudad, donde fue sometido a torturas y, bajo amenaza, fue obligado a firmar una declaración en la que reconocía su responsabilidad en una inexistente estafa a la patronal.
Junto a Levín serán juzgados los policías retirados Víctor Bocos (que era a la vez empleado de Levín) y Enrique Cardozo a quienes se les imputa haber ejecutado los hechos represivos que llegan a juicio. El ex jefe de la Comisaría, Víctor Hugo Almirón, también será juzgado, en su caso como autor mediato de estos hechos.
Otros 21 empleados de Levín fueron detenidos en aquellos días, y al menos 15 fueron torturados y obligados a firmar “confesiones” similares a las de Cobos. Sin embargo, todavía se discute si sigue la investigación sobre estos últimos hechos y este trámite se encuentra ahora a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que el juicio que comenzará hoy solo comprende los delitos en perjuicio de Cobos, quien estuvo detenido hasta el 19 de abril de 1977.
Aunque se estima que pueda haber planteos de las defensas tendientes a demorar el inicio del debate, para la próxima semana el TOF tenía previsto realizar la primera audiencia el 24 de agosto a partir de las 14,30, en la sala de audiencias sobre la calle Deán Funes.
Si es que el proceso puede iniciarse (a pesar de Bocos ya avisó que está con una dolencia y de que Cardozo cambió de defensor a último momento), se deberá dar lectura a la acusación fiscal.
Los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila ya han señalado en su pedido de elevación a juicio de la causa por Cobos que quienes llevaron a cabo el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 necesitaba reprimir a los trabajadores y sus organizaciones para imponer un modelo económico que beneficiara al capital financiero y a las grandes empresas.Es decir que el empresariado se valió de la estructura represiva para disciplinar a sus trabajadores.
Los fiscales afirmaron que en el caso de La Veloz del Norte, sus trabajadores “fueron víctimas del plan sistemático y generalizado de represión ilegal” que estaba dirigido “en particular contra aquellas fracciones más combativas de la clase obrera o que se alinearon con ellas”.
El Tribunal que juzgará a Levín estará integrado por los jueces titulares Federico Díaz y Marta Liliana Snopek y el juez subrogante Gabriel Casas.
Querellantes temen demoras en el juicio a Levín
Aunque el Tribunal Oral Federal de Salta (TOF Salta) ratificó su intención de comenzar el juicio contra el empresario Marcos Levín, acusado por la detención ilegal y las torturas que padeció el trabajador Víctor Cobos en tiempos de la última dictadura cívico militar, presentaciones de último momento de dos de los tres policías retirados que comparten acusación con el transportista motivaron preocupación en las querellas.
“Son las chicanas lógicas de los imputados”, sostuvo Cristina Cobos, hermana de la víctima, en referencia a un pedido del policía Víctor Hugo Bocos, quien presentó un certificado médico señalando su imposibilidad de estar presente el lunes, a las 14,30, para cuando se ha previsto la apertura de la audiencia en la sala de juicios del TOF, en la calle Deán Funes. Según el médico particular de Bocos, debe guardar reposo por 15 días. El TOF pidió otra opinión al Hospital San Bernardo pero no ha sido de gran ayuda porque recién podrían revisar a Bocos el 2 de septiembre.
Otro acusado, Enrique Víctor Cardozo, cambió de defensor pero su nuevo abogado aún no asumió esta función, lo que podría ser otro motivo de demora “intencional”, en opinión de Cristina Cobos, quien junto a su hermano Víctor y a Nora Leonard, familiar de víctimas del terrorismo estatal y miembro de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, se reunió con los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila.
Consultada sobre los planteos, la abogada querellante Susana Aramayo afirmó que los acusados tendrán que cumplir con la obligación de presentarse al debate.
La historia de los siete juicios por delitos de lesa humanidad realizados en la provincia muestra que los intentos de demora son lugar común en cada proceso. Y es de esperar que el lunes se produzcan otros planteos de las defensas, con las consiguientes respuestas de la Fiscalía y las querellas, a cargo de los abogados David Leiva, Aramayo, Grisel Mariela Kolbl y Oscar Rodríguez, en representación de Víctor Cobos y de la organización de derechos humanos Encuentro Memoria Verdad y Justicia, de Orán.
Levín, Bocos, Cardozo y Víctor Hugo Almirón, que fue jefe de la Comisaría Cuarta de esta ciudad, donde funcionó un centro clandestino de detención, están acusados por la detención ilegal y los tormentos aplicados a Cobos, entre el 22 de enero y el 19 de abril de 1977, época en la que era chofer de la firma La Veloz del Norte, por entonces de propiedad del empresario. Cobos integraba también la comisión directiva de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y había promovido reivindicaciones laborales.
Los policías llegan acusados de la autoría material. A Levín se lo acusa de instigar la detención y torturas a Cobos, integrante de una familia que sufrió persecución y violencia por su militancia peronista.
Junto a Cobos fueron detenidos otros 21 trabajadores, al menos 15 fueron torturados y obligados a firmar “confesiones” en las que se responsabilizaban por una inexistente estafa. Pero la justicia consideró delitos de lesa humanidad solo los perpetrados en perjuicio de Cobos. La acusación por los otros 15 detenidos espera una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Informe: Elena Corvalán
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