El jefe del Ejército, Carlos Presti, será el reemplazante de Luis Petri en lo que será la primera vez desde el retorno de la democracia que un militar ocupa ese cargo. Patricia Bullrich logró imponer a su número dos en Seguridad y Presti pasa de jefe del Ejército a ministro y lo coloca por encima de otros altos mandos, generando fricciones y polémica.
Los polémica que se desata en el ministerio que deja Preti no solo tiene implicancias institucionales sino de orden política. La conducción se deja con un obra social militar en crisis, bajos salarios, falta de recursos, lo que requiere una gestión política más que disciplina militar y además se corre el riesgo que se militarice la agenda de Defensa, priorizando jerarquía sobre negociación democrática.
La decisión de poner un militar en una institución política no surge de un consenso institucional, sino de la presión de Karina Milei, lo que muestra cómo la política interna del oficialismo influye en áreas sensibles.
El nombramiento de Presti refuerza el discurso de “orden y seguridad” del gobierno, alineado con la narrativa de Bullrich que busca proyectar autoridad y disciplina, pero a costa de tensar la frontera entre poder civil y militar.
Desde 1983, la conducción del Ministerio de Defensa fue civil, como garantía de subordinación militar al poder político. La designación de Carlos Alberto Presti rompe esa práctica y abre un debate sobre el equilibrio institucional.
Este gesto puede interpretarse como un retroceso simbólico en la consolidación democrática, porque devuelve a las Fuerzas Armadas un rol político directo.
El comunicado del gobierno destaca la designación del militar y lo describe como a «persona de intachable carrera militar que ha llegado al rango más alto de las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que Presti deberá afrontar una gestión política muy convulsionada en el área la crisis de la obra social, los bajos salarios y los reclamos constantes por la falta de recursos.
Esta designación tomada por algunos sectores como una maniobra política, realmente es la ruptura total de una tradición democrática de más de 40 años, donde Defensa era un ministerio civil en un ro manifiesto de redefinir el rol de las Fuerzas Armadas en la vida institucional argentina.
