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Niños wichis siguen muriendo en Salta

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La Mesa conformada por distintos organismos de Derechos Humanos de Salta pronunció ayer un reclamo al Estado nacional y provincial “para que la pandemia no se convierta en pretexto para el abandono de los pueblos originarios”. En lo que va del año ya van 13 muertes, y tres niños murieron en la última semana.


La Mesa por los Derechos Humanos de Salta sostienen: “Los pueblos originarios necesitan urgentemente soluciones de fondo, no parches y paliativos”.

Preocupados por la falta de soluciones a la crisis social y sanitaria en el Norte Provincial, situación que corre paralela a la pandemia por el coronavirus: “las muertes siguen y se suman a una larga lista que se acrecienta año tras año”, dijeron.

“Es una tragedia que no se remedia con llevarles un poco de agua y alimentos y hacer grandes anuncios de obras con la respectiva foto marketinera en el diario cada vez que estalla el escándalo porque los niños empiezan a morir”.

“Esas son medidas superficiales y absolutamente insuficientes porque no atacan el verdadero problema: la pobreza estructural en que están hundidas las comunidades originarias y que es producto de las políticas aplicadas por los gobiernos que no sólo las abandonaron sino que las desalojaron de sus tierras condenadas al hambre y a la muerte”, señalaron.

El mecanismo de los desmontes

Asimismo recuerdan sobre los desmontes a los gobernantes que “Salta es una de las tres provincias que histórica y sistemáticamente violaron los derechos indígenas y donde, según datos oficiales, se deforestaron entre 1998 y 2018 1.425.493 hectáreas”.

“Para hacerlo crearon un sistema de amenazas, persecución y represión. Los responsables son los sucesivos gobernantes que, en complicidad con terratenientes, empresarios y el aparato judicial y represivo conformaron un aceitado mecanismo para el despojo y usurpación de las tierras comunitarias”.

“Los mismos que permiten los desmontes ilegales practicados por la agroindustria que destruyen los bosques, que los dejan sin agua y alimentos, que transforman sus territorios en desiertos y causan desastres como las inundaciones que los pobladores del Chaco sufren año tras año”.

Un cuadro de genocidio

La Mesa por los Derechos Humanos de Salta, en el comunicado que hicieron público ayer, aseveran: “Estamos ante un cuadro de genocidio y los responsables son tan impunes que después salen en la televisión asegurando que “el dolor por los pobres niños” no los deja dormir”.

“Como el ex gobernador Urtubey, por ejemplo, quien autorizó la deforestación de zonas protegidas por la Ley de Bosques. Varias de las comunidades más castigadas viven en la zona desmontada en el marco de las “recategorizaciones” que él concedió a sus amiguitos, como Alejandro Peña Braun. Y, según informes de Nación, en los 32 predios “recategorizados”, entre 2009 y 2017se perdieron 44.767 hectáreas de bosque nativo.

“Mientras tanto, los niños siguen muriendo, siguen engrosando las estadísticas, y esta barbarie no se detendrá a menos que el actual Gobierno nacional y el provincial estén dispuestos a dejar de ser cómplices y socios de los empresarios capitalistas. Pero eso es algo que todavía está por verse”.

Piden soluciones de fondo

Luego de hacer incapié que los pueblos originarios necesitan urgentemente soluciones de fondo, “no parches y paliativos”, exigieron que se destinen todos los recursos necesarios, que se los provea de caminos y viviendas, escuelas y maestros, centros de salud bien equipados y médicos de todas las especialidades, alimentos y agua potable para el 100% de las comunidades.

  • “Que el Estado inmediatamente ponga fin a la represión y la violencia que se ejerce sobre ellos, con la complicidad de la “Justicia” y la policía, cuando se resisten a ser despojados de sus tierras por terratenientes y sojeros que los envenenan con agrotóxicos”.
  • “Que se ponga fin a los desmontes y a la violación de la Ley de Bosques que los priva de sus medios de supervivencia y los condena a perecer”.
  • “Que el Estado argentino ponga fin a siglos de violencia y abandono y cumpla con su obligación de garantizar y proteger los derechos humanos de los pueblos originarios”, concluyeron.

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