Miguel Gentil, principal imputado en el juicio por el asesinato del periodista Luciano Jaime, ocurrido en febrero de 1975, fue sido designado como jefe de la Policía de la Provincia por el interventor federal peronista en Salta, Alejandro Mosquera, enviado por la entonces presidenta María Estela Martínez, viuda del general Perón. Junto al entonces director de Seguridad de Seguridad de la Policía de la Provincia, Joaquín Guil, y otros miembros de las fuerzas de seguridad, Gentil está siendo juzgado en Salta por asesinatos cometidos en 1975 y 1976, antes y después del golpe militar que derrocó a Martínez de Perón.
En enero de 1975 Jaime –periodista del diario El Intransigente- escribió la crónica de la primera muerte que se cobraba la violencia política en Salta: el asesinato, con una escopeta Itaka, del militante peronista Eduardo Fronda.
En un recuadro, el periodista consignó que “la policía trabaja intensamente para esclarecer el caso, que conmovió a la población por tratarse del primero en su tipo en nuestro medio”
Pero en su nota central, Jaime describió con minuciosos detalles cómo se había encontrado el cuerpo de Fronda en el paraje Lesser, con signos de tortura. Y remató con una sentencia, que ahora resuena fuerte en la sala donde están siendo juzgados Gentil y Guil.
“Ya en las últimas horas de la tarde, se conocía extraoficialmente que se trataba de Eduardo Fronda, de 25 años, que era buscado por la policía por estar vinculado a organizaciones extremistas”, señalando así de quién la víctima se había convertido en objetivo.
Jaime desapareció un mes después, en la noche del 12 de febrero de 1975, después de salir del diario, en la calle Mitre, a sólo dos cuadras de la Central de Policía. Su cuerpo fue encontrado días más tarde, dinamitado, en el paraje El Encón, a pocos kilómetros de la capital.
El periodista fue asesinado a sólo tres meses de producida la intervención federal dispuesta por la entonces presidenta Martínez de Perón, quien designó al dirigente peronista cordobés, Alejandro Mosquera, como su delegado.
Entre sus primeras medidas, Mosquera nombró a Gentil –entonces segundo jefe de la Guarnición Ejército Salta- como jefe de la Policía y a Guil, como Director de Seguridad.
Gentil y Guil ya han sido condenados a prisión perpetua por el secuestro y asesinato del ex gobernador Miguel Ragone, ocurridos en marzo de 1976, pocos días antes del golpe, y cuando aún revistaban el cargo en el que habían sido designados por el peronista Mosquera.
El entonces enviado de Martínez de Perón ya tuvo que declarar en el juicio por Ragone, el año pasado. Allí el interventor que designó al teniente coronel Gentil como jefe de la Policía, señaló que la “triple A” era sólo un nombre de fantasía” y que en realidad designaba a las Fuerzas Armadas”.
Mosquera no fue juzgado en esa causa, en la que prevaleció la idea de que en realidad no hubo responsabilidad de la dirigencia peronista opositora a Ragone. En ese juicio también fue condenado el entonces jefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Mulhal.
Ahora Gentil y Guil tendrán que responder también por el asesinato de cuatro jóvenes ocurrido en abril de 1975, en la localidad de Rosario de Lerma. En el juicio por Ragone, el interventor federal peronista, Alejandro Mosquera, intentó también desligarse de ese hecho, asegurando que su designado Gentil le había comentado que eran “terroristas”.
La responsabilidad de un interventor peronista en la designación, durante el gobierno de Isabelita, de dos represores ya condenados por crímenes de lesa humanidad, se vuelve significativa en momentos en que el gobierno nacional, a través de los medios públicos, insiste sobre la responsabilidad cívico militar de la represión.
Sin embargo, la agencia estatal Telam y otros medios públicos han silenciado que los represores Guil y Gentil fueron designados por funcionarios civiles. En dos cables en los que anunció el inicio del mega juicio por crímenes de lesa humanidad, la agencia estatal omitió incluso informar cuándo habían sucedido los crímenes de Fronda y del periodista Jaime, dando a entender que se habían cometido después del golpe de marzo de 1976.
Pero el redactor de policiales fue dinamitado poco después de responsabilizar a las fuerzas de seguridad de la intervención por el primer caso de asesinato político en Salta durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.
- Andrés Gauffin
Periodista
