Los viejos vicios de la política salteña parecen consolidarse con el nuevo gobierno. Disimulados durante la bonanza financiera -que entre otros efectos fortaleció el poder kirchnerista hasta erigirlo en tiranía- la crisis ha comenzado a desnudarlos y el singular perfil del primer mandatario es insuficiente para contener las quejas que se han multiplicado en toda la geografía provincial.
Cortes de ruta en los departamentos San Martín y General Güemes, marchas en contra de los modelos de gestión hospitalaria, movilizaciones en repudio al incremento de la tarifa de transporte urbano -y su parodia de audiencia pública- y la amenaza de un nuevo paro de los docentes autoconvocados son solo algunos de los focos de conflicto.
El relajamiento de ciudadanos confundidos contribuye a que en estos tiempos
políticos se sigan dilapidando oportunidades de reconstrucción institucional y
redistribución de esfuerzos y beneficios. El 40% de los salteños que se encuentra sumergido en la pobreza y se aflige a diario por el pan que llevará a su mesa, no tiene tiempo para reparar en las sutilezas de una democracia engañosa.
Frente a una debacle financiera con pocos precedentes en el mundo, lo institucional ha pasado a segundo plano en estas tierras. La conformación de una Corte de Justicia adicta, un parlamento que no distingue entre bancas oficialistas y opositoras y la ociosidad de los órganos de control, pintan un panorama sombrío. La estrategia urtubeysta es clara y se asienta sobre el disimulo mediático y la obsecuencia funcional.
El desastre ha impuesto a casi todos los estados del mundo el sesgo intervencionista que ayude a atenuar las secuelas que, sin excepción territorial, tienden a engrosar el estamento socio-económico más bajo. Sucede que son los pobres y los desempleados los que se multiplican cuando la ecuación económica del sector privado no cierra.
Por ello, ningún gobierno en el orbe se atrevió a incrementar la presión tributaria como se intenta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la Ciudad de Salta. En la capital un vecino debió tolerar en el 2007 no solamente el efecto inflacionario sino el incremento de las tarifas de agua, luz y la Tasa General de Inmuebles.
Quienes pregonan la eficiencia de gestión sobre la base del incremento de impuestos y tarifas contribuyen al divorcio del estado municipal capitalino con sus vecinos.
Es evidente que éstos necesitan que el precio del boleto urbano se mantenga y no que se aumenten los tributos para financiar la puesta en marcha de un proyecto que nada tiene que envidiarle en estos tiempos al “tren bala” de Cristina Fernández. Presos aún de las sospechas por haber incurrido en fraude para construir el Centro Cívico, Miguel Isa y Raúl Kalisnky parecen decididos a que un servicio turístico atraviese la ciudad.
Los negociados de la Intendencia salteña relucen en cada contratación. En la Corte de Justicia todavía duerme el amparo que presentaron CODELCO y la RED SOL, entidades que sostuvieron hace casi un año que existía un doble cobro por la reposición de luminarias de considerarse que la Tasa General de Inmuebles y la tarifa que se cobra por un contrato adicional con LUSAL tienen idéntico hecho imponible. El socio político de Isa –Juan Manuel Urtubey– lo consideró inconveniente apenas asumió, rescindiéndole el convenio respecto de la Provincia. En la capital, la impunidad parece ganar terreno a pasos agigantados y en los tribunales la verdad se demora de manera intencionada.
Juan Manuel Urtubey se ha quedado sin herramientas para paliar el desfasaje económico. Plegado a la hibridez de Cristina Fernández de Kirchner, solamente atinó a restringir el desmesurado gasto público que involucró viajes al exterior injustificables -y estériles- y una corte de asesores que impúdicamente equipara sus ingresos con quienes tienen la efectiva responsabilidad y representación del Estado Provincial. Silvia Miranda, Nicolás Juárez Campos y Liliana Mazzone son los nombres más notorios entre un millar de punteros y pseudo dirigentes que gustan de pregonar la redistribución equitativa mientras manosean las partidas presupuestarias. La renuncia a repugnantes privilegios no pasa por sus cabezas y algunos de ellos gustan de acercarse a los micrófonos pagos y hasta planifican sus candidaturas del año venidero.
Nadie se anima a cuestionar los groseros errores de la UNIREN y la reformulación de contratos que, por imperio de los acuerdos de trastienda, ha dado continuidad a los contratos que hace un año eran tachados de ilegales y hasta corruptos. Millones de pesos se han perdido por la sospechosa flexibilidad de los operadores. Investigar su derrotero implicaría dirigir el reproche al mandatario y a un alfil –Emilio Rodríguez Tuñón– que se apresta a asumir como miembro del Ente Regulador de los Servicios Públicos.
Las arcas del Estado se muestran exhaustas y extrañan los aportes del tesoro
nacional que construyeron el poder kirchnerista. Si en diciembre de 2007 se inauguró un período magro por las improvisaciones, ahora no existe presupuesto para instrumentar proyectos lúcidos por más austeros que fuesen. En un reportaje televisivo el gobernador justificó las negligencias en la crisis internacional, el conflicto con el sector agropecuario y las inundaciones en el norte. A su criterio, estos episodios configuraron los mayores obstáculos para el cambio anunciado en la última campaña.
No obstante, no ha explicado las razones por las que se frustró el rescate de los bonos hidrocarburíferos a pesar de la sobreactuación de su misión a EE.UU., o polémicas decisiones que involucraron dar continuidad a los convenios por cifras siderales que benefician a Aguas de Salta S.A., La Plumada S.A., Fundación Argentina Santa Tecla y las empresas del millonario enfermero Eduardo Abel Ramos. Ni que hablar de su aval para que el polémico Gustavo Ferraris continuara en el tribunal superior de justicia. Al igual que Juan Carlos Romero, esta semana extendió la vigencia temporal de la emergencia económica que castiga al particular en la inteligencia que el Estado Provincial, por torpes que fueren sus representantes, debe sobrevivir.
