El abogado querellante Carlos Saravia pidió en la audiencia del 5 de noviembre condenas de prisión o reclusión perpetua, en cárcel común, para los represores Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray, a los que consideró responsables de los delitos de “privación ilegal de la libertad con aplicación de tormentos en concurso real con homicidio calificado por alevosía”, por el asesinato del militante peronista Eduardo Fronda, cometido en Salta el 8 de enero de 1975.
De esta manera comenzaron los sucesivamente pospuestos alegatos en el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta provincia desde mayo del año pasado y en el que se juzga a 17 hombres, por delitos cometidos entre enero de 1975 y marzo de 1978. Saravia habló luego de que se escuchara la última declaración indagatoria, del civil Juan Manuel Ovalle, que es juzgado en relación al secuestro y desaparición de la docente Silvia Aramayo.
Saravia, que representa a los hermanos de Fronda, consideró probado que el joven fue detenido el 4 de enero de 1975. Se basó para ello en el testimonio de Humberto Fronda, policía, hermano de Eduardo, y en las publicaciones periodísticas de la época, que dan cuenta de operativos policiales llevados a cabo en los barrios Villa Primavera y Villa 20 de Junio, lugares de “residencia alternativa” del joven que militaba en el Frente Revolucionario Peronista (FRP) y en 1973 había acompañado la candidatura a gobernador de Miguel Ragone.
El letrado describió el derrotero al que fue sometido Fronda: primero en la Central de Policía, donde “estuvo 3 días y medio” y donde fue visto por el periodista Luciano Jaime (cuyo secuestro y asesinato, en febrero de 1975, también es objeto de este proceso); luego fue llevado a la Delegación de la Federal, donde fue sometido a torturas, posteriormente “por lo menos 6 o 7 personas” lo acribillaron a balazos y lo abandonaron en el camino a Lesser, cerca de la entrada al paraje Buena Vista, que pertenece a tierras del Ejército.
El abogado recordó que la ex presa política Mirta Torres contó que otra detenida, Virginia Guzmán, fue obligada a presenciar la tortura a Fronda, aplicada por el jefe de Federal en Salta, el comisario Federico Livy (fallecido) y Alzugaray. Sostuvo que el joven fue torturado para que diera información sobre Alfredo Mattioli, los hermanos Estopiñán y Ricardo Tapia, militantes del FRP y de su brazo armado, el Ejército de Liberación del Norte (ELN) luego renombrado Ejército de Liberación Nacional (ELN), y que eran buscados por las fuerzas de seguridad. “Está claro que los verdugos cumplieron su objetivo”, añadió, refiriéndose a que en abril de 1975 estos últimos cuatro fueron asesinados por la Policía de Salta en Rosario de Lerma, un hecho que también es objeto de este juicio.
Saravia afirmó que ya durante el “gobierno constitucional de Isabel Perón, (existía) un plan sistemático de eliminación de opositores políticos” y que, en ese marco, Fronda fue “víctima de un atentado de fuerzas de seguridad”. Recordó que el jefe de la Policía Federal, Alberto Villar, y el subjefe, Luis Margaride, mantenían una “estrecha relación con José López Rega”, con el que integraban la organización paramilitar Triple A.
Dijo que en Salta la persecución política se hizo notar tras la intervención al gobierno de Ragone, en noviembre de 1974, que en ese lapso antes del golpe la Policía de la provincia estaba subordinada a la Federal y que el Ejército colaboraba aportando información de inteligencia.
En enero de 1975 Guil era jefe de Seguridad de la Policía de la provincia, era el hombre fuerte de la represión. Alzugaray, por su parte, “integraba la cúpula de la Delegación Salta de la Policía Federal”, que realizaba sus operativos con ayuda de la Policía salteña.
El juicio seguirá el próximo 11 de noviembre, con los alegatos de los otros querellantes.
El verdugo
El abogado Carlos Saravia señaló el martes 5 de noviembre que al ex comisario general Joaquín Guil (ya convicto) como la figura central de la represión previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. “Él comandaba. Era el jefe de la Policía, más que (Miguel) Gentil (que era el jefe), más que (Virtom) Mendíaz (que era el subjefe)”, afirmó.
“Joaquín Guil no es un improvisado dentro del marco de la represión en Salta”, afirmó. Y enumeró: en 1965, cuando la visita de los reyes de Bélgica, ya estaba en el área de Contralor Político de la Policía y fue el encargado de detener a Juan Carlos Salomón, Armando Jaime y Julio José Suárez. En 1973 fue detenido junto a otros jefes policiales por apremios ilegales a militantes peronistas, fue acusado de haber realizado 52 allanamientos en la casa de la dirigente peronista Hortensia Porcel. Posteriormente “las presiones de la derecha peronista llevaron a que fueran reincorporados” los comisarios cesanteados y Guil volvió a la represión tras la caída del gobierno de Ragone. “Él dirigía Control Policial, él dirigía la inteligencia policial. El día 24 de marzo de 1976 fue el que allanó la sede de la CGT destruyendo con una Itaka los retratos de Perón y Evita”, afirmó el abogado.
Sobre el cierre de su alegato ratificó que “esa organización delictiva que había invadido y contaminado al Estado tenía la figura sobresaliente del señor Joaquín Guil. Él fue el verdugo, él fue el que decidió sobre la vida y el honor de cada uno, él fue el que optó por tener ese rol de asesino, de cómplice de asesinatos o de intermediario entre la vida y la muerte”.
Ovalle: “No tengo ningún nexo con la Policía”
El último imputado en declarar ante el Tribunal Oral Federal de Salta, Juan Manuel Ovalle, negó el martes 5 de noviembre responsabilidad sobre el secuestro y la desaparición de la docente Silvia Aramayo. Asimismo, dijo que era de confianza del desaparecido gobernador Miguel Ragone, y que en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), donde está sospechado de haber realizado inteligencia, era “un estudiante vulgar y corriente” que aprobó 18 materias en dos años.
“No tengo absolutamente nada que ver ni con la Policía ni con Gendarmería”, “ningún contacto, ningún nexo con la Policía”, aseguró Ovalle, quien se presentó ante los jueces con una caja en la que guardaba, dijo, 10 carpetas, producto de una investigación sobre la Universidad Nacional de Salta que puso a disposición del Tribunal.
La madre de Aramayo, Brunilda Rojas, sostiene que Ovalle integró el grupo de tareas que secuestró a la joven la madrugada del 25 de septiembre de 1976. Dijo que lo reconoció porque era amigo de su hija y que había ido varias veces a cenar a su casa. La sospecha que mantiene la acusación es que hacía tareas de inteligencia y que aportó los datos para que Aramayo fuera blanco de la represión.
El señalado negó todo, y solo concedió haber conocido a la docente en la Universidad, que la llevaba a su casa (junto a otros docentes y estudiantes) y que había conocido a su madre en la vereda.
En una declaración nerviosa, que fue definitivamente interrumpida por un acceso de tos (cuando comenzaba a interrogarlo el fiscal Ricardo Toranzos), Ovalle aclaró la relación que lo unía con su medio hermano, el comisario Abel Vicente Murúa (acusado por delitos de lesa humanidad, fallecido) y contó su trayectoria laboral y su militancia sindical y política. “Yo he luchado siempre por el estado de derecho, por la democracia y por la vuelta del general Perón”, insistió y lamentó que “durante diez años”, desde que fue imputado, soportó “una persecución mediática y jurídica” que trastornó su vida.
Para contrarrestar los testimonios que ponen en duda su militancia en el PJ, incluido el del ex intendente de Salta, Gerardo Bavio, que contó que el propio Ragone le advirtió que se cuidara de él, Ovalle insistió en que conocía a Ragone desde chico, porque “era asiduo concurrente” a su casa”, y que el mismo gobernador lo convocó para que colaborara con la campaña para el regreso de Perón, por lo que estuvo en un acto con el ex presidente (entonces delegado de Perón) Héctor Cámpora.
“Tengo relación política con el doctor Ragone desde la época en que yo era sindicalista (en la municipalidad de Salta), en el año 64”, sostuvo antes de afirmar: “Participé en superficie, señor presidente, haciendo política”, y reiterar que tiene “tres fotos públicas al lado del doctor Cámpora. Lo digo porque a mí la acusación dentro de la causa me hace aparecer como un colado dentro del peronismo”.
- Informe Elena Corvalán, periodista
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